Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

SOBRE CAUDILLISMOS Y MAYORÍAS: Los riesgos de la institucionalidad

El surgimiento del Estado de derecho como proceso  significó la transición del antiguo régimen personalista de la voluntad omnímoda del monarca, al establecimiento de controles y límites al gobernante, y la institucionalización de la democracia representativa, a través de parlamentos encargados de representar la voluntad popular para orientar el futuro de los Estados en contraposición de la voluntad individual y caprichosa de un individuo en el poder.

Sin entrar de fondo en el debate entre el modelo francés sobre los límites del constituyente primario y el constituido, con el modelo norteamericano que concebía el poder constituido limitado por la voluntad del constituyente primario, hoy es cierto que el Estado de derecho tiene claros límites a los poderes constituidos y constituyente (Schmitt).

La concepción contemporánea de democracia no es la formula simple del poder de las mayorías, y el Estado de derecho es todo lo contrario a la captura institucional por parte de partidos y poderes personalistas. Las garantías a las minorías y la oposición, la alternancia en el poder y el respeto por los derechos humanos en todas sus generaciones de forma interdependiente, son características y límites de y en una democracia de rango fundamental (Elías Días).

El pasado martes el órgano representativo venezolano otorgó por un año facultades expresas al presidente Maduro, mediante las que podrá gobernar a través de decretos, es decir, sin consultas ni debates democráticos, sino atendiendo a su criterio personalista y caprichoso, en un contexto de persecución a la oposición, de limitaciones a los derechos de primera generación y de derrumbamiento institucional y del orden público.

Para quienes de alguna forma conocemos el surgimiento del Estado de derecho, el proceso de consolidación y maduración de los derechos humanos y la democracia, nos debe resultar aberrante la realidad venezolana.

Venezuela acaba de cubrir de legalidad democrática el retroceso que la somete a los caprichos vanidosos y compulsivos de su "monarca" sin formación, retroceso que ya ha ocurrido en la historia. El ejemplo mas horroroso nos remite a la Alemania Nazi, donde su Fuhrer todo lo hizo bajo el manto de la legalidad y con procedimiento de democracia formal.

El caudillismo o personalización del Estado ha tirado al traste los avances en materia de derechos humanos y democracia material. Sus consecuencias nefastas todavía las recuerdan quienes han padecido esas épocas, y Venezuela nos recuerda que todavía estamos en riesgo de repetir esas tragedias, que muchas veces con el discurso populista se establecieron en el poder prácticas de tiranía, incluso por mayorías democráticas.

Es recurrente hoy en América Latina encontrar latente este riesgo, y en Colombia, que durante 8 años un régimen en el poder convirtió en un muladar toda la institucionalidad del Estado colombiano desde la Casa de Nariño, imponiendo sus más oscuros intereses, hoy rinde el más bajo homenaje al caudillismo y la personalización estatal con su rostro y nombre para identificar un movimiento de contenido y aspiraciones tan oscuros como los de sus más ilustres representantes.

Frente a la vergüenza descarada que Venezuela hoy vive en torno  a la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos, Colombia no tiene las condiciones para criticarla cuando ha sido complaciente con estructuras de poder con las mismas aspiraciones que  el chavismo encabezado por Nicolás Maduro ha alcanzado: el desmonte del Estado de derecho en pro de una personificación del Estado, el sometimiento de la minoría por la imposición de la mayoría que otorga poderes omnímodos a su líder carismático, recordando a Weber, y rebajando los derechos humanos a un mero discurso de bolsillo y conveniencia, echándonos en cara nuestra aparente incapacidad de legitimar racionalmente el poder (nuevamente usando a Weber).

Es lamentable lo que ocurre hoy en Venezuela, pero que en Colombia hoy muchos quisieran, desde otra orilla y con el rostro y nombre de su caudillo encabezando el nombre de su movimiento, alcanzar a toda costa.