Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

"La culpa es de los migrantes"

Se han vuelto  comunes las frases en discursos políticos y redes sociales señalando a los migrantes, regulares e irregulares, como la principal causa de los males sociales y económicos en los países del centro, y como una verdadera amenaza a la seguridad nacional exigiendo cierres de frontera o medidas represivas para reducir el “problema”.

La criminalización y satanización de los migrantes, especialmente quienes tienen el carácter de irregulares, no es más que una manera de señalar a responsables sin una mínima consideración de contexto en torno al fenómeno de las migraciones y su creciente ocurrencia actualmente.

De acuerdo con informes de Naciones Unidas, las principales causas de salida de los ciudadanos de sus países de origen, especialmente desde la región sur, se deben a problemas de estabilidad política y económica, conflictos armados, debilidades en la inserción laboral y de consecución de ingresos, generando vulnerabilidades que motivan la búsqueda en el exterior de una mejor posibilidad de vida, a veces incurriendo en la violación de requisitos de salida de sus propios países en la periferia, y de entrada y permanencia en los países del centro.

Esto implica una nueva consideración en torno a la seguridad, pues no se trata de una amenaza clásica entendida netamente en clave militar, sino que rompe la perspectiva que ha imperado. De hecho, aunque la migración irregular se ha asociado a temas de seguridad nacional desde una lectura restrictiva de la soberanía y de protección de fronteras,  hoy una mirada profunda nos lleva a romper ese privilegio que se ha dado al tema y que ha relegado la postura de protección y garantía de derechos humanos.

Numerosos estudios sobre las migraciones han concluido que la vulnerabilidad de los migrantes irregulares se incrementa en los países de destino dada la restricción a los mercados laborales y a la proclividad a incursionar en actividades ilícitas o asociadas al crimen organizado, como la trata de personas o haber sido objeto del tráfico ilícito de migrantes.

La crisis migratoria ha recibido un enfoque equivocado. El discurso busca señalar al migrante como la amenaza, sin considerar que la amenaza proviene de situaciones políticas y económicas que han obligado al migrante a huir de esa realidad, y que el fortalecimiento a veces cruento de los controles migratorios, solamente favorece a las redes del crimen organizado trasnacional quienes se lucran de la necesidad de escape para traficar con seres humanos.

Cada día somos testigos de noticias sobre migrantes irregulares maltratados, asesinados, o muertos por su travesía al intentar ingresar a un país de destino y huir de las autoridades. Cada día el crimen organizado encuentra formas más sofisticadas de omitir a las autoridades o penetrarlas, sin incurrir en amenazas militares a los Estados, sino violentando las garantías fundamentales de quienes caen en sus redes.

El crimen organizado constituye una amenaza a la institucionalidad, y su forma de operar se circunscribe a una lógica de mercado, en donde su objetivo es optimizar ganancias y recursos.

Los estudios citados nos demuestran que la vulnerabilidad en los países de origen, llevan a que los migrantes trasladados a los países de destino se enfrenten a condiciones de inseguridad y violencia, siendo foco del crimen organizado. En otras palabras, las amenazas migratorias de los países de destino son causadas por condiciones de vulnerabilidad de los países de origen.

La respuesta policial y represiva de los países de destino es entendible desde el concepto restringido del Estado-nación, pero una realidad globalizada en donde se han relativizado las fronteras y se han recrudecido las condiciones de muchos países de la periferia, nos indican la necesidad de tomar dos factores:

De un lado, la vulnerabilidad en los países de la periferia causada a veces por las misma políticas económicas impuestas por los países del centro, han causado exclusión, problemas de inserción laboral y educativo, inestabilidad política y militar, que motivan la salida del país en busca de mejores oportunidades; de otro, las redes de crimen organizado dedicadas al tráfico de migrantes operan de manera más sofisticada permeando las estructuras estatales para lograr penetrar fronteras y operar con mayores garantías de impunidad, valiéndose de la necesidad en los países de origen.

Estas dos realidades resumen la verdadera amenaza global de las migraciones, y son las que demandan verdadera atención por parte de los Estados.

Desde la creación de la Convención para reprimir el crimen organizado de las Naciones Unidas, junto con dos de sus protocolos orientados al tema de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se ha hecho un llamado por parte de sus órganos técnicos a combatir las condiciones de vulnerabilidad y enfocar los esfuerzos en la atención de víctimas y la persecución de las redes criminales organizadas.

A modo de ejemplo de lo anterior, basta con una mirada a las noticias de migrantes muertos en el mar mediterráneo que huyen del África para ingresar a Europa. Las cifras de migrantes detenidos en la frontera de EE.UU y las condiciones que deben enfrentar, o los datos de mujeres explotadas en países del primer mundo y contrastar sus nacionalidades.

La amenaza a la seguridad se encuentra hoy en la amenaza a las garantías fundamentales de los individuos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que son aprovechados por las organizaciones del crimen trasnacional el cual ha impactado con violencia, corrupción en todos sus niveles y afectación a la justicia la verdadera seguridad estatal.

La seguridad humana y nacional no son términos excluyentes. De hecho los problemas asociados a la movilidad, la globalización y la industrialización exigen una mirada articulada de ambas visiones de la seguridad, y superar el desplazamiento que en materia de derechos humanos ha hecho la visión militarista de seguridad.