Quiero creer. Sobre el plebiscito y el futuro nacional

Los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre han dado lugar a una serie de análisis y comentarios sobre el futuro de las negociaciones con las FARC, la legitimidad del gobierno nacional, el papel del uribismo luego del triunfo del No que lideraron, e incluso sobre el histórico problema de la abstención en Colombia que ha revivido el debate en torno a la obligatoriedad del voto.

En principio debo decir que siempre me incliné por la postura que desde una perspectiva pragmática sostenía que la refrendación jurídicamente no era necesaria, si bien muchos, incluso del sector del Sí, manifestaron que era una forma de garantizar legitimidad para su sostenibilidad en la implementación, lo cierto es que constitucionalmente el presidente tiene la facultad de firmar ese tipo de acuerdos y no haber esperado que en un país con tan poca solidez en materia de comportamiento democrático, fuera quien decidiera si terminaba la guerra al menos con uno de los actores.

Y es precisamente el fruto de años de odio, rencor y politiquería mediocre que pesaron mucho en el resultado del plebiscito. De un lado, dejamos unos acuerdos técnicos - tal vez demasiado - imperfectos pero integrales, en manos de una clase política rancia y desprestigiada a nivel nacional, alejada de las regiones, mientras muchos de quienes lideraron el No se aprovecharon de las emociones colectivas como el temor y el rencor, así como de la desinformación, para lograr muchos de los adeptos que llevaron al  ligero ´triunfo´  del pasado domingo.

Es un ligero triunfo, incluso si hubiera sido a la inversa, pues realmente estamos hablando de una quinta parte del censo electoral que apoyaron el Sí, y otro tanto el No. Es cierto que por reglas de mayoría hablamos de un triunfo, pero uno al que debemos agregarle el interrogante sobre no solamente la fractura nacional, sino el que un  poco más del 60% decidieron no participar del proceso, bien por apatía, ya sea desinformación, o simplemente la desconfianza y desesperanza heredada, que en cualquier caso debe ser un motivo de preocupación.

Ahora bien, es posible que en realidad nos enfrentemos en este momento a una posibilidad de construir mayor consenso sobre los acuerdos, incluir las voces de otras fuerzas sociales e incluso de voces regionales, y lo cierto es que tal vez nos podamos aproximar incluso a una sociedad civil que presione por sostener el esfuerzo que con gallardía los equipos negociadores llevaron durante estos años y que las cifras sobre el conflicto lo demuestran. Tenemos la oportunidad de aprender de la lección de la grandeza de la población de Bojayá y Jambaló, así como trabajar más por zonas como Norte de Santander para una pedagogía de reconciliación. Quiero creer que esta es la oportunidad que se nos acaba de abrir.

Lamentablemente me resulta difícil, especialmente cuando hacemos recuento de los argumentos de quienes lideraron el No, quienes se basaron en exasperar emociones como el temor, el rencor, el odio; se basaron en mentiras, falacias y argumentos del hombre de paja, como afirmar que las tierras serían entregadas a la guerrilla, o que se sustituiría el orden constitucional, lo cual se desvirtúa con el acogimiento al fallo de la Corte Constitucional; incluyeron en las discusiones temas de familia y género que no tenían lugar en el debate, especialmente porque en el acuerdo nada se sustituía a la familia; han reconocido que no tiene propuestas claras para renegociar, y lo poco propuesta o es igual a lo acordado, o incluso llega a desmejorar lo contenido, como por ejemplo en el tema de amnistía a guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad o graves, lo cual se encuentra en el punto 40, página 136 del acuerdo, pero que además se acompañaba de las condiciones para garantizar el equilibrio de la ecuación entre justicia, verdad y reparación, las penas alternativas y las medidas de restricción de la libertad y todo un modelo y programa basado en justicia restaurativa y que además garantizaba la sostenibilidad de quienes dejaban las armas en la vida civil como mecanismo que desincentivara la reincidencia.

Esto solamente me pone en el dilema sobre el querer creer, y la evidencia que me muestra la existencia de intenciones de revanchismo, ambición de poder, y desprecio por las víctimas.

Es un atributo asociado a la racionalidad humana aprovechar las adversidades o tiempos de crisis y transformarlos en oportunidades. Quiero creer que esta es uno de esos momentos históricos en los que podremos levantar la frente como humanidad. Quiero creer.  

Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

Ni pujantes ni con aguante. Aletargados

Los colombianos en promedio hemos crecido con la idea de que nuestra idiosincrasia es de un pueblo con aguante, aguerrido y pujante. Que en nuestras venas corre sangre de guerreros, y que durante años a pesar de las adversidades aún seguimos acá, como un intento de nación a pesar de sí misma, con talento, orgullos patrios y de exportación; que somos la democracia más antigua de América Latina, y nuestra capital fue otrora la Grecia de la región.

Lamento decirle al lector que todo eso ha sido un engaño. Hemos sido un pueblo manipulado y que ha sido engañado con ese discurso del empuje, el aguante y el orgullo patrio para mantener una idea colectiva que no existe, o tal si existe pero bajo un engaño.

Un pueblo que aguanta que sus indígenas mueran de desnutrición, que el sistema de salud sea manejado por mercaderes, que un cuerpo quede expuesto en la vía pública por 6 horas sin respuesta de las autoridades, y que día a día presencia como se roban sus recursos, a veces siendo parte de ese mismo proceso de desangramiento nacional, no tiene nada de aguante ni pujante.

Somos un pueblo que ha normalizado durante años la violencia, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, con una alta tolerancia social al delito, y que al final nos convierte en un pueblo indolente y que reposa en un letargo del que parece que nunca va a despertar.

Somos producto de un discurso estratégico proveniente del establecimiento que se caracteriza por el contubernio entre empresas, medios de comunicación y política, y que solamente nos han vendido falsos ídolos de exportación para mantener nuestra mente en otro escenario.

Nuestros frívolos intentos por un cambio quedan en un lodazal entre represión estatal, falta de liderazgo y satanización del establecimiento al querer significar cualquier movimiento social con delincuentes, desadaptados y enemigos públicos, cuando solamente son una amenaza para ese establecimiento.

Hoy es mayor la indignación en ese falso mundo de las redes sociales por banalidades como una corona o que un jugador colombiano no es titular en el extranjero, que las condiciones deplorables en que nos tienen, y que nos han dejado inermes ante tanto abuso.

Hemos sido convencidos, y ahora parecemos cómplices, de un empuje y un aguante que solamente oculta la dominación histórica, el abuso y corrupción de una clase política ramplona, violenta y a la que parecemos deberle algo que no tenemos, pero que nos mantiene en esa idea de ídolos de barro, y de un orgullo patrio, que por cierto es usado para exacerbar sentimientos de odio, revanchismo y para enarbolar las peores intenciones, como la historia lo ha demostrado.

Dejemos ese discurso desechable de pueblo con aguante y pujante, que ese título solamente nos lo dará la historia cuando seamos capaces promover un cambio real, lejos de la dominación producto del mencionado contubernio. Un pueblo pujante ya habría exigido más allá de trinos un resultado por los indígenas, los niños, las mujeres, los homosexuales, y todos aquellos que disfrutan en la democracia más antigua de América Latina la exclusión, la violencia y la injusticia, como tal vez el propio lector sea objeto, pero se sienta pujante y aguerrido mientras se indigna tal vez por mis palabras o una corona.

SUJETO HEGEMÓNICO, MINORÍAS Y REFERÉNDUMS: La impertinencia de acudir siempre a las mayorías

SUJETO HEGEMÓNICO, MINORÍAS Y REFERÉNDUMS: La impertinencia de acudir siempre a las mayorías

Como sociedad occidental hemos sido formados bajo el imaginario de un paradigma impuesto a través de instituciones dirigidas por un sujeto hegemónico, encargado de determinar las relaciones y procedimientos para regular las conductas. Ese paradigma se puede resumir en el ideario del hombre blanco, católico, heterosexual y con patrimonio, que ha normalizado jerarquías e invisibilizado realidades e identidades ajenas al mismo.

Instituciones como la Iglesia, que se encargó de “salvajizar” a las comunidades tribales, deshumanizar a las afro, y cosificar a la mujer, sirven como ejemplo de ese proceso de hegemonía que se naturalizó, a tal punto que el derecho fue un instrumento para perpetuar ese ideario y el discurso de lo convencional, precisamente apelando a la función del legislador como representante e intérprete de la voluntad de las mayorías, creando así el mito del legislador sabio e infalible.

En ese sentido, el Estado democrático basado en la voluntad de las mayorías tomaba las decisiones mediante ese legislador, luego en algunos casos apelando al voto directo mediante mecanismos como referéndums y plebiscitos que reflejaban esa voluntad inequívoca de la mayoría, pero reflejaba a su vez al sujeto hegemónico que se había impuesto.

Este modelo con el tiempo empezó a evidenciar una aberración en contra de esas minorías invisibles y consideradas incompatibles con el ideario impuesto, y la democracia se transformó en una dictadura de mayorías, en perjuicio de sujetos e identidades minoritarios. Basta recordar al lector que la Alemania Nazi fue legal, precisamente por voluntad de la mayoría legislativa, y en el caso colombiano hace un poco más de medio siglo, cuando el movimiento de empoderamiento femenino buscó la emancipación de la mujer a la sujeción que tenía su cónyuge sobre ellas conforme  a derecho, la Iglesia logró detener el proceso, y nuevamente el derecho mantuvo un statu quo al servicio del sujeto hegemónico.

Ante este riesgo se creó un modelo de democracia constitucional, que seguía basada en un órgano legislativo que representara las mayorías, pero que evitaría su tiranía mediante órganos contramayoritarios técnicos y colegiados que reconocieran realidades e identidades que precisamente chocaran con el sujeto hegemónico que había dominado (y aún domina) la institucionalidad, y garantizara de esta forma otras identidades, y reconociera otras realidades.

Todavía tenemos en nuestra sociedad ese ideario de hombre blanco, católico, heterosexual y con patrimonio que trata de servirse de instituciones para no perder la hegemonía. Aún las mayorías pretenden perpetuar ese ideario por temor, rechazo o desconocimiento.

Es por esto que resulta impertinente acudir siempre a las mayorías y a mecanismos de democracia directa para ciertos temas, especialmente libertades y garantías fundamentales y con mayor razón aquellas que involucran a minorías[1] (étnica, sexuales) y sujetos de especial protección por su evidente vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores), quienes históricamente fueron invisibilizados y no reconocidos, y que precisamente ese ideario todavía latente en la sociedad y en las mayorías, los llevaría a una nueva invisibilidad.

Deberían hoy mujeres, hombres de diversos credos, miembros de partidos no tradicionales, detenerse un minuto a pensar qué habría sido de su realidad actual, si esos derechos que hoy gozan reconocidos en la Constitución como resultado de ejercicios deliberativos e interpretativos (en aproximación a Dworkin y Zagrebelsky), hubieran sido sometidos a la voluntad caprichosa de la mayoría dominada por el ideario del hombre blanco, católico, heterosexual y con patrimonio. Senadora Vivian, ¿estaría usted en el Congreso o disfrutando de la libertad de cultos?

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[1] El término minoría debe entenderse no desde lo cuantitativo, sino desde lo histórico, como sujetos diversos al ideario del sujeto dominante y hegemónico.