Colombia: del tránsito migrante a la explotación.

En Colombia el tema de migración irregular no es nuevo. Las condiciones geográficas de su acceso a los dos océanos y la frontera terrestre caracterizada por grandes zonas selváticas, junto con la fragilidad institucional en un contexto de vulnerabilidad social, han propiciado el escenario para que este fenómeno exista y se aprovechado por las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Lo que hace al fenómeno un tema a considerar en Colombia en la actualidad, más allá de la crisis migratoria que enfrentan en Europa y el medio oriente, o de los discursos xenofóbicos y de supremacía racial que han rodeado candidaturas obtusas en los Estados Unidos, es una creciente ocurrencia del fenómeno que no ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y en efecto refleja la necesidad de atender esta manifestación del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia en el año 2014 se identificaron 2.111 migrantes irregulares posiblemente objeto de redes dedicadas al tráfico, en el año 2015 la cifra ascendió a 8.855, lo que representa un incremento del 319%. Tendencia al aumento que en este año seguramente se mantenga al considerar que durante el primer trimestre del año 2015 el número de migrantes irregulares detectados fue de 1.111, y en el mismo periodo del año 2016 la cifra va en 3.180.

De las nacionalidades detectadas encabeza la lista la cubana con más de 6.000 identificaciones en el año 2015, seguida de la nepalí con 720 y la somalí con 397. Lo anterior tiene una explicación a partir de la incertidumbre en la continuidad de la ley de Pies secos-Pies mojados de EE.UU causada por el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, y que ha sido detonante para que muchas personas beneficiadas con esa medida financien la salida de sus familiares que todavía permanecen en la isla tomando como una de las rutas el ingreso por Ecuador, teniendo en cuenta su medida de cielos abiertos, la cual fue tratada de corregir con la exigencia de una visa que no es de difícil acceso.

En ese sentido nos encontramos ante un escenario de cubanos migrantes irregulares que recurren a personas dedicadas al tráfico,  ingresan por Ecuador con dinero en efectivo y recorren por tierra el país, especialmente por las vías paralelas al Pacífico, hasta salir por la zona de Turbo hacia su destino final.

Lo anterior plantea un escenario crítico desde una perspectiva de derechos humanos y crimen organizado. De un lado, el ingreso de migrantes irregulares en ese número elevado y en muchos casos con dinero en efectivo, los precipita a ser víctimas de delitos patrimoniales y  sexuales, o en otros han sido considerados criminales.

Las organizaciones criminales en Colombia han identificado en esta práctica del tráfico de migrantes una fuente de ingreso al lograr dominar territorialmente las rutas por donde son transitados y hacer una suerte de peaje criminal de manera análoga  la ruta de la droga, en donde se ponen en riesgo la vida de ellos por posibles enfrentamientos, accionar militar o una tendencia de desembocar la migración irregular en el delito de trata de personas, pues el migrante irregular, indocumentado y en estado de necesidad, es proclive a ser sometido por redes criminales a distintas modalidades de la explotación humana.

La presencia de indígenas que no hablan español y se encuentran con nombres y cédulas tatuadas en sus brazos en cierta zona del país dedicada a la explotación de minería ilegal sometidos de esa forma al trabajo forzado. En otras zonas el pago al ser en efectivo y al haber sido víctimas de robo, los migrantes son víctimas de una serie de vejámenes sexuales o al sometimiento a la esclavitud sexual.

En principio el delito de tráfico ilícito de migrantes en Colombia no contempla a éstos como víctimas, pero la práctica de esa manifestación del crimen organizado los ha convertido en blanco fácil de violaciones de derechos, objeto de explotación por redes de trata de personas, y de otra serie de vejámenes que los convierten en víctimas, mutando nuestro país de zona de tránsito migratorio, al territorio de su explotación.

¿Esta Colombia preparada para la dimensión de este fenómeno?

"La culpa es de los migrantes"

Se han vuelto  comunes las frases en discursos políticos y redes sociales señalando a los migrantes, regulares e irregulares, como la principal causa de los males sociales y económicos en los países del centro, y como una verdadera amenaza a la seguridad nacional exigiendo cierres de frontera o medidas represivas para reducir el “problema”.

La criminalización y satanización de los migrantes, especialmente quienes tienen el carácter de irregulares, no es más que una manera de señalar a responsables sin una mínima consideración de contexto en torno al fenómeno de las migraciones y su creciente ocurrencia actualmente.

De acuerdo con informes de Naciones Unidas, las principales causas de salida de los ciudadanos de sus países de origen, especialmente desde la región sur, se deben a problemas de estabilidad política y económica, conflictos armados, debilidades en la inserción laboral y de consecución de ingresos, generando vulnerabilidades que motivan la búsqueda en el exterior de una mejor posibilidad de vida, a veces incurriendo en la violación de requisitos de salida de sus propios países en la periferia, y de entrada y permanencia en los países del centro.

Esto implica una nueva consideración en torno a la seguridad, pues no se trata de una amenaza clásica entendida netamente en clave militar, sino que rompe la perspectiva que ha imperado. De hecho, aunque la migración irregular se ha asociado a temas de seguridad nacional desde una lectura restrictiva de la soberanía y de protección de fronteras,  hoy una mirada profunda nos lleva a romper ese privilegio que se ha dado al tema y que ha relegado la postura de protección y garantía de derechos humanos.

Numerosos estudios sobre las migraciones han concluido que la vulnerabilidad de los migrantes irregulares se incrementa en los países de destino dada la restricción a los mercados laborales y a la proclividad a incursionar en actividades ilícitas o asociadas al crimen organizado, como la trata de personas o haber sido objeto del tráfico ilícito de migrantes.

La crisis migratoria ha recibido un enfoque equivocado. El discurso busca señalar al migrante como la amenaza, sin considerar que la amenaza proviene de situaciones políticas y económicas que han obligado al migrante a huir de esa realidad, y que el fortalecimiento a veces cruento de los controles migratorios, solamente favorece a las redes del crimen organizado trasnacional quienes se lucran de la necesidad de escape para traficar con seres humanos.

Cada día somos testigos de noticias sobre migrantes irregulares maltratados, asesinados, o muertos por su travesía al intentar ingresar a un país de destino y huir de las autoridades. Cada día el crimen organizado encuentra formas más sofisticadas de omitir a las autoridades o penetrarlas, sin incurrir en amenazas militares a los Estados, sino violentando las garantías fundamentales de quienes caen en sus redes.

El crimen organizado constituye una amenaza a la institucionalidad, y su forma de operar se circunscribe a una lógica de mercado, en donde su objetivo es optimizar ganancias y recursos.

Los estudios citados nos demuestran que la vulnerabilidad en los países de origen, llevan a que los migrantes trasladados a los países de destino se enfrenten a condiciones de inseguridad y violencia, siendo foco del crimen organizado. En otras palabras, las amenazas migratorias de los países de destino son causadas por condiciones de vulnerabilidad de los países de origen.

La respuesta policial y represiva de los países de destino es entendible desde el concepto restringido del Estado-nación, pero una realidad globalizada en donde se han relativizado las fronteras y se han recrudecido las condiciones de muchos países de la periferia, nos indican la necesidad de tomar dos factores:

De un lado, la vulnerabilidad en los países de la periferia causada a veces por las misma políticas económicas impuestas por los países del centro, han causado exclusión, problemas de inserción laboral y educativo, inestabilidad política y militar, que motivan la salida del país en busca de mejores oportunidades; de otro, las redes de crimen organizado dedicadas al tráfico de migrantes operan de manera más sofisticada permeando las estructuras estatales para lograr penetrar fronteras y operar con mayores garantías de impunidad, valiéndose de la necesidad en los países de origen.

Estas dos realidades resumen la verdadera amenaza global de las migraciones, y son las que demandan verdadera atención por parte de los Estados.

Desde la creación de la Convención para reprimir el crimen organizado de las Naciones Unidas, junto con dos de sus protocolos orientados al tema de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se ha hecho un llamado por parte de sus órganos técnicos a combatir las condiciones de vulnerabilidad y enfocar los esfuerzos en la atención de víctimas y la persecución de las redes criminales organizadas.

A modo de ejemplo de lo anterior, basta con una mirada a las noticias de migrantes muertos en el mar mediterráneo que huyen del África para ingresar a Europa. Las cifras de migrantes detenidos en la frontera de EE.UU y las condiciones que deben enfrentar, o los datos de mujeres explotadas en países del primer mundo y contrastar sus nacionalidades.

La amenaza a la seguridad se encuentra hoy en la amenaza a las garantías fundamentales de los individuos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que son aprovechados por las organizaciones del crimen trasnacional el cual ha impactado con violencia, corrupción en todos sus niveles y afectación a la justicia la verdadera seguridad estatal.

La seguridad humana y nacional no son términos excluyentes. De hecho los problemas asociados a la movilidad, la globalización y la industrialización exigen una mirada articulada de ambas visiones de la seguridad, y superar el desplazamiento que en materia de derechos humanos ha hecho la visión militarista de seguridad.