Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Crimen y ¿castigo? El reto más allá de la represión punitiva.

La propensión y la exposición criminógena son factores dentro de la denominada teoría de la acción situacional que pretenden explicar las motivaciones que tienen ciertos individuos para entrar en situaciones criminales, esto es, responder a la pregunta del por qué la gente delinque.

En breves palabras se puede afirmar con base en ella que existen factores intrínsecos al individuo que tienen que ver con sus habilidades para enfrentar la oportunidad de cometer un delito y que se construyen a lo largo del ciclo de vida del sujeto, incluso desde la gestación, e involucran factores de crianza y de calidad del servicio educativo; del mismo modo existe otros factores externos al individuo que tienen que ver con el ambiente físico y social en el que se desenvuelve, de manera que la interacción social y las situaciones de segregación, abandono y vulnerabilidad influyen en la decisión delictiva de una persona.

Hace un par de semanas los medios de comunicación informaban sobre la captura en Cali de alias Chinga Harry de 22 años, conocido también como el “terror de Floralia” (barrio de esa ciudad), a quien se le acusa de unos 50 homicidios entre otros delitos y que se afirma comenzó su vida criminal desde los 12 años de edad.

En Brasil el Observatorio de Favelas publicó un informe basado en la encuesta a miembros de facciones criminales en el que el 67% de los participantes tenían entre los 16 y 18 años y más de la mitad había comenzado su actividad criminal antes de los 15 años. El factor común en ellos era el origen de zonas vulnerables de la ciudad, con deficiencias educativas y pocas oportunidades laborales, además provenientes de familias disfuncionales.

La situación en Colombia, además de las necesidades de fortalecimiento de la Justicia para evitar la impunidad y que las penas cumplan su función disuasiva, requiere que se asuma una concepción de seguridad ciudadana como una política pública de desarrollo de individuos y familias que logren prevenir la situación criminal de cientos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Combatir el crimen desde un enfoque preventivo, no solamente tendrá un efecto a largo plazo en la criminalidad, sino en situaciones de hacinamiento carcelario e incluso en el desarrollo de las ciudades, especialmente de las receptoras de población víctima del conflicto armado y que se espera que además sean los escenarios de reinserción en el post-acuerdo con las FARC y los eventuales acuerdos que se logren con otros grupos.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero no solamente desde el fortalecimiento de la justicia a través de sanciones ejemplares, sino con la intervención directa y coordinada de escenarios de exposición criminógena que generen oportunidades, plenos derechos de salud, educación y esparcimiento para sus habitantes. De la misma manera la empresa privada debe asumir con claridad que en sus manos se encuentra la posibilidad de ofrecer opciones de vida dentro de la legalidad, con garantías laborales y de inclusión para poblaciones vulnerables, y no solamente clamar mayor policía para la seguridad de sus bienes.

No se trata  de reducir ni justificar la criminalidad por factores de vulnerabilidad, pues casos como el de los Nule, por mencionar algunos, evidencian que no solamente se delinque por necesidad; tampoco se pretende  criminalizar la vulnerabilidad al afirmar que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Por el contrario se propone una visión amplia de la seguridad desde la prevención temprana que evite, junto con otras medidas, el crecimiento de la delincuencia que es aprovechada por muchas redes de crimen organizado para reclutar niños, niñas y adolescentes para su lucro.

Un Estado que intervenga de manera temprana ambientes sociales, familiares y físicos, más allá de medidas represivas, sino con una lectura profunda y contundente sobre la propensión y la exposición criminógena, logrará prevenir el delito, mayor confianza en las instituciones y mejor calidad de vida de sus asociados.

De esta manera, con la articulación de medidas disuasivas de la Justicia, pero con medidas preventivas desde la intervención temprana en la población más vulnerable, evitaremos noticias con historias de vida como la de alias Chinga Harry, que tal vez en otro escenario social, familiar y personal, no habría tomado la decisión de forjar su vida en el crimen, pero que el Estado tampoco le abrió otros escenarios distintos que le permitieran construir un proyecto de vida diferente al que hoy lo tiene en los medios locales.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

Uribismo y la cínica oposición

Uno de los varios indicadores para medir el nivel democrático de un gobierno reposa en el entorno que rodea a la oposición y a las visiones antagónicas al oficialismo. En ese sentido, además de las condiciones para elecciones periódicas que permitan la alternancia del poder, es necesario que existan espacios para el ejercicio de contradicción por parte de opositores al gobierno de turno, sin señalamientos ni estigmatizaciones por parte del discurso oficial que ponga en riesgo su libre ejercicio político.

Por su parte, la oposición tiene unos límites éticos en cuanto al ejercicio como tal de su derecho político y democrático, especialmente si como en el caso colombiano esa bancada ha detentado las riendas del poder político.

En este caso, luego de la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, ha sido cada vez más fuerte y marcada la oposición que el denominado uribismo ha querido visibilizar ante la opinión pública.

Este sector político liderado por el expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez, acompañado por una serie de personajes desconocidos que reposan bajo su ala sin mayor  logro que haber defendido el llamado legado de la Seguridad Democrática, y que viven de vociferar mentiras como mantras para animar a sus huestes en redes sociales, es un ejemplo de la transgresión a los límites éticos que debe tener una oposición.

Durante el gobierno del senador Uribe se tomaron varias decisiones similares a las que hoy le critican al gobierno de Santos. En algunos casos incluso intentaron adelantar gestiones que hoy le son reprochadas al gobierno y que durante su oportunidad de alguna forma fueron truncadas las aspiraciones, legítimas o no, legales o no.

A modo de ejemplo basta mencionar:

-       El gobierno de Uribe intentó adelantar un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, afirmando incluso que si era necesario eliminar los obstáculos jurídicos para su participación política, esto debía lograrse. Hoy critica la posibilidad que se ha considerado en el proceso de La Habana.

-       El uribismo critica el aumento irrisorio del salario mínimo, junto con el rechazo a la posibilidad del aumento del IVA, lo cual sería considerado si no fuera porque durante ese gobierno los incrementos salariales en varios de los 8 años no pasaron de la inflación, aumentó del 8% al 16% el IVA y subió del 2 al 4 x mil.

-       Como oposición han señalado que se sienten objeto de persecución por parte del oficialismo, pero durante el gobierno de Uribe se institucionalizaron los falsos positivos, las mal llamadas chuzadas del DAS, el señalamiento a las Cortes y Jueces y la satanización a periodistas y opositores siendo graduados de “guerrilleros vestidos de civil”.

-       El uribismo ha sido enfático en oponerse, como muchos sectores, a la venta de ISAGÉN, pero en el año 2007 durante su mandato planearon venderla por un valor de 4.5 billones de pesos.

-       Uribe afirmó durante su gobierno que era objeto de ataques mentirosos sobre su gestión y otras acciones que varios reprochábamos por su abuso del poder, pero es hoy el uribismo quien se ha basado en una serie de mentiras para oponerse al proceso con las FARC, como que mantendrán sus armas, entre otras.

Resultan estos algunos ejemplos que merecen la atención para entender que la oposición tiene derecho democrático a ejercer políticamente su contradicción al gobierno de turno, pero debe tener un deber ético cuando se mira al pasado y puede resultar con rabo de paja.

Han resultado como opositores grandes fieras en redes sociales aprovechando la mala memoria del colombiano para oponerse a varias decisiones del débil gobierno de Santos, y precisamente por esa mala memoria y del cinismo que los caracteriza, es que han pasado inmaculados  por el fuego teniendo un gran rabo de paja frente a las críticas que han enarbolado. 

Senador Uribe, lo inconstitucional es mantener la guerra. (Sobre el cese bilateral)

Como si no fueran suficientes los golpes que debe sufrir la credibilidad del proceso de La Habana por cuenta de la reciente escalada de acciones militares por parte de las FARC, también este debe sortear una serie de mentiras y falsedades que se han tejido alrededor suyo por cuenta de quienes desconocen el alcance del proceso, o que tal vez solamente quieran desinformar.

En ese grupo se encuentra claramente el partido de oposición, otrora amañado en el poder, Centro Democrático, el cual ha encabezado una serie de críticas delirantes, irracionales y contradictoras en contra del proceso de La Habana que no me detendré a mencionar en detalle, salvo la que me motiva a escribir esta entrada: la falsa afirmación del senador Uribe sobre la inconstitucionalidad del cese bilateral.

En días pasados los medios nacionales y locales registraban las afirmaciones, que como de costumbre hace sin sustento y sin debate, criticando el proceso y la decisión de desescalar el conflicto armado. Fue allí en donde sin mayor detenimiento afirmó que el cese bilateral es “imposible constitucionalmente” por igualar a las Fuerzas Militares con el terrorismo, insistiendo en su propuesta de concentrar a las FARC en sitios determinados.

Resulta senador Uribe que es más inconstitucional condenar a los pueblos campesinos e indígenas a seguir soportando el fuego cruzado, las acciones militares de las partes, y los señalamientos de apoyar a uno u a otro actor del conflicto.

Basta dar una mirada a la Constitución, que por cierto usted quiso manipular en beneficio de su poder perpetuo, para reconocer la viabilidad jurídica de un cese bilateral:

1. De acuerdo con el artículo 189 numeral 3, corresponde al Presidente de la República “Dirigir la fuerza pública  y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”, claramente entendiendo que esa disposición no implica actos que atente contra el orden jurídico, como al parecer fuesen los casos ordenados en contra de civiles conocidos como “Falsos Positivos”.

2. El artículo 217 establece como función primordial de las Fuerzas Militares defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, luego si no existen acciones que deban repeler de ningún modo se encontraría desconociendo su mandato constitucional.

3. Mediante Acto Legislativo 01 de 2012 se incorporó en la Constitución el artículo transitorio 66 en el cual se adoptan medidas de justicia transicional “para los distintos grupos armados al margen de la ley (…) y también para los agentes del Estado”.

4. El DIH reconoce y acepta las suspensiones de armas, las cuales no implican modificación al estado de guerra, ni suspensión de la aplicación del derecho internacional, sino simplemente un acuerdo concertado que permita alcanzar determinado objetivo definido por las partes en conflicto, como en este caso es el desescalamiento para una terminación definitiva del conflicto.

5. Concentrar en plenas negociaciones a las FARC, desarmados, es desde una mirada objetiva y lógica condenarlos de entrada y aceptar el confinamiento sin haber terminado de negociar los puntos del acuerdo, lo cual es claramente una opción que resulta inviable como parte activa dentro del conflicto.

Resulta pues una afirmación claramente infundada por parte del senador Uribe, incluso desproporcionada y hasta mezquina, si recordamos los actos por los que ha sido señalado su gobierno, y quien llega al cinismo de afirmar que el desescalamiento es inhumano. Lo inconstitucional resulta mantener esta guerra, y esperar que cientos de policías, militares, campesinos, indígenas, entre otros, sigan recibiendo las balas de un conflicto que probablemente ni siquiera entiendan.

En este momento urge lograr credibilidad en las negociaciones, y asumir posiciones constructivas, sin renunciar a la libertad de crítica, pero con coherencia, y que no falten a la verdad.

Asumir posiciones mentirosas, incoherentes y delirantes, que solamente buscan minar los intentos de terminar un conflicto, como la que actualmente asume el uribismo y que sus banderas ondea con fuerza cada día, solamente aleja la posibilidad de avanzar en la construcción de Estado, y nos mantiene condenados a seguir viendo a soldados, policías y en general a los colombianos, caer desangrados por esta guerra sin sentido.

Los retos del posconflicto desde la institucionalidad colombiana*

El actual proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con el objetivo de terminar el conflicto armado con uno de los actores armados, ha suscitado una serie de inquietudes acerca de las implicaciones del mismo para la institucionalidad desde sectores sociales, políticos, académicos y económicos, tanto desde criterios constructivos como de posturas que se oponen la salida negociada con el grupo FARC.

Sin entrar en consideraciones de tipo histórico, la presente entrada busca aportar a la reflexión sobre esas implicaciones en un escenario de firma de los acuerdos, y eventual refrendación o validación de los mismos, cualquiera que sea el mecanismo adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido, asumiendo la firma y aprobación de los acuerdos de La Habana, los retos que debe enfrentar el Estado colombiano no resultan sencillos y requieren de la suma de esfuerzos y articulación de todos los sectores para lograr su objetivo. 

-       - Presencia del Estado de derecho: Luego de la firma de los acuerdos, y la consecuente desmovilización de las estructuras guerrilleras, el Estado debe garantizar la presencia en las zonas en donde la presencia ha sido débil, especialmente la rural, pero no entendiendo su presencia desde una lógica exclusivamente militar y policiva, sino garantizando una presencia integral desde políticas públicas de acceso a servicios básicos, restablecimiento de derechos y garantías de retorno para la población vulnerable y victimizada por el conflicto armado.

-      -  Nuevas dinámicas del delito y resurgimiento de la violencia: Un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto con las FARC no garantiza el cese de la violencia ni del cometimiento de delitos. La evidencia demuestra que incluso la violencia puede llegar a incrementarse a causa del mercado de armas, incertidumbre e inseguridad en materia de los acuerdos firmados y hasta acciones de venganza. En ese sentido, cifras recientes muestran una tasa promedio mundial de homicidios del 6,2, en Latinoamérica de 16,2, y en Colombia de 35. La Organización Mundial de la Salud considera epidemia una tasa superior al 10.

-   - Desarme: La demanda de armamento en contextos de postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia, los comerciantes de armas o los desmovilizados que no entregaron sus armas, buscan negociar de nuevo el material que aún tienen en su poder, y frente a la incertidumbre de la población por el cumplimiento de los acuerdos, se activa de nuevo este mercado.En los países de Centroamérica, los niveles de violencia asociados con arma de fuego, fueron por lo general más altos durante el postconflicto que durante el conflicto mismo, entre otras razones, debido a la creación de nuevas policías y cuerpos de seguridad armados, en muchas ocasiones inexpertos para combatir el crimen, y propensos a la corrupción[1].

Esto implica que el Estado debe responder con el fortalecimiento de la justicia y de persecución de la nueva criminalidad organizada, de la mano de acciones de reconciliación colectiva que permitan mitigar el posible incremento de actos de violencia.

-     - Fortalecimiento de la reparación integral: Actualmente se enfocan la mayor cantidad de recursos en la atención y asistencia a las víctimas, pero se está dejando de lado la reparación integral que constituye una medida de mediano y largo plazo para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.Las medidas de educación y formación para el empleo deben orientarse desde un enfoque diferencial que atienda a las condiciones particulares de la población víctima.

-       - Desmovilización, Reinserción y Reintegración: En la medida en que el Estado no articule esfuerzos con los actores económicos, sociales y políticos que garanticen que el proceso de reintegración sea efectivo y se alcance la seguridad y estabilidad del posconflcito, el resurgimiento de la violencia y las dinámicas del conflicto van a perdurar, especialmente para los combatientes jóvenes quienes suelen conformar las principales cifras de víctimas y victimarios en una transformación del conflicto.

-       - Seguimiento y ajustes de la política pública de seguridad y convivencia en el posconflicto: Se debe garantizar la formulación y el  seguimiento participativo y diferencial con nuevos actores de la política pública desde lo local teniendo en cuenta la mutación del fenómeno delictivo propio del posconflicto, en aras de garantizar los ajustes necesarios para enfrentarlas.

Enfocar el posconflicto exclusivamente desde una óptica de justicia restringida a lo penal, excluyendo propuestas de alternatividad, además de desconocer otros retos que debe abordar el Estado frente a la mutación de las dinámicas delictivas, nos pondría no solamente en riesgo de eventuales escenarios de justicia internacional, sino que abriría internamente una avalancha de conflictos difíciles de abordar causando un empeoramiento del orden público, el recrudecimiento de la violencia, la victimización y revictimización, que empeoraría la situación de DDHH y DIH.

La paz no se firma en La Habana. El reto de construirla comienza después de esa eventual firma. No es tanto desalentar el apoyo de quienes hemos estado rodeando el proceso con las FARC, sino atender con entereza los retos de un posconflicto, que con sus costos, siempre será mejor que una prolongación de la guerra.

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* Resumen de la ponencia presentada en el foro "El suroccidente colombiano frente al posconflicto" organizado por la Universidad Santiago de Cali, en esa ciudad durante los días 23 y 24 de abril de 2015.

[1] (UNODC, 2006), Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, UNODC, Bogotá

SOBRE EL ATAQUE EN EL CAUCA: Impacto humano y político al proceso de paz

El derecho internacional humanitario, como rama del derecho internacional, ha intentado de manera un pocoinfructuosa regular el comportamiento de los combatientes en el marco de conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, en aras de humanizar escenarios que de entrada tienden a la barbarie y la irracionalidad.

Precisamente por la misma cruenta realidad que se vive en el marco de estos conflictos, se ha favorecido desde las posturas más racionalistas las salidas negociadas para la superación de los enfrentamientos y poner fin a tragedia de las guerras.

Lo ocurrido en la madrugada del 15 de abril de 2015 en el departamento del Cauca, en donde la guerrilla de las FARC atacó a las FFMM dejando un número lamentable de heridos y bajas, es a todas luces un golpe duro para el estado actual de las negociaciones, especialmente cuando había un desescalamiento histórico del conflicto consecuencia del mismo cese unilateral propuesto por las FARC.

1.   La gravedad del ataque no radica en el ataque mismo, pues se tratan de objetivos militares, y el ejército no se encontraba ni desarmado, ni herido, ni habían solicitado cuartel. Lo grave es que las FARC, habiendo propuesto el cese de hostilidades unilateral aprovechara el descuido táctico del ejército y propiciara el ataque.

2.    No se trata de una masacre. Se tratan de bajas, y dolorosas como las ocurridas en todo conflicto por tratarse de la vida humana la que ha sido cegada, pero precisamente por tratarse de combatientes con la guardia baja, no implica un acto propiamente en población indefensa, aunque si cuestionable por la confianza generada en el ejército en materia del cese unilateral.

3.    Es preocupante desde el punto de vista político que las FARC violaran su propio cese unilateral, pues resulta un fuerte impacto a la ya maltrecha credibilidad que el grupo tiene, un acto de error político y que además puede dar la imagen de falta de unidad de criterio y mando, pudiendo desincentivar el apoyo de actores internacionales.

4.    Lo peor que se puede hacer sobre las bajas militares de la madrugada del 15, y de cualquier víctima del conflicto, es tratar de obtener réditos políticos, especialmente desconociendo cualquier estándar en materia de conflictos armados. Culpar al proceso es absurdo. El acuerdo final no se ha firmado, luego lo que se incumplió fue un  cese temporal y unilateral.

La decisión política más sensata en medio de este momento, pero que a todas luces sigue siendo lamentable, es la de levantar la suspensión de los bombardeos, que es mejor que haber levantado una mesa de negociación que se encuentra avanzada, y por su mismo estado avanzado, sorprende que ocurriera esta lamentable situación para las familias, la institucionalidad y la credibilidad del proceso mismo.

En verdad urge retornar al desescalamiento del conflicto, la firma del acuerdo final y la dejación de las armas. Si en verdad no queremos más víctimas civiles ni bajas militares, la solución no está en mantener indefinidamente el conflicto, sino buscar su terminación pronta, luego del fracaso militar que históricamente ha sido comprobado, por las víctimas, la sociedad civil y nuestras Fuerzas Armadas.

EL PROCESO DE PAZ Y EL PELIGROSO DISCURSO DE LA IMPUNIDAD. Algunos apuntes desde el derecho internacional.

Existe el temor en algunos sectores sociales y políticos de que el Marco Jurídico para la Paz y los acuerdos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, contengan un manto de impunidad, mediante medidas análogas al indulto y la amnistía.

Es cierto que durante un buen tiempo la comunidad internacional había coincidido en rechazar la adopción de medidas que contuvieran figuras de perdón y olvido frente a graves violaciones de derechos humanos en contextos de transición de regímenes dictatoriales a democráticos. De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos había mantenido su jurisprudencia uniforme en cuanto a garantizar los derechos de justicia a la luz de los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en los casos Gomes Lund contra Brasil y Almonacid Arellano contra Chile, por citar algunos ejemplos.

De igual forma, existe la Corte Penal Internacional  (CPI), con competencia en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002 para investigar crímenes de genocidio y lesa humanidad, y desde el 1 de noviembre de 2009 para los crímenes de guerra, creada y regulada por el Estatuto de Roma (ER), la cual constituye un avance frente al rechazo de las conductas punibles contra el ser humano y su dignidad, y el logro de la edificación de un régimen penal internacional que sancione dichas conductas. Esta encuentra en el denominado principio de complementariedad un elemento fundamental para su funcionamiento, toda vez que permite definir competencias y roles de la CPI frente al Estado, de forma tal que no se llegue a la sustitución de este último en la aplicación del ER y de la competencia de la CPI.

En el informe de la oficina del Fiscal de la CPI del año 2012, relativo a la situación en el País, en ejercicio de la denominada complementariedad positiva,  en el cual, además de considerar que en Colombia se han cometido desde el 1 de noviembre de 2002 y 1 de noviembre de 2009, crímenes de lesa humanidad y de guerra respectivamente, tanto por actores estatales como no estatales, manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de contener en el Marco para la Paz la puerta de entrada de medidas que conlleven a esconder a los grandes responsables del cometimiento de graves violaciones e infracciones a los DDHH y al DIH, y declara su interés en hacer seguimiento a las leyes estatutarias y políticas que se adopten para la selección y priorización de casos.

A pesar de ese marco, es cierto que la comunidad internacional también ha valorado los casos particulares de conflictos armados, y en este caso de carácter no internacional, con un criterio un tanto diferente.

En ese sentido el Comité de la Cruz Roja Internacional, en su doctrina, ha reconocido que a pesar de ser una exigencia la persecución penal de crímenes y violaciones en masa, en el caso de conflictos armados los Estados tienen la responsabilidad y la facultad de ponderar factores para no generar impunidad ni revictimización, pero con medidas que permitan la reconciliación y la superación misma del conflicto.

Del mismo modo, la Corte IDH en la sentencia de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, realiza una inflexión en la jurisprudencia reiterada de éste órgano en materia de justicia transicional precisamente por analizar de forma especial un caso de transición en el marco de la terminación de un conflicto armado interno, resaltando el voto concurrente del juez Diego García – Sayán, en el cual establece, entre otros criterios y lineamientos:

• La existencia de múltiples víctimas y victimarios, exigen la creación de medidas excepcionales de tipo judicial y no judicial.

• Ponderar el proceso penal frente a las condiciones de una paz negociada que no desconozca estándares internacionales y permita la salida del conflicto.

• Diseñar estrategias que contengan figuras de penas alternativas, suspensión de las penas, entre otras, atendiendo a la gravedad de los actos.

 Así las cosas, frente a un eventual acuerdo en La Habana, el Estado colombiano tendría la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la justicia penal ordinaria, y no solamente para los actores no estatales, sino para los estatales en aras de garantizar una justicia transicional integral, sin conllevar a ser consideradas impunes, y dependiendo de las condiciones propias al momento de aplicar las medidas del acto legislativo y las leyes estatutarias para el mismo, aceptará la CPI las medidas que emanen de este, o por el contrario, en virtud de la competence de competence quedarán sus beneficiarios situados frente a la eventual intervención del tribunal internacional.

De otro lado, en las condiciones actuales del proceso con las FARC, este cuenta con unos de los criterios a tener en cuenta por el CICR y que han sido fundamentales en procesos comparados, el cual es el apoyo, acompañamiento y seguimiento de la comunidad internacional y países garantes, que permitirán un eventual respaldo internacional a lo acordado en La Habana.

No podemos ante un conflicto con tantos factores, de tan larga duración y de una complejidad reconocida por distintos sectores, pretender que su terminación sea mediante un proceso con condiciones obtusas y de carácter “exprés”, que finalmente conduzcan a lo que parece un escenario vital para muchos, que es la prolongación del enfrentamiento armado a costa de vidas y bienes, incluso de los soldados y policías, que se ha convertido en el argumento hipócrita y vetusto  de quienes se oponen al proceso.

Debemos apostar a un proceso que, tal como el actual, cuenta con rigurosidad y acompañamiento internacional, y puede ser una oportunidad que nos permita construir una Colombia, que muchos hemos soñado, pero que a veces parece imposible, dejando de lado ese discurso irresponsable de la impunidad.

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PS. Es importante en aras de fortalecer el proceso, y al nivel en el que se encuentra el mismo, que las FARC asuman un discurso diferente, y si bien es cierto no existe un cese bilateral, es una exigencia colectiva que se respete de forma inmediata el DIH en medio de las operaciones militares que continúan.