kathe Martínez y las violencias que dejamos pasar.

Kathe Martínez, recientemente conocida por medio de un video que circula en las redes sociales en donde se registra un hecho ocurrido en una estación de Policía de la ciudad de Cali, es una víctima de violencia de género.

La información y el registro de los hechos en el video dan cuenta sobre traslado de Kathe Martínez a la estación de Policía producto de un procedimiento nocturno, y quien se encontraba, tal como se puede deducir igualmente en el video, en un elevado estado de alicoramiento.

Allí, en presencia de la autoridad que asume posición de garante, al menos en el deber ser, es incitada a quitarse la ropa y bailar mientras está esposada a una ventana, para disfrute de los agentes del orden y otros hombres que se encontraban retenidos en el lugar y quienes acompañaban con gritos y expresiones cada acción de la mujer.

La escena ya en esencia degradante, para lo cual me tomaré las siguientes líneas, fue luego justificada por el supuesto “oficio” de Kathe Martínez a partir otro video en el que se encuentra bailando con poca ropa al interior de un establecimiento nocturno, y que por lo tanto esto no es más que un intento por llamar la atención y lograr fama, incluso para favorecer el mencionado “oficio”.

No es el objetivo de esta entrada abordar el debate sobre si las actividades de contenido sexual a cambio de dinero son o no consideradas un trabajo, lo que actualmente se encuentra en pleno debate entre abolicionistas y reglamentaristas a raíz de una serie de fallos de altas Cortes. Lo que pretendo  plantear es por qué este acto ocurrido en una estación de Policía constituye una violencia basada en género.

Para el fin propuesto me fundamento en la revisión de algunos factores  que procedo de manera sencilla a plantear a continuación, y que solamente buscan exponer la forma en que hemos normalizado la violencia contra la mujer, al punto de justificarla, ignorando elementos contundentes en hechos como el que motiva estas palabras.

Lo primero a lo que quiero hacer mención, y que se debe leer de manera transversal a los demás factores, es el hecho de ocurrir con ocasión y en el contexto de una cosificación del cuerpo de la mujer para el goce y diversión de un grupo de hombres. Esto no dirá mucho para quienes aún encuentran el hecho justificado y sin importancia, y por ello procedo a presentar los otros elementos que encuentro relevantes.

1. El estado de alicoramiento. Se trató de una persona, en este caso mujer, que se encontraba con la alteración de sus sentidos producto del consumo de licor en esa noche. Alteración que podría nublar la autonomía, esta última entendida como un derecho garantía consistente en la capacidad de reflexionar sobre los actos y tener la garantía de exteriorizar las decisiones, y por lo tanto configurando el abuso de una condición de vulnerabilidad por parte de quienes incitaron los hechos bajo discusión.

2. Abuso de poder. No solamente los hechos ocurrieron en un entorno dominado por hombres (policías y detenidos), sino que además se trataba de un espacio dominado por hombres con figura de poder y autoridad, los cuales además de estar armados, por su naturaleza misma se encuentran frente a civiles en una relación inequitativa de poder en desventaja de éstos últimos.

3. El uso de la fuerza/violencia. La violencia y la fuerza se configuran por el hecho de encontrarse esposada a una reja limitando la movilidad que en lectura conjunta con los demás elementos se entiende como una coacción para lograr un cometido dentro del contexto y la situación aquí referida.

En este sentido, se está frente a una situación en la que se obtuvo provecho de una situación de vulnerabilidad producto del alicoramiento de la mujer,  por quienes se encontraban en relación de poder y autoridad de ésta y ejerciendo una coacción materializada a través de unas esposas que la tuvieron en condición de sumisión, a fin de lograr un espectáculo basado en la cosificación del cuerpo femenino destinado a conseguir placer de hombres, desconociendo precisamente el deber de protección y garantía de derechos, especialmente de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Será competencia de las autoridades determinar las responsabilidades penales y disciplinarias por estos hechos si a bien lo tienen, pero desde una perspectiva ética y hasta política, no podemos desconocer que con estos elementos los hechos descritos permiten concluir que fue un acto de agresión a la dignidad y una violencia basada en género el cual demanda de la sociedad el mayor rechazo y no ser minimizado. De hacerlo, seguiremos perpetuando la violencia basada en género en sus formas más atroces, en el mismo discurso que sigue sin condenar la trata de personas.

Quiero creer. Sobre el plebiscito y el futuro nacional

Los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre han dado lugar a una serie de análisis y comentarios sobre el futuro de las negociaciones con las FARC, la legitimidad del gobierno nacional, el papel del uribismo luego del triunfo del No que lideraron, e incluso sobre el histórico problema de la abstención en Colombia que ha revivido el debate en torno a la obligatoriedad del voto.

En principio debo decir que siempre me incliné por la postura que desde una perspectiva pragmática sostenía que la refrendación jurídicamente no era necesaria, si bien muchos, incluso del sector del Sí, manifestaron que era una forma de garantizar legitimidad para su sostenibilidad en la implementación, lo cierto es que constitucionalmente el presidente tiene la facultad de firmar ese tipo de acuerdos y no haber esperado que en un país con tan poca solidez en materia de comportamiento democrático, fuera quien decidiera si terminaba la guerra al menos con uno de los actores.

Y es precisamente el fruto de años de odio, rencor y politiquería mediocre que pesaron mucho en el resultado del plebiscito. De un lado, dejamos unos acuerdos técnicos - tal vez demasiado - imperfectos pero integrales, en manos de una clase política rancia y desprestigiada a nivel nacional, alejada de las regiones, mientras muchos de quienes lideraron el No se aprovecharon de las emociones colectivas como el temor y el rencor, así como de la desinformación, para lograr muchos de los adeptos que llevaron al  ligero ´triunfo´  del pasado domingo.

Es un ligero triunfo, incluso si hubiera sido a la inversa, pues realmente estamos hablando de una quinta parte del censo electoral que apoyaron el Sí, y otro tanto el No. Es cierto que por reglas de mayoría hablamos de un triunfo, pero uno al que debemos agregarle el interrogante sobre no solamente la fractura nacional, sino el que un  poco más del 60% decidieron no participar del proceso, bien por apatía, ya sea desinformación, o simplemente la desconfianza y desesperanza heredada, que en cualquier caso debe ser un motivo de preocupación.

Ahora bien, es posible que en realidad nos enfrentemos en este momento a una posibilidad de construir mayor consenso sobre los acuerdos, incluir las voces de otras fuerzas sociales e incluso de voces regionales, y lo cierto es que tal vez nos podamos aproximar incluso a una sociedad civil que presione por sostener el esfuerzo que con gallardía los equipos negociadores llevaron durante estos años y que las cifras sobre el conflicto lo demuestran. Tenemos la oportunidad de aprender de la lección de la grandeza de la población de Bojayá y Jambaló, así como trabajar más por zonas como Norte de Santander para una pedagogía de reconciliación. Quiero creer que esta es la oportunidad que se nos acaba de abrir.

Lamentablemente me resulta difícil, especialmente cuando hacemos recuento de los argumentos de quienes lideraron el No, quienes se basaron en exasperar emociones como el temor, el rencor, el odio; se basaron en mentiras, falacias y argumentos del hombre de paja, como afirmar que las tierras serían entregadas a la guerrilla, o que se sustituiría el orden constitucional, lo cual se desvirtúa con el acogimiento al fallo de la Corte Constitucional; incluyeron en las discusiones temas de familia y género que no tenían lugar en el debate, especialmente porque en el acuerdo nada se sustituía a la familia; han reconocido que no tiene propuestas claras para renegociar, y lo poco propuesta o es igual a lo acordado, o incluso llega a desmejorar lo contenido, como por ejemplo en el tema de amnistía a guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad o graves, lo cual se encuentra en el punto 40, página 136 del acuerdo, pero que además se acompañaba de las condiciones para garantizar el equilibrio de la ecuación entre justicia, verdad y reparación, las penas alternativas y las medidas de restricción de la libertad y todo un modelo y programa basado en justicia restaurativa y que además garantizaba la sostenibilidad de quienes dejaban las armas en la vida civil como mecanismo que desincentivara la reincidencia.

Esto solamente me pone en el dilema sobre el querer creer, y la evidencia que me muestra la existencia de intenciones de revanchismo, ambición de poder, y desprecio por las víctimas.

Es un atributo asociado a la racionalidad humana aprovechar las adversidades o tiempos de crisis y transformarlos en oportunidades. Quiero creer que esta es uno de esos momentos históricos en los que podremos levantar la frente como humanidad. Quiero creer.  

Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Crimen y ¿castigo? El reto más allá de la represión punitiva.

La propensión y la exposición criminógena son factores dentro de la denominada teoría de la acción situacional que pretenden explicar las motivaciones que tienen ciertos individuos para entrar en situaciones criminales, esto es, responder a la pregunta del por qué la gente delinque.

En breves palabras se puede afirmar con base en ella que existen factores intrínsecos al individuo que tienen que ver con sus habilidades para enfrentar la oportunidad de cometer un delito y que se construyen a lo largo del ciclo de vida del sujeto, incluso desde la gestación, e involucran factores de crianza y de calidad del servicio educativo; del mismo modo existe otros factores externos al individuo que tienen que ver con el ambiente físico y social en el que se desenvuelve, de manera que la interacción social y las situaciones de segregación, abandono y vulnerabilidad influyen en la decisión delictiva de una persona.

Hace un par de semanas los medios de comunicación informaban sobre la captura en Cali de alias Chinga Harry de 22 años, conocido también como el “terror de Floralia” (barrio de esa ciudad), a quien se le acusa de unos 50 homicidios entre otros delitos y que se afirma comenzó su vida criminal desde los 12 años de edad.

En Brasil el Observatorio de Favelas publicó un informe basado en la encuesta a miembros de facciones criminales en el que el 67% de los participantes tenían entre los 16 y 18 años y más de la mitad había comenzado su actividad criminal antes de los 15 años. El factor común en ellos era el origen de zonas vulnerables de la ciudad, con deficiencias educativas y pocas oportunidades laborales, además provenientes de familias disfuncionales.

La situación en Colombia, además de las necesidades de fortalecimiento de la Justicia para evitar la impunidad y que las penas cumplan su función disuasiva, requiere que se asuma una concepción de seguridad ciudadana como una política pública de desarrollo de individuos y familias que logren prevenir la situación criminal de cientos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Combatir el crimen desde un enfoque preventivo, no solamente tendrá un efecto a largo plazo en la criminalidad, sino en situaciones de hacinamiento carcelario e incluso en el desarrollo de las ciudades, especialmente de las receptoras de población víctima del conflicto armado y que se espera que además sean los escenarios de reinserción en el post-acuerdo con las FARC y los eventuales acuerdos que se logren con otros grupos.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero no solamente desde el fortalecimiento de la justicia a través de sanciones ejemplares, sino con la intervención directa y coordinada de escenarios de exposición criminógena que generen oportunidades, plenos derechos de salud, educación y esparcimiento para sus habitantes. De la misma manera la empresa privada debe asumir con claridad que en sus manos se encuentra la posibilidad de ofrecer opciones de vida dentro de la legalidad, con garantías laborales y de inclusión para poblaciones vulnerables, y no solamente clamar mayor policía para la seguridad de sus bienes.

No se trata  de reducir ni justificar la criminalidad por factores de vulnerabilidad, pues casos como el de los Nule, por mencionar algunos, evidencian que no solamente se delinque por necesidad; tampoco se pretende  criminalizar la vulnerabilidad al afirmar que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Por el contrario se propone una visión amplia de la seguridad desde la prevención temprana que evite, junto con otras medidas, el crecimiento de la delincuencia que es aprovechada por muchas redes de crimen organizado para reclutar niños, niñas y adolescentes para su lucro.

Un Estado que intervenga de manera temprana ambientes sociales, familiares y físicos, más allá de medidas represivas, sino con una lectura profunda y contundente sobre la propensión y la exposición criminógena, logrará prevenir el delito, mayor confianza en las instituciones y mejor calidad de vida de sus asociados.

De esta manera, con la articulación de medidas disuasivas de la Justicia, pero con medidas preventivas desde la intervención temprana en la población más vulnerable, evitaremos noticias con historias de vida como la de alias Chinga Harry, que tal vez en otro escenario social, familiar y personal, no habría tomado la decisión de forjar su vida en el crimen, pero que el Estado tampoco le abrió otros escenarios distintos que le permitieran construir un proyecto de vida diferente al que hoy lo tiene en los medios locales.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.