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viernes, 22 de julio de 2016

Crimen y ¿castigo? El reto más allá de la represión punitiva.



La propensión y la exposición criminógena son factores dentro de la denominada teoría de la acción situacional que pretenden explicar las motivaciones que tienen ciertos individuos para entrar en situaciones criminales, esto es, responder a la pregunta del por qué la gente delinque.

En breves palabras se puede afirmar con base en ella que existen factores intrínsecos al individuo que tienen que ver con sus habilidades para enfrentar la oportunidad de cometer un delito y que se construyen a lo largo del ciclo de vida del sujeto, incluso desde la gestación, e involucran factores de crianza y de calidad del servicio educativo; del mismo modo existe otros factores externos al individuo que tienen que ver con el ambiente físico y social en el que se desenvuelve, de manera que la interacción social y las situaciones de segregación, abandono y vulnerabilidad influyen en la decisión delictiva de una persona.

Hace un par de semanas los medios de comunicación informaban sobre la captura en Cali de alias Chinga Harry de 22 años, conocido también como el “terror de Floralia” (barrio de esa ciudad), a quien se le acusa de unos 50 homicidios entre otros delitos y que se afirma comenzó su vida criminal desde los 12 años de edad.

En Brasil el Observatorio de Favelas publicó un informe basado en la encuesta a miembros de facciones criminales en el que el 67% de los participantes tenían entre los 16 y 18 años y más de la mitad había comenzado su actividad criminal antes de los 15 años. El factor común en ellos era el origen de zonas vulnerables de la ciudad, con deficiencias educativas y pocas oportunidades laborales, además provenientes de familias disfuncionales.

La situación en Colombia, además de las necesidades de fortalecimiento de la Justicia para evitar la impunidad y que las penas cumplan su función disuasiva, requiere que se asuma una concepción de seguridad ciudadana como una política pública de desarrollo de individuos y familias que logren prevenir la situación criminal de cientos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Combatir el crimen desde un enfoque preventivo, no solamente tendrá un efecto a largo plazo en la criminalidad, sino en situaciones de hacinamiento carcelario e incluso en el desarrollo de las ciudades, especialmente de las receptoras de población víctima del conflicto armado y que se espera que además sean los escenarios de reinserción en el post-acuerdo con las FARC y los eventuales acuerdos que se logren con otros grupos.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero no solamente desde el fortalecimiento de la justicia a través de sanciones ejemplares, sino con la intervención directa y coordinada de escenarios de exposición criminógena que generen oportunidades, plenos derechos de salud, educación y esparcimiento para sus habitantes. De la misma manera la empresa privada debe asumir con claridad que en sus manos se encuentra la posibilidad de ofrecer opciones de vida dentro de la legalidad, con garantías laborales y de inclusión para poblaciones vulnerables, y no solamente clamar mayor policía para la seguridad de sus bienes.

No se trata  de reducir ni justificar la criminalidad por factores de vulnerabilidad, pues casos como el de los Nule, por mencionar algunos, evidencian que no solamente se delinque por necesidad; tampoco se pretende  criminalizar la vulnerabilidad al afirmar que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Por el contrario se propone una visión amplia de la seguridad desde la prevención temprana que evite, junto con otras medidas, el crecimiento de la delincuencia que es aprovechada por muchas redes de crimen organizado para reclutar niños, niñas y adolescentes para su lucro.

Un Estado que intervenga de manera temprana ambientes sociales, familiares y físicos, más allá de medidas represivas, sino con una lectura profunda y contundente sobre la propensión y la exposición criminógena, logrará prevenir el delito, mayor confianza en las instituciones y mejor calidad de vida de sus asociados.

De esta manera, con la articulación de medidas disuasivas de la Justicia, pero con medidas preventivas desde la intervención temprana en la población más vulnerable, evitaremos noticias con historias de vida como la de alias Chinga Harry, que tal vez en otro escenario social, familiar y personal, no habría tomado la decisión de forjar su vida en el crimen, pero que el Estado tampoco le abrió otros escenarios distintos que le permitieran construir un proyecto de vida diferente al que hoy lo tiene en los medios locales.

sábado, 6 de septiembre de 2014

TRANSPORTE PÚBLICO, EQUILIBRIO FINANCIERO Y DERECHOS FUNDAMENTALES: La movilidad más allá de $100 pesos



El incremento formalmente mínimo de $100 pesos que se anunció para 2015, materialmente resulta ofensivo para una ciudad que ha tenido que soportar un servicio deficiente, y que pareciera pretender un equilibrio financiero, por encima de una efectividad del servicio.

El Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Cali, fue una estrategia que respondiera a los problemas generados por la densidad poblacional de la capital vallecaucana, y las dificultades de movilidad, pues según se justificaba en las iniciativas de la época, el transporte tradicional no era consecuente con las necesidades de la población.

Con el nuevo sistema se buscaba dar solución a problemas de congestión vehicular, inseguridad al interior del transporte colectivo, reducción de la carga contaminante, y los problemas asociados a la llamada “guerra del centavo” entre los motoristas.

De otro lado, el sistema se concibió como una forma de articular de manera anillar a una ciudad caracterizada por su estructura monocéntrica, esto es, que sus actividades principales, productivas y de desarrollo urbano en su mayoría se encuentran concentradas en determinada zona, y que el diseño debía, por lo tanto, garantizar la articulación de la periferia con esa zona urbana de mayor movimiento de industria, servicios, gobierno, entre otras.

Lamentablemente desde su implementación, el SITP - MIO parece estar empeñado en cualquier cosa, menos en alcanzar esos objetivos. En principio, el problema social que ocasionó la decisión, de más soberbia y arrogante de un Secretario de Tránsito en la alcaldía de Guerrero de reducir la oferta de buses tradicionales a cualquier costo, desconociendo lo contemplado en el Decreto 0302 de 2007, complementado por la resolución 0408 de 2012 que establecía las condiciones para la eliminación de vehículos, así como su incorporación al Sistema, “de manera que la capacidad transportadora prevista refleje adecuadamente el retiro del servicio de los vehículos adquiridos o desintegrado físicamente por el SITM”.

Ese retiro de vehículos, que se justifica en la medida en que se debe reducir la oferta  del transporte colectivo tradicional para lograr la estabilidad financiera y los demás objetivos del Sistema, y que requería sacar los otros tipos de transporte,  no debía hacerse de forma arbitraria ni oscura, sino de forma progresiva para no afectar a los transportadores del servicio tradicional.

Por otro lado, reducir la oferta del transporte tradicional implica garantizar que el cubrimiento del Sistema efectivamente supliera la demanda de transporte, y que logara el objetivo de articular la ciudad. La realidad es que la cobertura es deficiente, y las zonas periféricas (comunas 14, 21, 18, 22 y ladera) se encuentran con insuficiencia en el abastecimiento de transporte para conectarla con esa ciudad monocéntrica.

Sin entrar en mayores factores descriptivos de las fallas del Sistema (mal mantenimiento de los vehículos, fallas en la implementación de medidas con enfoque diferencial para población con discapacidad y adultos mayores, excesivos tiempos de espera, entre otros) lo cierto es que más que un tema de equilibrio financiero, se trata de un tema de carácter humano en una ciudad con graves problemas sociales.

De un lado, la afectación de la ocupación de los transportadores y toda la cadena que participaba en el servicio de transporte colectivo que perdió su fuente de ingreso de manera abrupta y no progresiva con concertaciones y medidas paliativas, y de otro las afectaciones a la comunidad usuaria del SITP – MIO, evidencian que se trata de un servicio deficiente y que afecta de forma sustancial derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad.

En los últimos días a la inconformidad con el servicio prestado por la empresa Metro Cali S.A. y los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público – MIO, se le ha sumado la molestia generada por el anuncio del incremento en la tarifa de este servicio para el próximo año en $100 pesos, y las implicaciones de la renegociación del contrato con los operadores.

El incremento formalmente mínimo de $100 pesos que se anunció para 2015, materialmente resulta ofensivo para una ciudad que ha tenido que soportar un servicio deficiente, y que pareciera pretender un equilibrio financiero, por encima de una efectividad del servicio.

El equilibrio financiero que los operadores y directivos de Metro Cali S.A. requieren, no puede estar divorciado de un servicio que se preste con garantías y mínimos para una población, especialmente la que se encuentra en la periferia, que requiere de proyectos de inclusión, y es precisamente la movilidad uno de los factores que hoy a través del Masivo Integrado de Occidente se ha convertido en factor de exclusión y olvido para ellos.
  
Metro Cali S.A, las autoridades locales deben comprender, que si bien es cierto el transporte masivo es una industria, es deber del Estado local garantizar que ese servicio se preste en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, y que el alto tribunal constitucional en su sentencia C – 439 de 2011 precisó por cuanto se trata de un derecho de libre locomoción y de libre acceso, que el Estado debe diseñar y ejecutar “políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”.

Tal vez si sus dueños y directivos buscaran efectivamente fomentar el uso de este medio de transporte, garantizando un servicio o al menos fortaleciendo su prestación en condiciones de calidad y garantizando la integración de la ciudad, la ciudadanía no encontraría grosero y atorrante el incremento de $100 pesos en su tarifa de movilidad.