Quiero creer. Sobre el plebiscito y el futuro nacional

Los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre han dado lugar a una serie de análisis y comentarios sobre el futuro de las negociaciones con las FARC, la legitimidad del gobierno nacional, el papel del uribismo luego del triunfo del No que lideraron, e incluso sobre el histórico problema de la abstención en Colombia que ha revivido el debate en torno a la obligatoriedad del voto.

En principio debo decir que siempre me incliné por la postura que desde una perspectiva pragmática sostenía que la refrendación jurídicamente no era necesaria, si bien muchos, incluso del sector del Sí, manifestaron que era una forma de garantizar legitimidad para su sostenibilidad en la implementación, lo cierto es que constitucionalmente el presidente tiene la facultad de firmar ese tipo de acuerdos y no haber esperado que en un país con tan poca solidez en materia de comportamiento democrático, fuera quien decidiera si terminaba la guerra al menos con uno de los actores.

Y es precisamente el fruto de años de odio, rencor y politiquería mediocre que pesaron mucho en el resultado del plebiscito. De un lado, dejamos unos acuerdos técnicos - tal vez demasiado - imperfectos pero integrales, en manos de una clase política rancia y desprestigiada a nivel nacional, alejada de las regiones, mientras muchos de quienes lideraron el No se aprovecharon de las emociones colectivas como el temor y el rencor, así como de la desinformación, para lograr muchos de los adeptos que llevaron al  ligero ´triunfo´  del pasado domingo.

Es un ligero triunfo, incluso si hubiera sido a la inversa, pues realmente estamos hablando de una quinta parte del censo electoral que apoyaron el Sí, y otro tanto el No. Es cierto que por reglas de mayoría hablamos de un triunfo, pero uno al que debemos agregarle el interrogante sobre no solamente la fractura nacional, sino el que un  poco más del 60% decidieron no participar del proceso, bien por apatía, ya sea desinformación, o simplemente la desconfianza y desesperanza heredada, que en cualquier caso debe ser un motivo de preocupación.

Ahora bien, es posible que en realidad nos enfrentemos en este momento a una posibilidad de construir mayor consenso sobre los acuerdos, incluir las voces de otras fuerzas sociales e incluso de voces regionales, y lo cierto es que tal vez nos podamos aproximar incluso a una sociedad civil que presione por sostener el esfuerzo que con gallardía los equipos negociadores llevaron durante estos años y que las cifras sobre el conflicto lo demuestran. Tenemos la oportunidad de aprender de la lección de la grandeza de la población de Bojayá y Jambaló, así como trabajar más por zonas como Norte de Santander para una pedagogía de reconciliación. Quiero creer que esta es la oportunidad que se nos acaba de abrir.

Lamentablemente me resulta difícil, especialmente cuando hacemos recuento de los argumentos de quienes lideraron el No, quienes se basaron en exasperar emociones como el temor, el rencor, el odio; se basaron en mentiras, falacias y argumentos del hombre de paja, como afirmar que las tierras serían entregadas a la guerrilla, o que se sustituiría el orden constitucional, lo cual se desvirtúa con el acogimiento al fallo de la Corte Constitucional; incluyeron en las discusiones temas de familia y género que no tenían lugar en el debate, especialmente porque en el acuerdo nada se sustituía a la familia; han reconocido que no tiene propuestas claras para renegociar, y lo poco propuesta o es igual a lo acordado, o incluso llega a desmejorar lo contenido, como por ejemplo en el tema de amnistía a guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad o graves, lo cual se encuentra en el punto 40, página 136 del acuerdo, pero que además se acompañaba de las condiciones para garantizar el equilibrio de la ecuación entre justicia, verdad y reparación, las penas alternativas y las medidas de restricción de la libertad y todo un modelo y programa basado en justicia restaurativa y que además garantizaba la sostenibilidad de quienes dejaban las armas en la vida civil como mecanismo que desincentivara la reincidencia.

Esto solamente me pone en el dilema sobre el querer creer, y la evidencia que me muestra la existencia de intenciones de revanchismo, ambición de poder, y desprecio por las víctimas.

Es un atributo asociado a la racionalidad humana aprovechar las adversidades o tiempos de crisis y transformarlos en oportunidades. Quiero creer que esta es uno de esos momentos históricos en los que podremos levantar la frente como humanidad. Quiero creer.  

Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Sobre la pena de muerte: Una medida que no vale la "pena"

Acostumbrado el país a promover reformas y cambios guiados por emociones y pasiones, en su mayoría agitados por los medios, o por personajes de la escena política que no miden la responsabilidad de su agitación, se acaba de abrir nuevamente el debate sobre la pertinencia y necesidad de la pena de muerte en Colombia, a propósito del lamentable, repudiable y asqueroso acto cometido contra los 4 niños en Florencia.

Aparecen sectores que en tono de salvadores incitan las pasiones y, haciendo uso instrumental del dolor mediático,  enarbolan banderas de reformas atribuyendo a éstas un tinte de conjuro a males estructurales de nuestra sociedad.

En el caso de la pena de muerte, el debate no ha sido sereno, ni mucho menos se ha zanjado en ninguna instancia, especialmente por las convulsiones violentas que cada día presenciamos y que han revivido en varias oportunidades el tema.

Con al objetivo de aportar desde la tranquilidad de mi escritorio, me permito plantear los motivos por los que desde mi postura, la pena de muerte no solo no es pertinente ni viable, sino rechazable:

1. Las debilidades del sistema judicial colombiano permitirían la aplicación de la pena de muerte a inocentes. En Colombia la justicia no solamente presenta elevados índices de impunidad, sino que se ha visto rodeada de una serie de fallas en el sistema, que entre varios motivos podríamos encontrar la falta de capacidad de la policía judicial, la poca tecnificación de investigadores, fiscales y jueces, y la interferencia de los medios y la política en las decisiones judiciales, entre otros.

Esta realidad ha permitido la condena de inocentes. Hasta el año 2012 el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, ha revisado 1200 casos, ente los que destaca al caso de Manuel Mena, condenado en 1993 por homicidio, y quien resultara ser inocente. El error: ligereza de las autoridades para identificar al verdadero autor y contrastarlos con las características y rasgos de Manuel.

La justicia es administrada por hombres, y por lo tanto tiende al error, precisamente cuando existe esa posibilidad, no se puede abrir esa puerta. En EE.UU, cuyo sistema se presume más sólido que el nuestro, presentó 6 casos en 2004, y 2 en 2005, en los que se iba a llevar a ejecución a inocentes, condenados por indebidas actuaciones de la fiscalía, errores en la valoración testimonial y probatoria, defensas técnicas deficientes, entre otros.

2. La finalidad disuasoria de la pena en la reducción de la criminalidad no es incidente. La ONU en el año 2002 concluye luego de analizar los datos sobre criminalidad y pena de muerte, que los Estados pueden reducir la aplicación de la medida sin temor alguno al incremento de las conductas delictivas.

En efecto, estudios que han abordado el impacto de la pena de muerte en la reducción de la criminalidad se remontan hasta 1935,  en todos la conclusión es contundente: no hay evidencia que permita afirmar que la pena de muerte reduce la criminalidad, incluso en algunos Estados las cifras de delitos presentaron un incremento.

3. Los requisitos de procedimiento constitucional. Tal vez la menos relevante para algunos, y la más formalista de las razones, la encuentro en la cláusula pétrea que contiene nuestra Constitución Política. El artículo 11, de acuerdo a su redacción, permite inferir que la prohibición de la pena de muerte es de carácter pétreo,  lo que implica que su reforma sustituiría el espíritu constitucional y del constituyente de 1991.

Para tal efecto, no habría posibilidad de una reforma constitucional de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que el procedimiento debería el de expedir una nueva Constitución para no sustituir o alterar el sentido actual de la misma.

En ese sentido, una postura a favor de convocar una constituyente con el objetivo de levantar la prohibición de la pena de muerte en Colombia, constituye un retroceso. A partir de 1985 más de 50 países han abolido la pena de muerte, mientras solamente 4 que la tenían prohibida la revivieron.

Desde la perspectiva histórica, el movimiento abolicionista surge con la ilustración y la humanización del derecho penal. Beccaria definió la pena de muerte como la guerra de una nación contra un ciudadano a quien destruir resulta útil, o necesario para los jueces. En un Estado social de derecho no podemos confundir justicia con venganza, pues al hacerlo tiramos al traste los resultados de evolución institucional, y recordando a Víctor Hugo, caeríamos en un signo peculiar de barbarie.

Valdría la pena, para terminar,  citar al penalista argentino Elías Neuman, quien en alguna oportunidad se refirió a las agitaciones mediáticas en favor de la pena de muerte. El académico afirmó que  “es muy peligroso que gente que pueda influir sobre la opinión pública salga a declarar con liviandad sobre una cuestión tan profunda y delicada como lo es la pena de muerte, y encima con ideas muy mal elaboradas y sin sustento empírico alguno”.

No hay duda que la agitación incluso permite una sensación de popularidad y apoyo popular, pero para un Estado de derecho, la serenidad de las decisiones se deben tomar atendiendo a bases empíricas, de justicia y no venganza, y que hagan honor a la dignidad humana. Las reformas que se requieren, más que consagrar penas, como la pena de muerte, requieren que efectivamente sean reformas cuyos esfuerzos por rescatar la vida, atacar las causas de la criminalidad, entre otras, sean medidas que valgan la pena.

Quiero finalizar, a modo de reflexión, con esta frase del marqués de Myshkin, personaje de Dostoievski, “Matar a quien ha cometido un asesinato es un castigo incomparablemente peor que el asesinato mismo. El asesinato a consecuencia de una sentencia es infinitamente peor que el asesinato cometido por un bandido.” Es legitimar el asesinato estatal.

EL RIESGO DE UNA CONSTITUYENTE:

La democracia en peligro

Con la aprobación del adefesio Acto Legislativo que pretendía introducir una reforma constitucional a la justicia, pero que terminó siendo un boquete para la corrupción, la impunidad y, en general, una deformación a la justicia, se ha reavivado el debate propuesto por el uribismo en torno a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva como conjuro a los problemas que ellos denuncian.

 Hablo de reavivar, porque desde el momento en que la Corte Constitucional cierra definitivamente la posibilidad al ex presidente Alvaro Uribe Velez de llegar nuevamente a la presidencia mientras esté vigente la Constitución de 1991, ha rondado la necesidad de remplazar la Constitución por una nueva que permita al ex mandatario regresar a su amado poder ejecutivo.

 No pretendo dedicarme a exponer la obvia intención de convocar la constituyente para favorecer el retorno al poder del señor Uribe, lo que de entrada me parece abominable, no solo jurídicamente, pues implica remplazar la Constitución para favorecer a una persona, sino a niveles éticos, dada la cantidad de denuncias que rodean su gobierno y su vida personal. Pretendo, desde la serenidad que proporciona la academia, exponer el riesgo democrático que implica una Asamblea Constituyente para el futuro institucional colombiano.

 Resulta claro,  desde toda perspectiva constitucional, que remplazar una Constitución para permitir el ascenso al poder de un hombre, es desafortunado, es el escenario de un caudillismo nocivo y degradante para la institucionalidad, pero partamos de la afirmación realizada por el mismo señor Uribe donde niega pretender su reelección y partamos de condiciones más estructurales para reconocer el riesgo de una constituyente en estos momentos.

 Básicamente, una Constitución es la base y el marco dentro del cual debe funcionar, jurídica y políticamente, un Estado, surgida del poder soberano ejercido por el constituyente primario representado en el constituyente ad hoc, cuya legitimidad radica en la inclusión de todas las fuerzas políticas democráticas de la nación. En ese entendido, es un espacio donde el factor elemental es la democracia, pero no una democracia representativa, sino una deliberativa que no se base en la imposición de las decisiones de una mayoría, sino en el debate y discusión con la participación activa de todos los potenciales afectados.

 Ese escenario debe contar con uno requisitos, o pretensiones de validez para recordar a Habermas, dentro de los cuales están las garantías del debate y las condiciones de igualdad que permitan una acción comunicativa legitima, donde el consenso, previo ejercicio de argumentación y debate público, sea el resultado final.

Resulta entonces pertinente preguntarse si, en el estado actual de cosas, con la creciente polarización y satanización proveniente del discurso oficial del uribismo, existen las condiciones que legitimen una constituyente de acuerdo a los postulados de la democracia deliberativa.

Es decir, preguntarnos si estaríamos frente a una constituyente que permita la inclusión de todas las voces, el debate argumentado y el consenso con todas las fuerzas, mayoritarias, minoritarias y en general todas las potencialmente afectadas con la nueva Constitución, dentro del presumuento de la legalidad y la democracia.

 Es preguntarse si, con el lenguaje violento con que se ha tratado a la oposición, a la academia, a los pueblos indígenas, y a todas las corrientes distantes del uribismo, se tendrían las garantías necesarias para la interlocución y la presentación de diferentes propuestas que no necesariamente sean compartidas por el uribismo, y que se permita el consenso y no la imposición de una visión y modelo de Estado que no es una aspiración colectiva, sino de una sola colectividad.

Incluso, sería preguntarse si estaríamos frente a una constituyente que atienda a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, de ese coto vedado o núcleo fuerte, que limita, válidamente, el poder soberano del Estado cuando de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trata.

Finalmente, valdría también preguntarse si los problemas que afectan la institucionalidad colombiana se resolverían con una nueva Constitución o, por el contrario, significaría un retroceso institucional que afecte la independencia de las ramas, la legalidad y la lucha contra la impunidad.

Al responder esos interrogantes, es posible entender que una constituyente en estos momentos resulta un riesgo. Un riesgo porque sería el escenario para imponer un modelo de Estado que responda a los intereses de una sola colectividad, un modelo de Estado excluyente y violento, con menosprecio a los DDHH y al DIH, con irrespeto a la fuerzas opositoras, disidentes o críticas, un modelo de Estado que no goce de legitimidad, pues no hay condiciones necesarias para llevar a buen término un proceso constituyente.

No apoyo la constituyente por eso, porque una Constitución debe ser producto de ejercicios deliberativos, incluyentes y respetuosos. Además, no creo que una nueva Constitución sea el conjuro a problemas estructurales.

PS. Apoyemos el referéndum derogatorio de la reforma a la justicia. Lejos de ser una actividad politizada, como lo es la convocatoria a la constituyente, estamos ante el ejercicio ciudadano para favorecer la democracia y la justicia.