POR LA DEFENSA DEL ESTADO, PERO EL DE DERECHO

"No todo Estado, es un Estado de Derecho"

Elías Díaz

En su columna de El Tiempo, José Obdulio Gaviria cataloga al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su exministro Fernando Londoño Hoyos, como doctrinantes de la defensa del Estado contra los terroristas (Lea la columna). Entre el asco y el desconcierto por una serie de afirmaciones delirantes que componen el texto, me quedó sonando esa afirmación y me pregunté, ¿de qué tipo de Estado habla Obdulio?

No tardé mucho en concluir que definitivamente no se trata de un Estado de Derecho, ni mucho menos, al ir más allá, del rechazo a todo tipo de terrorismo.

Elías Díaz nos enseña que, en efecto, no todo Estado es un Estado de derecho. Para serlo debe cumplir con cuatro características o requisitos, si se quiere, de carácter mínimo e indispensable que lo contraponen a cualquier otra forma de Estado, es decir, uno totalitario.

La primera de ellas es el imperio de la ley, esto es, un Estado sometido a las leyes producto de consensos y controles judiciales y no a la voluntad caprichosa de un hombre. Pero también, y más importante aún, es el sometimiento a la Constitución como texto jurídico y norma de normas cuya perdurabilidad en el tiempo no sea amenazada por caprichos ni beneficios con nombres propios de gobernantes de turno.

La división o separación de poderes, como segunda característica o requisito, evita la concentración del poder en una sola cabeza o rama, de forma tal que basado en un sistema de pesos y contrapesos, los poderes se equilibren para evitar el totalitarismo y el desborde de facultades. Así por ejemplo, las leyes se someten a controles constitucionales por un órgano jurisdiccional, pero de igual forma el ejecutivo se somete a controles políticos por parte del Congreso.

El tercero de estos requisitos, denominado la legalidad de la administración, concretamente somete a la administración pública al control de legalidad de sus actuaciones, sin importar que tan “loable” sea su intención, mientras el orden jurídico y constitucional no lo permita, la administración no tiene por permitido ni licito realizar dichas conductas, ni siquiera intervenir teléfonos de quienes, a su juicio, son una amenaza para la Nación.

Finalmente, y no menos importante, tal vez por el contrario, de una relevancia notoria, se encuentra consagración de derechos fundamentales y sus correspondientes garantías y mecanismos de defensa legal y constitucional.

Lo que nos dice el profesor de filosofía, es que no basta con que exista un orden jurídico, pues difícilmente es concebible un Estado sin normas, sino que sus normas y actuaciones estén dentro de un marco de sometimiento a procedimientos y garantías como mínimos que lo configuren como un Estado de derecho, donde los derechos humanos sean su razón de ser.

Vale entonces revisar 8 años de mandato del Doctor Uribe para preguntarse si en realidad es un defensor de un Estado de derecho. Si su modelo de Estado, ese que dice defender contra el terrorismo, cumple con un sometimiento a la ley, de una administración en el marco de la legalidad, respeto por la separación de poderes y la garantía por los derechos fundamentales.

Incesantes ataques a las Cortes, funcionarios procesados y algunos condenados por corrupción, intervenciones ilegales, ataques verbales a los defensores de derechos humanos, periodistas y oposición en general, son evidencias de una ausencia total de los elementos que configuran un Estado como de derecho.

La doctrina que profesa el uribismo es sin duda la del falseamiento o huida de la Constitución, usando expresiones del profesor Miguel Revenga, donde los límites al poder son desplazados o acumulados, la Constitución se convierte en un documento formal meramente maleable y su garantismo reducido. El Estado que se dice defender, no sería otro distinto al que el mismo exmandatario ha bautizado como Estado de opinión.

PS. El peligro de este Estado defendido por el uribismo, se concentra en la llamada a una Constituyente invocando el poder soberano de "mayorías". Que no se olvide que ese constituyente como fuerza no limitada por estos requisitos mencionados, ni en poder ni responsabilidad, es una dinamita al Estado Constitucional de Derecho.

EL VALLE: Elecciones o región atípica?

Mi reflexión sobre las elecciones atípicas.

Las elecciones atípicas para gobernador del Valle del Cauca celebradas el pasado domingo 01 de julio, dejan mucho que pensar acerca de la situación de la región.

La contienda se caracterizó por la falta de debate y espacios de interacción entre los candidatos y entre estos y los ciudadanos, bien sea por motivos de tiempo o por el empeño más de maquinarias por consecución de votos antes que de debatir ideas y programas.

De otro lado, las dudas e intrigas que rodearon estas elecciones, parecían no tener fin. Un candidato apoyado por Juan Carlos Martínez, de forma abierta, y los rumores de los apoyos subterráneos, tanto a Ubeimar Delgado como al mismo voto en blanco (Lea el artículo en La Silla Vacía) por parte del mismo ex senador.

Al final, un gobernador electo con algo menos del 20% del caudal electoral, es decir, más del 80% de abstención en una región con 3 gobernadores destituidos, crisis social y presupuestal (el departamento se encuentra sometido a ley 550) con riesgo de disminución de categoría, rodeado de mafias y corrupción.

Un gobernador electo cuya competencia era, por un lado, el candidato del MIO, desconocido para la región pero apoyado por fuerzas de no muy buena reputación, y de otro, un candidato del Polo Democrático que, no sobra decir,  era el único con formación profesional para asumir las riendas del departamento, pero sin maquinaria ni tiempo para proyectarse en la contienda.

Un gobernador electo cuya caracterización, en palabras del periódico El País de Cali es de un hombre “católico practicante, un hombre profundamente devoto que reza todos los días, que lleva en su cuello un escapulario, tiene un Cristo que domina la entrada de su apartamento y va cada ocho días a misa. Vive muy cerca del Santuario de la Virgen de Fátima en el barrio Granada, al norte de Cali.” (Lea Quien es Ubeimar Delgado, el nuevo Gobernador del Valle) pero sin ninguna referencia profesional, más allá de un recorrido por cargos de elección popular como concejal y congresista, que fue apoyado por esa fuerza llamada Unidad Nacional, que no pasa de ser una fiesta swinger de partidos y burocracia con fines electorales, liderada por Dilian Francisca Toro y Roy Barreras.

Una Unidad Nacional que en la región no logró convocar a más del 20% de caudal electoral y que se mostro en varios puestos de votación, especialmente de la capital vallecaucana, como contendor del voto en blanco, cuyo total fue de 132.906 (En Cali fue de 80.765 votos, 10.000 menos que el gobernador electo) y que, si bien no logró su cometido de convocar nuevas elecciones (para lo cual requería de mayoría absoluta), está siendo interpretado como un primer paso de indignación de una región somnolienta y caracterizada por el letargo político perpetuado por las tradicionales élites económicas y politiqueras, sin mencionar las “élites” de la mafia que han capturado las instituciones.

Lo que al final queda de toda esta experiencia “atípica”, es el reflejo de una región apática, en crisis e indiferente a su futuro, los altos niveles de abstención son el síntoma de una problemática grave y profunda.

La tarea del gobernador electo es asumir un cargo sin legitimidad, dado los niveles de abstención, pero que el escenario actual demandan gestión eficiente y pertinente, más allá de escapularios y misas periódicas, para poder afrontar la deteriorada situación regional.

La de quienes apoyaron el voto en blanco, es trascender de la indignación en las urnas y asumir un papel proactivo y de control crítico a la gestión del gobierno electo, más cuando muchos de los seguidores “del blanco” son jóvenes con ganas de arrebatar de las manos politiqueras y tradicionales el futuro de la región.

Que no se olvide entonces que el actual  gobernador, además de ser ilegitimo por el letargo de muchos representado en los niveles de abstención,  curiosamente enfrenta también una juventud que está despertando de ese adormecimiento demostrado en el voto en blanco, además de asumir una región sumergida en crisis. Esperemos a ver con que nos resulta nuestro devoto gobernador.

P.S. No esperemos las próximas elecciones, continuemos construyendo cambio y generando reflexión más allá de las urnas, así algunos nos llamen vallecaucanibales.

EL RIESGO DE UNA CONSTITUYENTE:

La democracia en peligro

Con la aprobación del adefesio Acto Legislativo que pretendía introducir una reforma constitucional a la justicia, pero que terminó siendo un boquete para la corrupción, la impunidad y, en general, una deformación a la justicia, se ha reavivado el debate propuesto por el uribismo en torno a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva como conjuro a los problemas que ellos denuncian.

 Hablo de reavivar, porque desde el momento en que la Corte Constitucional cierra definitivamente la posibilidad al ex presidente Alvaro Uribe Velez de llegar nuevamente a la presidencia mientras esté vigente la Constitución de 1991, ha rondado la necesidad de remplazar la Constitución por una nueva que permita al ex mandatario regresar a su amado poder ejecutivo.

 No pretendo dedicarme a exponer la obvia intención de convocar la constituyente para favorecer el retorno al poder del señor Uribe, lo que de entrada me parece abominable, no solo jurídicamente, pues implica remplazar la Constitución para favorecer a una persona, sino a niveles éticos, dada la cantidad de denuncias que rodean su gobierno y su vida personal. Pretendo, desde la serenidad que proporciona la academia, exponer el riesgo democrático que implica una Asamblea Constituyente para el futuro institucional colombiano.

 Resulta claro,  desde toda perspectiva constitucional, que remplazar una Constitución para permitir el ascenso al poder de un hombre, es desafortunado, es el escenario de un caudillismo nocivo y degradante para la institucionalidad, pero partamos de la afirmación realizada por el mismo señor Uribe donde niega pretender su reelección y partamos de condiciones más estructurales para reconocer el riesgo de una constituyente en estos momentos.

 Básicamente, una Constitución es la base y el marco dentro del cual debe funcionar, jurídica y políticamente, un Estado, surgida del poder soberano ejercido por el constituyente primario representado en el constituyente ad hoc, cuya legitimidad radica en la inclusión de todas las fuerzas políticas democráticas de la nación. En ese entendido, es un espacio donde el factor elemental es la democracia, pero no una democracia representativa, sino una deliberativa que no se base en la imposición de las decisiones de una mayoría, sino en el debate y discusión con la participación activa de todos los potenciales afectados.

 Ese escenario debe contar con uno requisitos, o pretensiones de validez para recordar a Habermas, dentro de los cuales están las garantías del debate y las condiciones de igualdad que permitan una acción comunicativa legitima, donde el consenso, previo ejercicio de argumentación y debate público, sea el resultado final.

Resulta entonces pertinente preguntarse si, en el estado actual de cosas, con la creciente polarización y satanización proveniente del discurso oficial del uribismo, existen las condiciones que legitimen una constituyente de acuerdo a los postulados de la democracia deliberativa.

Es decir, preguntarnos si estaríamos frente a una constituyente que permita la inclusión de todas las voces, el debate argumentado y el consenso con todas las fuerzas, mayoritarias, minoritarias y en general todas las potencialmente afectadas con la nueva Constitución, dentro del presumuento de la legalidad y la democracia.

 Es preguntarse si, con el lenguaje violento con que se ha tratado a la oposición, a la academia, a los pueblos indígenas, y a todas las corrientes distantes del uribismo, se tendrían las garantías necesarias para la interlocución y la presentación de diferentes propuestas que no necesariamente sean compartidas por el uribismo, y que se permita el consenso y no la imposición de una visión y modelo de Estado que no es una aspiración colectiva, sino de una sola colectividad.

Incluso, sería preguntarse si estaríamos frente a una constituyente que atienda a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, de ese coto vedado o núcleo fuerte, que limita, válidamente, el poder soberano del Estado cuando de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trata.

Finalmente, valdría también preguntarse si los problemas que afectan la institucionalidad colombiana se resolverían con una nueva Constitución o, por el contrario, significaría un retroceso institucional que afecte la independencia de las ramas, la legalidad y la lucha contra la impunidad.

Al responder esos interrogantes, es posible entender que una constituyente en estos momentos resulta un riesgo. Un riesgo porque sería el escenario para imponer un modelo de Estado que responda a los intereses de una sola colectividad, un modelo de Estado excluyente y violento, con menosprecio a los DDHH y al DIH, con irrespeto a la fuerzas opositoras, disidentes o críticas, un modelo de Estado que no goce de legitimidad, pues no hay condiciones necesarias para llevar a buen término un proceso constituyente.

No apoyo la constituyente por eso, porque una Constitución debe ser producto de ejercicios deliberativos, incluyentes y respetuosos. Además, no creo que una nueva Constitución sea el conjuro a problemas estructurales.

PS. Apoyemos el referéndum derogatorio de la reforma a la justicia. Lejos de ser una actividad politizada, como lo es la convocatoria a la constituyente, estamos ante el ejercicio ciudadano para favorecer la democracia y la justicia.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO:

Rescatemos el pensamiento crítico.

Actualmente asistimos a lo que se ha llamado la postmodernidad. Una etapa que atiende a criterios de incertidumbre, al término de las certezas y de la no identidad.

El proceso de pensamiento del hombre aborda una crisis, una crisis  producida por un modelo neoliberal que, más allá de ser un modelo económico, es toda una estructura social, política y hasta cultural, impuesta para someternos a las leyes del mercado adornadas con el discursos de la calidad y la excelencia.

El modelo neoliberal, nos ha sometido al fin de la certeza y al menoscabo de las identidades. Vivimos una esquizofrenia conceptual y académica que se refleja en un modelo educativo de consumo de conocimiento donde la producción del mismo no nos compete a las latitudes del tercer mundo. Estamos ante un modelo de educación, donde el individuo se está convirtiendo en un tecnócrata y los procesos de aprendizaje en meros espacios de recepción de conocimiento para simplemente salir a reproducirlos.

Es allí donde la educación debe ser re – pensada, donde el papel de la Universidad debe ser debatido, y considerado como un espacio de la emancipación y la liberación del individuo del yugo de conceptos prefabricados, donde cuestione, construya identidad y deconstruya conceptos.

En ese sentido, es donde cobra importancia el tema de las nuevas corrientes pedagógicas, que vistas algunas como el paradigma ecológico, las pedagogías críticas y el constructivismo, se hace necesario que, desde las ciencias sociales y concretamente el Derecho, abordemos las pedagogías críticas como herramienta de enseña y modo de vida de nuestras facultades.

A partir del paradigma crítico – social, abordar la enseñanza – aprendizaje del Derecho como un proceso centrado en los procesos culturales, políticos y sociales, sustentadas en la libertad del pensamiento crítico con fines transformadores de la sociedad, sobre los pilares del pluralismo y la democracia.

En esencia, asumir la educación en movimientos transformadores, donde el rol del docente sea el liderar ese movimiento, y el estudiante, como actor protagónico, asuma las realidades y las problematice por medio de la deconstrucción conceptual.

No cabe duda que la educación debe ser asumida como un movimiento que al problematizar, se convierta en una respuesta contra un absolutismo conceptual, impuesto por un modelo neoliberal que suprime el pensamiento convirtiéndolo en un mero resultado de memoria, de aceptación conceptual y de repetición teórica, desplazando la crítica y la investigación, sobre criterios de mercado y excelencia.

Es pues un reto que abordemos la pedagogía desde una concepción crítica, y encontremos en el proceso enseñanza – aprendizaje del Derecho, los espacios necesarios para emancipar, problematizar y liberal al hombre, en donde la universidad y las clases de Derecho sean el escenario para rescatar el pensamiento como proceso transformador de cara a la sociedad.

MONSTRUOSIDAD PATRIA:

Algunos desvaríos sobre nuestra sociedad

No logro salir del asombro de todas las escenas de estupidez, barbaridad y monstruosidad de nuestra sociedad. No es que antes no pensara que el colombiano en general es violento e incluso estúpido, no es que sufriera de patriotismos banales y de medio pelo de esos que “sienten” la bandera, pero ignoran a sus muertos.

Siempre me he considerado un realista, y un crudo realista, pero no por ello he perdido mi capacidad de asombro, mi capacidad de estremecimiento.

Los recientes ataques de las FARC, considerados como actos terroristas, ataques a la población civil sin discriminación. Las imágenes de agentes de la policía incinerando a un perro vivo o la de los agentes enterrando a uno en igual condiciones. Las recientes y crecientes noticias sobre maltrato a la mujer y feminicidios, incluyendo el de Rosa Elvyra, demuestran como cada día nuestro tejido social se convierte más en un entramado putrefacto de seres salvajes.

No bastando con estos actos, nos enfrentamos a la imbecilidad del moralismo, cuando rechazamos, como un pueblo arcaico, escenas de pornografía por el simple hecho de haber sido filmadas en un patrimonio histórico, cuando muchos desconocen incluso los lamentos y la sangre que rodean al castillo de San Felipe pero, por otro lado festejamos, sin el menor asomo de vergüenza, las aventurillas de uno de los seres más oscuros de la historia colombiana.

Un moralismo imbécil que nos lleva a rechazar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ese mismo moralismo abanderado por la Procuraduría en cabeza de Ordoñez, que sin reparo jurídico alguno, en su solicitud de nulidad contra la sentencia T – 716 de 2012, afirma que las “las relaciones que surgen entre las parejas homosexuales y de las parejas heterosexuales no son idénticas y no pueden equipararse absolutamente”.

Una estupidez que nos lleva a legitimar actos de violencia, actos de ilegalidad, cometidos por un gobierno que se encargó de desmontar, con casi total éxito, el Estado constitucional de Derecho que con las uñas se había construido en vigencia de la Constitución de 1991, con el argumento de la seguridad. Esa misma estupidez que rechaza al Estado laico, la libertad de expresión y el librepensamiento por considerarlo nocivo para el “interés superior de la nación”.

Nuestra indignación sobre muchos de los hechos que ocurren, es más una caricatura, una reacción momentánea y un chascarrillo de pseudoactivistas, o ¿Cuántos permanecieron indignados durante el partido Colombia – Perú el domingo pasado?

Nuestra sociedad ha perdido la capacidad de estremecimiento, nunca ha sido sustentada sobre la solidaridad y la dignidad humana, así nuestro artículo primero constitucional lo afirme. Nuestra sociedad es solo el reflejo de la estupidez, la barbaridad y la monstruosidad a la que es capaz de llegar el ser humano. Una estupidez que con su pasividad legitima la barbaridad y la monstruosidad que cada día vemos pasar ante nuestra mirada.

UTILITARISMO Y DERECHO NATURAL:

Una breve disertación producto de la realidad colombiana.

En un texto de reciente lectura, donde Benjamin Constant responde a Jeremy Bentham, con argumentos acertados, a la crítica que el segundo hace al concepto de derechos y derechos naturales, y a su propuesta del principio de utilidad, me vienen a la mente los clamores de un sector político, si se le puede llamar así, que siente la viudez del poder, en un intento por justificar medidas arbitrarias en una tergiversación del principio de utilidad.

En esencia, Bentham, con su idea del principio de utilidad en contraposición a la idea de derechos naturales e incluso de justicia, propone el sometimiento del derecho al concepto de utilidad, de forma que las acciones de los hombres y las leyes mismas, se evaluarían de acuerdo a su resultado, en tanto útil, en lugar de elaborar sobre ellas mismas juicios de corrección. Así, según Bentham, se evita la arbitrariedad propia de un juicio de corrección que sería subjetivo, pues a su juicio, el concepto de derecho natural no presenta consenso ni siquiera entre sus defensores en cuanto a su contenido, lo que representa un riesgo e incluso afirma que es inútil debatir con esos defensores que caen en el error de los argumentos pasionales al afirmar que “No es posible razonar con fanáticos armados de un derecho natural que cada uno entiende como le place”.

Así las cosas, el resultado de las acciones será el criterio de juzgamiento de las mismas, de modo que será su beneficio, su efecto en los demás, lo que determinará la utilidad de estas.

Constant rechaza esta crítica y esa propuesta del principio de utilidad, a la cual ni siquiera considera principio, sino simplemente un resultado y un efecto. Bien firma el autor que las palabras convenientemente definidas brindan la posibilidad de su defensa, y hace notar como el mismo Bentham reconoce que el concepto de utilidad ha sido manipulado para defender acciones criminales. Esto, dirá Constant, también es un riesgo de arbitrariedad.

Los hombres por lo tanto actuaran en función del beneficio, el cual es subjetivo, y no en función del deber, lo que si defiende el derecho y el derecho natural como límite de las acciones y las leyes, como criterios de corrección.

No siempre el llamado beneficio o satisfacción será justo, bien propone Constant una serie de ejemplos en el texto donde ejemplifica que la evaluación de resultado que propone Bentham en cuanto las acciones, es subjetiva y no siempre va a ser justa, pero como el criterio es el de utilidad y ganancia dejando por fuera todo juicio de valor y moral.

A titulo personal encuentro razón en los argumentos de Bentham, de hecho, la crítica al derecho natural por la vaguedad de su contenido entre los defensores del mismo, también la comparte Norberto Bobbio, quien considera que ni es derecho ni es natural, pues no sirve para regular la conducta de los individuos, no hay consenso en su contenido de lo natural y no siempre lo considerado natural será lo correcto. Pero no encuentro en el principio de utilidad una respuesta sensata a los problemas que el derecho planteam, teniendo en cuenta la institucionalidad y la defensa contra la tiranía.

Constant hace una crítica más razonada del peligro del utilitarismo, crítica que comparto y encuentro, como lo hace el autor, a pesar de no identificarme propiamente en la escuela iusnaturalista, más riesgo en el principio de utilidad que en la noción de justicia y derecho natural. La idea restringida del derecho, como un instrumento de control social a través de normas jurídicas respaldadas por la coacción y que contengan unos mínimos de justicia que no contradigan el derecho natural, siendo esto último usado como criterio de corrección, es más coherente que determinar, por su efecto de ganancia y beneficio, las acciones de los hombres como buenas o malas.

Me resulta esto último más peligroso que la ambigüedad del derecho natural, que de hecho a pesar de esa crítica, ha servido como límite a gobernantes y legisladores a la hora de determinar el derecho, ha servido como criterio de jueces a la hora de fallar, y ha permitido una conciencia de derechos en los seres humanos basados en el deber ser y en la obediencia que se debe tener a él y no en un imaginario, subjetivo y arbitrario, de utilidad y beneficio, que abre las puertas a la tiranía y a los desmanes.

Lo anterior, a propósito de tantas manifestaciones de un sector político del país que pareciera asumir como solución al conflicto toda medida basada en criterios utilitaristas, olvidando que en el Derecho existen criterios de corrección más allá de medidas “útiles” en aras de mantener el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la institucionalidad.

A PROPÓSITO DEL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

A PROPÓSITO DEL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ: Entre mecanismos y entelequias para salir del conflicto armado

Tras el lamentable atentado dirigido contra el exministro Fernando Londoño, el cual desde este blog se rechazada vehementemente, se ha intensificado el debate sobre el marco jurídico para la paz. Desde el gobierno, con el apoyo del Fiscal Eduardo Montealegre y un número considerable de los miembros de la Unidad Nacional en el Congreso, el ponente Roy Barreras hace una defensa profunda, si se puede llamar así, a este intento de herramienta jurídica, que tiene más de política que cualquier otra cosa, para salir del conflicto.

De otro lado, existe una fuerte oposición y crítica a la propuesta, pero a diferencia de quienes abogan a su favor, quienes se encuentran en la otra orilla están divididos en sus razones para oponerse a la polémica propuesta.

En un bloque está el uribismo pura sangre, encabezado obviamente por su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes desde su “constructo” ideológico encuentran razones políticas y belicistas para considerar la propuesta como abominable, propio de quienes consideran cualquier salida al conflicto sin el derramamiento de sangre un despropósito.

Precisamente, al momento de escribir ésta entrada, el expresidente Uribe condicionaba su apoyo a la propuesta en mención, en el entendido de excluir cualquier tipo de consideración sobre amnistías o indultos a los autores de crímenes de lesa humanidad o cabecillas de grupos al margen de la ley, así como la imposibilidad de ser elegibles a cargos de elección popular, condicionamientos propios de su concepción poco jurídica a la hora de hacer reparos jurídicos, pues de igual forma condicionó su apoyo a la ley de restitución de tierras siempre y cuando no se reconociera en el texto de la ley que Colombia estaba sumida en un conflicto armado no internacional. Olvida el expresidente, o desconoce, que el conflicto armado no internacional no está condicionado, en cuanto a su existencia, al reconocimiento legal que se haga de éste al interior del Estado.

En el otro bloque se encuentra la postura jurídica que desde los argumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y desde los elementos de la justicia transicional, nos oponemos a este instrumento que, como se cataloga al comienzo, tiene más de político que de jurídico.

Las razones, nada simples, son claras. Para el DIDH no es posible que las graves violaciones a los DDHH sean indultadas o amnistiadas a sus autores. Pertinente el caso Barrios Altos contra Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena el levantamiento del indulto a militares cobijado por una ley que ordenaba el archivo de las investigaciones, para ejemplificar el caso. En ese mismo orden de ideas, del Derecho Internacional Humanitario (DIH), no contempla que los autores de crímenes de guerra o de lesa humanidad, reciban ese mismo beneficio. Probablemente estas razones también las olvide el expresidente Uribe, o las desconozca, a la hora de hacer sus condicionamientos al marco jurídico para la paz, condicionamientos que lejos de tener un contenido jurídico, pretenden en el fondo un protagonismo político que se niega a perder.

En su columna del lunes en El Espectador, Rodolfo Arango advierte del riesgo de aprobar esta herramienta en el marco de las demandas a las que se vería enfrentada Colombia en instancias internacionales por la denegación de justicia, es decir, por la impunidad derivada de las amnistías o indultos.

Tampoco, coincidiendo de alguna forma con lo manifestado por Rodrigo Uprimny, es viable hablar de una justicia transicional en medio del conflicto. Pareciera que se quisiera salir del mismo “a las patadas” sin un debate serio y con diferentes sectores, acerca de lo necesario para la salida del mismo (preacuerdos, requisitos, ceses a actos de guerra, etc).

Las propuestas deben tener una articulación entre lo político y lo jurídico, mecanismos que entiendan la dinámica del conflicto y que no atenten contra el DIDH ni el DIH, para no caer en una característica propia de los colombianos: el fetichismo legal, creer que la ley es un conjuro para los males que nos agobian, pero para tampoco creer que los mecanismos se construyen solo sobre argumentos políticos. En última instancia, las propuestas deben ser más que entelequias para la salida del conflicto.

En conclusión, más allá de argumentos radicalizantes y belicistas que desde el uribismo se arguyen sin consideraciones jurídicas o académicas, la realidad es que, a la luz de las condiciones jurídicas internacionales, varios elementos del marco resultan a viva voz improcedentes. Políticamente puede ser una herramienta, pero falta la voluntad política para ello, minada cada vez más por quienes abogan por el fin de la violencia, pero clamando por más violencia.

Basta ya de entelequias y de argumentos con desaciertos jurídicos como los expuestos por el expresidente Uribe, es hora de pensar en como salir del conflicto, pero con los pies sobre la tierra y con voluntad política.