Crimen y ¿castigo? El reto más allá de la represión punitiva.

La propensión y la exposición criminógena son factores dentro de la denominada teoría de la acción situacional que pretenden explicar las motivaciones que tienen ciertos individuos para entrar en situaciones criminales, esto es, responder a la pregunta del por qué la gente delinque.

En breves palabras se puede afirmar con base en ella que existen factores intrínsecos al individuo que tienen que ver con sus habilidades para enfrentar la oportunidad de cometer un delito y que se construyen a lo largo del ciclo de vida del sujeto, incluso desde la gestación, e involucran factores de crianza y de calidad del servicio educativo; del mismo modo existe otros factores externos al individuo que tienen que ver con el ambiente físico y social en el que se desenvuelve, de manera que la interacción social y las situaciones de segregación, abandono y vulnerabilidad influyen en la decisión delictiva de una persona.

Hace un par de semanas los medios de comunicación informaban sobre la captura en Cali de alias Chinga Harry de 22 años, conocido también como el “terror de Floralia” (barrio de esa ciudad), a quien se le acusa de unos 50 homicidios entre otros delitos y que se afirma comenzó su vida criminal desde los 12 años de edad.

En Brasil el Observatorio de Favelas publicó un informe basado en la encuesta a miembros de facciones criminales en el que el 67% de los participantes tenían entre los 16 y 18 años y más de la mitad había comenzado su actividad criminal antes de los 15 años. El factor común en ellos era el origen de zonas vulnerables de la ciudad, con deficiencias educativas y pocas oportunidades laborales, además provenientes de familias disfuncionales.

La situación en Colombia, además de las necesidades de fortalecimiento de la Justicia para evitar la impunidad y que las penas cumplan su función disuasiva, requiere que se asuma una concepción de seguridad ciudadana como una política pública de desarrollo de individuos y familias que logren prevenir la situación criminal de cientos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Combatir el crimen desde un enfoque preventivo, no solamente tendrá un efecto a largo plazo en la criminalidad, sino en situaciones de hacinamiento carcelario e incluso en el desarrollo de las ciudades, especialmente de las receptoras de población víctima del conflicto armado y que se espera que además sean los escenarios de reinserción en el post-acuerdo con las FARC y los eventuales acuerdos que se logren con otros grupos.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero no solamente desde el fortalecimiento de la justicia a través de sanciones ejemplares, sino con la intervención directa y coordinada de escenarios de exposición criminógena que generen oportunidades, plenos derechos de salud, educación y esparcimiento para sus habitantes. De la misma manera la empresa privada debe asumir con claridad que en sus manos se encuentra la posibilidad de ofrecer opciones de vida dentro de la legalidad, con garantías laborales y de inclusión para poblaciones vulnerables, y no solamente clamar mayor policía para la seguridad de sus bienes.

No se trata  de reducir ni justificar la criminalidad por factores de vulnerabilidad, pues casos como el de los Nule, por mencionar algunos, evidencian que no solamente se delinque por necesidad; tampoco se pretende  criminalizar la vulnerabilidad al afirmar que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Por el contrario se propone una visión amplia de la seguridad desde la prevención temprana que evite, junto con otras medidas, el crecimiento de la delincuencia que es aprovechada por muchas redes de crimen organizado para reclutar niños, niñas y adolescentes para su lucro.

Un Estado que intervenga de manera temprana ambientes sociales, familiares y físicos, más allá de medidas represivas, sino con una lectura profunda y contundente sobre la propensión y la exposición criminógena, logrará prevenir el delito, mayor confianza en las instituciones y mejor calidad de vida de sus asociados.

De esta manera, con la articulación de medidas disuasivas de la Justicia, pero con medidas preventivas desde la intervención temprana en la población más vulnerable, evitaremos noticias con historias de vida como la de alias Chinga Harry, que tal vez en otro escenario social, familiar y personal, no habría tomado la decisión de forjar su vida en el crimen, pero que el Estado tampoco le abrió otros escenarios distintos que le permitieran construir un proyecto de vida diferente al que hoy lo tiene en los medios locales.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

Ni pujantes ni con aguante. Aletargados

Los colombianos en promedio hemos crecido con la idea de que nuestra idiosincrasia es de un pueblo con aguante, aguerrido y pujante. Que en nuestras venas corre sangre de guerreros, y que durante años a pesar de las adversidades aún seguimos acá, como un intento de nación a pesar de sí misma, con talento, orgullos patrios y de exportación; que somos la democracia más antigua de América Latina, y nuestra capital fue otrora la Grecia de la región.

Lamento decirle al lector que todo eso ha sido un engaño. Hemos sido un pueblo manipulado y que ha sido engañado con ese discurso del empuje, el aguante y el orgullo patrio para mantener una idea colectiva que no existe, o tal si existe pero bajo un engaño.

Un pueblo que aguanta que sus indígenas mueran de desnutrición, que el sistema de salud sea manejado por mercaderes, que un cuerpo quede expuesto en la vía pública por 6 horas sin respuesta de las autoridades, y que día a día presencia como se roban sus recursos, a veces siendo parte de ese mismo proceso de desangramiento nacional, no tiene nada de aguante ni pujante.

Somos un pueblo que ha normalizado durante años la violencia, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, con una alta tolerancia social al delito, y que al final nos convierte en un pueblo indolente y que reposa en un letargo del que parece que nunca va a despertar.

Somos producto de un discurso estratégico proveniente del establecimiento que se caracteriza por el contubernio entre empresas, medios de comunicación y política, y que solamente nos han vendido falsos ídolos de exportación para mantener nuestra mente en otro escenario.

Nuestros frívolos intentos por un cambio quedan en un lodazal entre represión estatal, falta de liderazgo y satanización del establecimiento al querer significar cualquier movimiento social con delincuentes, desadaptados y enemigos públicos, cuando solamente son una amenaza para ese establecimiento.

Hoy es mayor la indignación en ese falso mundo de las redes sociales por banalidades como una corona o que un jugador colombiano no es titular en el extranjero, que las condiciones deplorables en que nos tienen, y que nos han dejado inermes ante tanto abuso.

Hemos sido convencidos, y ahora parecemos cómplices, de un empuje y un aguante que solamente oculta la dominación histórica, el abuso y corrupción de una clase política ramplona, violenta y a la que parecemos deberle algo que no tenemos, pero que nos mantiene en esa idea de ídolos de barro, y de un orgullo patrio, que por cierto es usado para exacerbar sentimientos de odio, revanchismo y para enarbolar las peores intenciones, como la historia lo ha demostrado.

Dejemos ese discurso desechable de pueblo con aguante y pujante, que ese título solamente nos lo dará la historia cuando seamos capaces promover un cambio real, lejos de la dominación producto del mencionado contubernio. Un pueblo pujante ya habría exigido más allá de trinos un resultado por los indígenas, los niños, las mujeres, los homosexuales, y todos aquellos que disfrutan en la democracia más antigua de América Latina la exclusión, la violencia y la injusticia, como tal vez el propio lector sea objeto, pero se sienta pujante y aguerrido mientras se indigna tal vez por mis palabras o una corona.

Los retos del posconflicto desde la institucionalidad colombiana*

El actual proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con el objetivo de terminar el conflicto armado con uno de los actores armados, ha suscitado una serie de inquietudes acerca de las implicaciones del mismo para la institucionalidad desde sectores sociales, políticos, académicos y económicos, tanto desde criterios constructivos como de posturas que se oponen la salida negociada con el grupo FARC.

Sin entrar en consideraciones de tipo histórico, la presente entrada busca aportar a la reflexión sobre esas implicaciones en un escenario de firma de los acuerdos, y eventual refrendación o validación de los mismos, cualquiera que sea el mecanismo adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido, asumiendo la firma y aprobación de los acuerdos de La Habana, los retos que debe enfrentar el Estado colombiano no resultan sencillos y requieren de la suma de esfuerzos y articulación de todos los sectores para lograr su objetivo. 

-       - Presencia del Estado de derecho: Luego de la firma de los acuerdos, y la consecuente desmovilización de las estructuras guerrilleras, el Estado debe garantizar la presencia en las zonas en donde la presencia ha sido débil, especialmente la rural, pero no entendiendo su presencia desde una lógica exclusivamente militar y policiva, sino garantizando una presencia integral desde políticas públicas de acceso a servicios básicos, restablecimiento de derechos y garantías de retorno para la población vulnerable y victimizada por el conflicto armado.

-      -  Nuevas dinámicas del delito y resurgimiento de la violencia: Un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto con las FARC no garantiza el cese de la violencia ni del cometimiento de delitos. La evidencia demuestra que incluso la violencia puede llegar a incrementarse a causa del mercado de armas, incertidumbre e inseguridad en materia de los acuerdos firmados y hasta acciones de venganza. En ese sentido, cifras recientes muestran una tasa promedio mundial de homicidios del 6,2, en Latinoamérica de 16,2, y en Colombia de 35. La Organización Mundial de la Salud considera epidemia una tasa superior al 10.

-   - Desarme: La demanda de armamento en contextos de postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia, los comerciantes de armas o los desmovilizados que no entregaron sus armas, buscan negociar de nuevo el material que aún tienen en su poder, y frente a la incertidumbre de la población por el cumplimiento de los acuerdos, se activa de nuevo este mercado.En los países de Centroamérica, los niveles de violencia asociados con arma de fuego, fueron por lo general más altos durante el postconflicto que durante el conflicto mismo, entre otras razones, debido a la creación de nuevas policías y cuerpos de seguridad armados, en muchas ocasiones inexpertos para combatir el crimen, y propensos a la corrupción[1].

Esto implica que el Estado debe responder con el fortalecimiento de la justicia y de persecución de la nueva criminalidad organizada, de la mano de acciones de reconciliación colectiva que permitan mitigar el posible incremento de actos de violencia.

-     - Fortalecimiento de la reparación integral: Actualmente se enfocan la mayor cantidad de recursos en la atención y asistencia a las víctimas, pero se está dejando de lado la reparación integral que constituye una medida de mediano y largo plazo para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.Las medidas de educación y formación para el empleo deben orientarse desde un enfoque diferencial que atienda a las condiciones particulares de la población víctima.

-       - Desmovilización, Reinserción y Reintegración: En la medida en que el Estado no articule esfuerzos con los actores económicos, sociales y políticos que garanticen que el proceso de reintegración sea efectivo y se alcance la seguridad y estabilidad del posconflcito, el resurgimiento de la violencia y las dinámicas del conflicto van a perdurar, especialmente para los combatientes jóvenes quienes suelen conformar las principales cifras de víctimas y victimarios en una transformación del conflicto.

-       - Seguimiento y ajustes de la política pública de seguridad y convivencia en el posconflicto: Se debe garantizar la formulación y el  seguimiento participativo y diferencial con nuevos actores de la política pública desde lo local teniendo en cuenta la mutación del fenómeno delictivo propio del posconflicto, en aras de garantizar los ajustes necesarios para enfrentarlas.

Enfocar el posconflicto exclusivamente desde una óptica de justicia restringida a lo penal, excluyendo propuestas de alternatividad, además de desconocer otros retos que debe abordar el Estado frente a la mutación de las dinámicas delictivas, nos pondría no solamente en riesgo de eventuales escenarios de justicia internacional, sino que abriría internamente una avalancha de conflictos difíciles de abordar causando un empeoramiento del orden público, el recrudecimiento de la violencia, la victimización y revictimización, que empeoraría la situación de DDHH y DIH.

La paz no se firma en La Habana. El reto de construirla comienza después de esa eventual firma. No es tanto desalentar el apoyo de quienes hemos estado rodeando el proceso con las FARC, sino atender con entereza los retos de un posconflicto, que con sus costos, siempre será mejor que una prolongación de la guerra.

---

* Resumen de la ponencia presentada en el foro "El suroccidente colombiano frente al posconflicto" organizado por la Universidad Santiago de Cali, en esa ciudad durante los días 23 y 24 de abril de 2015.

[1] (UNODC, 2006), Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, UNODC, Bogotá