Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Crimen y ¿castigo? El reto más allá de la represión punitiva.

La propensión y la exposición criminógena son factores dentro de la denominada teoría de la acción situacional que pretenden explicar las motivaciones que tienen ciertos individuos para entrar en situaciones criminales, esto es, responder a la pregunta del por qué la gente delinque.

En breves palabras se puede afirmar con base en ella que existen factores intrínsecos al individuo que tienen que ver con sus habilidades para enfrentar la oportunidad de cometer un delito y que se construyen a lo largo del ciclo de vida del sujeto, incluso desde la gestación, e involucran factores de crianza y de calidad del servicio educativo; del mismo modo existe otros factores externos al individuo que tienen que ver con el ambiente físico y social en el que se desenvuelve, de manera que la interacción social y las situaciones de segregación, abandono y vulnerabilidad influyen en la decisión delictiva de una persona.

Hace un par de semanas los medios de comunicación informaban sobre la captura en Cali de alias Chinga Harry de 22 años, conocido también como el “terror de Floralia” (barrio de esa ciudad), a quien se le acusa de unos 50 homicidios entre otros delitos y que se afirma comenzó su vida criminal desde los 12 años de edad.

En Brasil el Observatorio de Favelas publicó un informe basado en la encuesta a miembros de facciones criminales en el que el 67% de los participantes tenían entre los 16 y 18 años y más de la mitad había comenzado su actividad criminal antes de los 15 años. El factor común en ellos era el origen de zonas vulnerables de la ciudad, con deficiencias educativas y pocas oportunidades laborales, además provenientes de familias disfuncionales.

La situación en Colombia, además de las necesidades de fortalecimiento de la Justicia para evitar la impunidad y que las penas cumplan su función disuasiva, requiere que se asuma una concepción de seguridad ciudadana como una política pública de desarrollo de individuos y familias que logren prevenir la situación criminal de cientos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Combatir el crimen desde un enfoque preventivo, no solamente tendrá un efecto a largo plazo en la criminalidad, sino en situaciones de hacinamiento carcelario e incluso en el desarrollo de las ciudades, especialmente de las receptoras de población víctima del conflicto armado y que se espera que además sean los escenarios de reinserción en el post-acuerdo con las FARC y los eventuales acuerdos que se logren con otros grupos.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero no solamente desde el fortalecimiento de la justicia a través de sanciones ejemplares, sino con la intervención directa y coordinada de escenarios de exposición criminógena que generen oportunidades, plenos derechos de salud, educación y esparcimiento para sus habitantes. De la misma manera la empresa privada debe asumir con claridad que en sus manos se encuentra la posibilidad de ofrecer opciones de vida dentro de la legalidad, con garantías laborales y de inclusión para poblaciones vulnerables, y no solamente clamar mayor policía para la seguridad de sus bienes.

No se trata  de reducir ni justificar la criminalidad por factores de vulnerabilidad, pues casos como el de los Nule, por mencionar algunos, evidencian que no solamente se delinque por necesidad; tampoco se pretende  criminalizar la vulnerabilidad al afirmar que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Por el contrario se propone una visión amplia de la seguridad desde la prevención temprana que evite, junto con otras medidas, el crecimiento de la delincuencia que es aprovechada por muchas redes de crimen organizado para reclutar niños, niñas y adolescentes para su lucro.

Un Estado que intervenga de manera temprana ambientes sociales, familiares y físicos, más allá de medidas represivas, sino con una lectura profunda y contundente sobre la propensión y la exposición criminógena, logrará prevenir el delito, mayor confianza en las instituciones y mejor calidad de vida de sus asociados.

De esta manera, con la articulación de medidas disuasivas de la Justicia, pero con medidas preventivas desde la intervención temprana en la población más vulnerable, evitaremos noticias con historias de vida como la de alias Chinga Harry, que tal vez en otro escenario social, familiar y personal, no habría tomado la decisión de forjar su vida en el crimen, pero que el Estado tampoco le abrió otros escenarios distintos que le permitieran construir un proyecto de vida diferente al que hoy lo tiene en los medios locales.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

Colombia: del tránsito migrante a la explotación.

En Colombia el tema de migración irregular no es nuevo. Las condiciones geográficas de su acceso a los dos océanos y la frontera terrestre caracterizada por grandes zonas selváticas, junto con la fragilidad institucional en un contexto de vulnerabilidad social, han propiciado el escenario para que este fenómeno exista y se aprovechado por las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Lo que hace al fenómeno un tema a considerar en Colombia en la actualidad, más allá de la crisis migratoria que enfrentan en Europa y el medio oriente, o de los discursos xenofóbicos y de supremacía racial que han rodeado candidaturas obtusas en los Estados Unidos, es una creciente ocurrencia del fenómeno que no ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y en efecto refleja la necesidad de atender esta manifestación del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia en el año 2014 se identificaron 2.111 migrantes irregulares posiblemente objeto de redes dedicadas al tráfico, en el año 2015 la cifra ascendió a 8.855, lo que representa un incremento del 319%. Tendencia al aumento que en este año seguramente se mantenga al considerar que durante el primer trimestre del año 2015 el número de migrantes irregulares detectados fue de 1.111, y en el mismo periodo del año 2016 la cifra va en 3.180.

De las nacionalidades detectadas encabeza la lista la cubana con más de 6.000 identificaciones en el año 2015, seguida de la nepalí con 720 y la somalí con 397. Lo anterior tiene una explicación a partir de la incertidumbre en la continuidad de la ley de Pies secos-Pies mojados de EE.UU causada por el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, y que ha sido detonante para que muchas personas beneficiadas con esa medida financien la salida de sus familiares que todavía permanecen en la isla tomando como una de las rutas el ingreso por Ecuador, teniendo en cuenta su medida de cielos abiertos, la cual fue tratada de corregir con la exigencia de una visa que no es de difícil acceso.

En ese sentido nos encontramos ante un escenario de cubanos migrantes irregulares que recurren a personas dedicadas al tráfico,  ingresan por Ecuador con dinero en efectivo y recorren por tierra el país, especialmente por las vías paralelas al Pacífico, hasta salir por la zona de Turbo hacia su destino final.

Lo anterior plantea un escenario crítico desde una perspectiva de derechos humanos y crimen organizado. De un lado, el ingreso de migrantes irregulares en ese número elevado y en muchos casos con dinero en efectivo, los precipita a ser víctimas de delitos patrimoniales y  sexuales, o en otros han sido considerados criminales.

Las organizaciones criminales en Colombia han identificado en esta práctica del tráfico de migrantes una fuente de ingreso al lograr dominar territorialmente las rutas por donde son transitados y hacer una suerte de peaje criminal de manera análoga  la ruta de la droga, en donde se ponen en riesgo la vida de ellos por posibles enfrentamientos, accionar militar o una tendencia de desembocar la migración irregular en el delito de trata de personas, pues el migrante irregular, indocumentado y en estado de necesidad, es proclive a ser sometido por redes criminales a distintas modalidades de la explotación humana.

La presencia de indígenas que no hablan español y se encuentran con nombres y cédulas tatuadas en sus brazos en cierta zona del país dedicada a la explotación de minería ilegal sometidos de esa forma al trabajo forzado. En otras zonas el pago al ser en efectivo y al haber sido víctimas de robo, los migrantes son víctimas de una serie de vejámenes sexuales o al sometimiento a la esclavitud sexual.

En principio el delito de tráfico ilícito de migrantes en Colombia no contempla a éstos como víctimas, pero la práctica de esa manifestación del crimen organizado los ha convertido en blanco fácil de violaciones de derechos, objeto de explotación por redes de trata de personas, y de otra serie de vejámenes que los convierten en víctimas, mutando nuestro país de zona de tránsito migratorio, al territorio de su explotación.

¿Esta Colombia preparada para la dimensión de este fenómeno?

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

Los retos del posconflicto desde la institucionalidad colombiana*

El actual proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con el objetivo de terminar el conflicto armado con uno de los actores armados, ha suscitado una serie de inquietudes acerca de las implicaciones del mismo para la institucionalidad desde sectores sociales, políticos, académicos y económicos, tanto desde criterios constructivos como de posturas que se oponen la salida negociada con el grupo FARC.

Sin entrar en consideraciones de tipo histórico, la presente entrada busca aportar a la reflexión sobre esas implicaciones en un escenario de firma de los acuerdos, y eventual refrendación o validación de los mismos, cualquiera que sea el mecanismo adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido, asumiendo la firma y aprobación de los acuerdos de La Habana, los retos que debe enfrentar el Estado colombiano no resultan sencillos y requieren de la suma de esfuerzos y articulación de todos los sectores para lograr su objetivo. 

-       - Presencia del Estado de derecho: Luego de la firma de los acuerdos, y la consecuente desmovilización de las estructuras guerrilleras, el Estado debe garantizar la presencia en las zonas en donde la presencia ha sido débil, especialmente la rural, pero no entendiendo su presencia desde una lógica exclusivamente militar y policiva, sino garantizando una presencia integral desde políticas públicas de acceso a servicios básicos, restablecimiento de derechos y garantías de retorno para la población vulnerable y victimizada por el conflicto armado.

-      -  Nuevas dinámicas del delito y resurgimiento de la violencia: Un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto con las FARC no garantiza el cese de la violencia ni del cometimiento de delitos. La evidencia demuestra que incluso la violencia puede llegar a incrementarse a causa del mercado de armas, incertidumbre e inseguridad en materia de los acuerdos firmados y hasta acciones de venganza. En ese sentido, cifras recientes muestran una tasa promedio mundial de homicidios del 6,2, en Latinoamérica de 16,2, y en Colombia de 35. La Organización Mundial de la Salud considera epidemia una tasa superior al 10.

-   - Desarme: La demanda de armamento en contextos de postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia, los comerciantes de armas o los desmovilizados que no entregaron sus armas, buscan negociar de nuevo el material que aún tienen en su poder, y frente a la incertidumbre de la población por el cumplimiento de los acuerdos, se activa de nuevo este mercado.En los países de Centroamérica, los niveles de violencia asociados con arma de fuego, fueron por lo general más altos durante el postconflicto que durante el conflicto mismo, entre otras razones, debido a la creación de nuevas policías y cuerpos de seguridad armados, en muchas ocasiones inexpertos para combatir el crimen, y propensos a la corrupción[1].

Esto implica que el Estado debe responder con el fortalecimiento de la justicia y de persecución de la nueva criminalidad organizada, de la mano de acciones de reconciliación colectiva que permitan mitigar el posible incremento de actos de violencia.

-     - Fortalecimiento de la reparación integral: Actualmente se enfocan la mayor cantidad de recursos en la atención y asistencia a las víctimas, pero se está dejando de lado la reparación integral que constituye una medida de mediano y largo plazo para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.Las medidas de educación y formación para el empleo deben orientarse desde un enfoque diferencial que atienda a las condiciones particulares de la población víctima.

-       - Desmovilización, Reinserción y Reintegración: En la medida en que el Estado no articule esfuerzos con los actores económicos, sociales y políticos que garanticen que el proceso de reintegración sea efectivo y se alcance la seguridad y estabilidad del posconflcito, el resurgimiento de la violencia y las dinámicas del conflicto van a perdurar, especialmente para los combatientes jóvenes quienes suelen conformar las principales cifras de víctimas y victimarios en una transformación del conflicto.

-       - Seguimiento y ajustes de la política pública de seguridad y convivencia en el posconflicto: Se debe garantizar la formulación y el  seguimiento participativo y diferencial con nuevos actores de la política pública desde lo local teniendo en cuenta la mutación del fenómeno delictivo propio del posconflicto, en aras de garantizar los ajustes necesarios para enfrentarlas.

Enfocar el posconflicto exclusivamente desde una óptica de justicia restringida a lo penal, excluyendo propuestas de alternatividad, además de desconocer otros retos que debe abordar el Estado frente a la mutación de las dinámicas delictivas, nos pondría no solamente en riesgo de eventuales escenarios de justicia internacional, sino que abriría internamente una avalancha de conflictos difíciles de abordar causando un empeoramiento del orden público, el recrudecimiento de la violencia, la victimización y revictimización, que empeoraría la situación de DDHH y DIH.

La paz no se firma en La Habana. El reto de construirla comienza después de esa eventual firma. No es tanto desalentar el apoyo de quienes hemos estado rodeando el proceso con las FARC, sino atender con entereza los retos de un posconflicto, que con sus costos, siempre será mejor que una prolongación de la guerra.

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* Resumen de la ponencia presentada en el foro "El suroccidente colombiano frente al posconflicto" organizado por la Universidad Santiago de Cali, en esa ciudad durante los días 23 y 24 de abril de 2015.

[1] (UNODC, 2006), Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, UNODC, Bogotá

Sobre la pena de muerte: Una medida que no vale la "pena"

Acostumbrado el país a promover reformas y cambios guiados por emociones y pasiones, en su mayoría agitados por los medios, o por personajes de la escena política que no miden la responsabilidad de su agitación, se acaba de abrir nuevamente el debate sobre la pertinencia y necesidad de la pena de muerte en Colombia, a propósito del lamentable, repudiable y asqueroso acto cometido contra los 4 niños en Florencia.

Aparecen sectores que en tono de salvadores incitan las pasiones y, haciendo uso instrumental del dolor mediático,  enarbolan banderas de reformas atribuyendo a éstas un tinte de conjuro a males estructurales de nuestra sociedad.

En el caso de la pena de muerte, el debate no ha sido sereno, ni mucho menos se ha zanjado en ninguna instancia, especialmente por las convulsiones violentas que cada día presenciamos y que han revivido en varias oportunidades el tema.

Con al objetivo de aportar desde la tranquilidad de mi escritorio, me permito plantear los motivos por los que desde mi postura, la pena de muerte no solo no es pertinente ni viable, sino rechazable:

1. Las debilidades del sistema judicial colombiano permitirían la aplicación de la pena de muerte a inocentes. En Colombia la justicia no solamente presenta elevados índices de impunidad, sino que se ha visto rodeada de una serie de fallas en el sistema, que entre varios motivos podríamos encontrar la falta de capacidad de la policía judicial, la poca tecnificación de investigadores, fiscales y jueces, y la interferencia de los medios y la política en las decisiones judiciales, entre otros.

Esta realidad ha permitido la condena de inocentes. Hasta el año 2012 el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, ha revisado 1200 casos, ente los que destaca al caso de Manuel Mena, condenado en 1993 por homicidio, y quien resultara ser inocente. El error: ligereza de las autoridades para identificar al verdadero autor y contrastarlos con las características y rasgos de Manuel.

La justicia es administrada por hombres, y por lo tanto tiende al error, precisamente cuando existe esa posibilidad, no se puede abrir esa puerta. En EE.UU, cuyo sistema se presume más sólido que el nuestro, presentó 6 casos en 2004, y 2 en 2005, en los que se iba a llevar a ejecución a inocentes, condenados por indebidas actuaciones de la fiscalía, errores en la valoración testimonial y probatoria, defensas técnicas deficientes, entre otros.

2. La finalidad disuasoria de la pena en la reducción de la criminalidad no es incidente. La ONU en el año 2002 concluye luego de analizar los datos sobre criminalidad y pena de muerte, que los Estados pueden reducir la aplicación de la medida sin temor alguno al incremento de las conductas delictivas.

En efecto, estudios que han abordado el impacto de la pena de muerte en la reducción de la criminalidad se remontan hasta 1935,  en todos la conclusión es contundente: no hay evidencia que permita afirmar que la pena de muerte reduce la criminalidad, incluso en algunos Estados las cifras de delitos presentaron un incremento.

3. Los requisitos de procedimiento constitucional. Tal vez la menos relevante para algunos, y la más formalista de las razones, la encuentro en la cláusula pétrea que contiene nuestra Constitución Política. El artículo 11, de acuerdo a su redacción, permite inferir que la prohibición de la pena de muerte es de carácter pétreo,  lo que implica que su reforma sustituiría el espíritu constitucional y del constituyente de 1991.

Para tal efecto, no habría posibilidad de una reforma constitucional de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que el procedimiento debería el de expedir una nueva Constitución para no sustituir o alterar el sentido actual de la misma.

En ese sentido, una postura a favor de convocar una constituyente con el objetivo de levantar la prohibición de la pena de muerte en Colombia, constituye un retroceso. A partir de 1985 más de 50 países han abolido la pena de muerte, mientras solamente 4 que la tenían prohibida la revivieron.

Desde la perspectiva histórica, el movimiento abolicionista surge con la ilustración y la humanización del derecho penal. Beccaria definió la pena de muerte como la guerra de una nación contra un ciudadano a quien destruir resulta útil, o necesario para los jueces. En un Estado social de derecho no podemos confundir justicia con venganza, pues al hacerlo tiramos al traste los resultados de evolución institucional, y recordando a Víctor Hugo, caeríamos en un signo peculiar de barbarie.

Valdría la pena, para terminar,  citar al penalista argentino Elías Neuman, quien en alguna oportunidad se refirió a las agitaciones mediáticas en favor de la pena de muerte. El académico afirmó que  “es muy peligroso que gente que pueda influir sobre la opinión pública salga a declarar con liviandad sobre una cuestión tan profunda y delicada como lo es la pena de muerte, y encima con ideas muy mal elaboradas y sin sustento empírico alguno”.

No hay duda que la agitación incluso permite una sensación de popularidad y apoyo popular, pero para un Estado de derecho, la serenidad de las decisiones se deben tomar atendiendo a bases empíricas, de justicia y no venganza, y que hagan honor a la dignidad humana. Las reformas que se requieren, más que consagrar penas, como la pena de muerte, requieren que efectivamente sean reformas cuyos esfuerzos por rescatar la vida, atacar las causas de la criminalidad, entre otras, sean medidas que valgan la pena.

Quiero finalizar, a modo de reflexión, con esta frase del marqués de Myshkin, personaje de Dostoievski, “Matar a quien ha cometido un asesinato es un castigo incomparablemente peor que el asesinato mismo. El asesinato a consecuencia de una sentencia es infinitamente peor que el asesinato cometido por un bandido.” Es legitimar el asesinato estatal.