Quiero creer. Sobre el plebiscito y el futuro nacional

Los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre han dado lugar a una serie de análisis y comentarios sobre el futuro de las negociaciones con las FARC, la legitimidad del gobierno nacional, el papel del uribismo luego del triunfo del No que lideraron, e incluso sobre el histórico problema de la abstención en Colombia que ha revivido el debate en torno a la obligatoriedad del voto.

En principio debo decir que siempre me incliné por la postura que desde una perspectiva pragmática sostenía que la refrendación jurídicamente no era necesaria, si bien muchos, incluso del sector del Sí, manifestaron que era una forma de garantizar legitimidad para su sostenibilidad en la implementación, lo cierto es que constitucionalmente el presidente tiene la facultad de firmar ese tipo de acuerdos y no haber esperado que en un país con tan poca solidez en materia de comportamiento democrático, fuera quien decidiera si terminaba la guerra al menos con uno de los actores.

Y es precisamente el fruto de años de odio, rencor y politiquería mediocre que pesaron mucho en el resultado del plebiscito. De un lado, dejamos unos acuerdos técnicos - tal vez demasiado - imperfectos pero integrales, en manos de una clase política rancia y desprestigiada a nivel nacional, alejada de las regiones, mientras muchos de quienes lideraron el No se aprovecharon de las emociones colectivas como el temor y el rencor, así como de la desinformación, para lograr muchos de los adeptos que llevaron al  ligero ´triunfo´  del pasado domingo.

Es un ligero triunfo, incluso si hubiera sido a la inversa, pues realmente estamos hablando de una quinta parte del censo electoral que apoyaron el Sí, y otro tanto el No. Es cierto que por reglas de mayoría hablamos de un triunfo, pero uno al que debemos agregarle el interrogante sobre no solamente la fractura nacional, sino el que un  poco más del 60% decidieron no participar del proceso, bien por apatía, ya sea desinformación, o simplemente la desconfianza y desesperanza heredada, que en cualquier caso debe ser un motivo de preocupación.

Ahora bien, es posible que en realidad nos enfrentemos en este momento a una posibilidad de construir mayor consenso sobre los acuerdos, incluir las voces de otras fuerzas sociales e incluso de voces regionales, y lo cierto es que tal vez nos podamos aproximar incluso a una sociedad civil que presione por sostener el esfuerzo que con gallardía los equipos negociadores llevaron durante estos años y que las cifras sobre el conflicto lo demuestran. Tenemos la oportunidad de aprender de la lección de la grandeza de la población de Bojayá y Jambaló, así como trabajar más por zonas como Norte de Santander para una pedagogía de reconciliación. Quiero creer que esta es la oportunidad que se nos acaba de abrir.

Lamentablemente me resulta difícil, especialmente cuando hacemos recuento de los argumentos de quienes lideraron el No, quienes se basaron en exasperar emociones como el temor, el rencor, el odio; se basaron en mentiras, falacias y argumentos del hombre de paja, como afirmar que las tierras serían entregadas a la guerrilla, o que se sustituiría el orden constitucional, lo cual se desvirtúa con el acogimiento al fallo de la Corte Constitucional; incluyeron en las discusiones temas de familia y género que no tenían lugar en el debate, especialmente porque en el acuerdo nada se sustituía a la familia; han reconocido que no tiene propuestas claras para renegociar, y lo poco propuesta o es igual a lo acordado, o incluso llega a desmejorar lo contenido, como por ejemplo en el tema de amnistía a guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad o graves, lo cual se encuentra en el punto 40, página 136 del acuerdo, pero que además se acompañaba de las condiciones para garantizar el equilibrio de la ecuación entre justicia, verdad y reparación, las penas alternativas y las medidas de restricción de la libertad y todo un modelo y programa basado en justicia restaurativa y que además garantizaba la sostenibilidad de quienes dejaban las armas en la vida civil como mecanismo que desincentivara la reincidencia.

Esto solamente me pone en el dilema sobre el querer creer, y la evidencia que me muestra la existencia de intenciones de revanchismo, ambición de poder, y desprecio por las víctimas.

Es un atributo asociado a la racionalidad humana aprovechar las adversidades o tiempos de crisis y transformarlos en oportunidades. Quiero creer que esta es uno de esos momentos históricos en los que podremos levantar la frente como humanidad. Quiero creer.  

Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Ni pujantes ni con aguante. Aletargados

Los colombianos en promedio hemos crecido con la idea de que nuestra idiosincrasia es de un pueblo con aguante, aguerrido y pujante. Que en nuestras venas corre sangre de guerreros, y que durante años a pesar de las adversidades aún seguimos acá, como un intento de nación a pesar de sí misma, con talento, orgullos patrios y de exportación; que somos la democracia más antigua de América Latina, y nuestra capital fue otrora la Grecia de la región.

Lamento decirle al lector que todo eso ha sido un engaño. Hemos sido un pueblo manipulado y que ha sido engañado con ese discurso del empuje, el aguante y el orgullo patrio para mantener una idea colectiva que no existe, o tal si existe pero bajo un engaño.

Un pueblo que aguanta que sus indígenas mueran de desnutrición, que el sistema de salud sea manejado por mercaderes, que un cuerpo quede expuesto en la vía pública por 6 horas sin respuesta de las autoridades, y que día a día presencia como se roban sus recursos, a veces siendo parte de ese mismo proceso de desangramiento nacional, no tiene nada de aguante ni pujante.

Somos un pueblo que ha normalizado durante años la violencia, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, con una alta tolerancia social al delito, y que al final nos convierte en un pueblo indolente y que reposa en un letargo del que parece que nunca va a despertar.

Somos producto de un discurso estratégico proveniente del establecimiento que se caracteriza por el contubernio entre empresas, medios de comunicación y política, y que solamente nos han vendido falsos ídolos de exportación para mantener nuestra mente en otro escenario.

Nuestros frívolos intentos por un cambio quedan en un lodazal entre represión estatal, falta de liderazgo y satanización del establecimiento al querer significar cualquier movimiento social con delincuentes, desadaptados y enemigos públicos, cuando solamente son una amenaza para ese establecimiento.

Hoy es mayor la indignación en ese falso mundo de las redes sociales por banalidades como una corona o que un jugador colombiano no es titular en el extranjero, que las condiciones deplorables en que nos tienen, y que nos han dejado inermes ante tanto abuso.

Hemos sido convencidos, y ahora parecemos cómplices, de un empuje y un aguante que solamente oculta la dominación histórica, el abuso y corrupción de una clase política ramplona, violenta y a la que parecemos deberle algo que no tenemos, pero que nos mantiene en esa idea de ídolos de barro, y de un orgullo patrio, que por cierto es usado para exacerbar sentimientos de odio, revanchismo y para enarbolar las peores intenciones, como la historia lo ha demostrado.

Dejemos ese discurso desechable de pueblo con aguante y pujante, que ese título solamente nos lo dará la historia cuando seamos capaces promover un cambio real, lejos de la dominación producto del mencionado contubernio. Un pueblo pujante ya habría exigido más allá de trinos un resultado por los indígenas, los niños, las mujeres, los homosexuales, y todos aquellos que disfrutan en la democracia más antigua de América Latina la exclusión, la violencia y la injusticia, como tal vez el propio lector sea objeto, pero se sienta pujante y aguerrido mientras se indigna tal vez por mis palabras o una corona.

LA CONVENIENCIA DEL VOTO OBLIGATORIO

Piense el lector en una situación en la que pueda acceder a un bien, pero decide no hacerlo en el marco de su libertad. Ahora, piense que por una decisión de una autoridad, está en la obligación, y no en la libertad, de acceder a ese bien con consecuencias sancionatorias en caso de no hacerlo.     

En ese momento, el acceso a ese bien deja de ser considerado un derecho, y pasa a ser una imposición, un mandato y una obligación, que lo pone en una condición distinta a la inicial para decidir acceder a éste, que perfectamente podría no desear, pero que deberá hacerlo en todo caso, para escapar de las sanciones individuales.

Ahora  piense este escenario en materia de consagrar el ejercicio del voto como una obligación no de carácter moral o ético sino jurídico, es decir, establecer mediante norma del Estado la obligatoriedad de ejercer el sufragio en las elecciones, so pena de recibir alguna sanción por no participar del juego democrático.

Para quienes defienden esta medida como solución para combatir el abstencionismo que en  los últimos años se ha mantenido entre un 50% y un elevado 70%, y que consiste en la decisión de un potencial elector habilitado jurídicamente para votar de no hacerlo, me permito presentar tres puntos para el debate que pretenden abrir en el escenario político nacional.

1.    Una contradicción al origen histórico del derecho al voto. El denominado sufragio universal, a pesar de mantener algunas limitaciones como la capacidad de discernimiento, privación de la libertad o jerarquía castrense, se encuentra reconocido para toda la población como un derecho que permite participar en la elección de sus gobernantes y en algunos casos en las decisiones sometidas a consulta a todos los individuos, sin discriminación racial, de género, nivel educativo ni capacidad adquisitiva.

Históricamente el voto es un elemento de la democracia mediante el cual los ciudadanos aptos jurídicamente, en un ejercicio libre y autónomo, manifiestan su decisión de apoyar un candidato o una decisión del gobierno. Inicialmente el voto estaba restringido únicamente a favor de hombres blancos con cierto nivel educativo y capacidad adquisitiva, y con tiempo  tras varias luchas y reivindicaciones, se fue extendiendo a mujeres y hombres por igual, y configura el punto de partida o requisito mínimo del concepto del poder en manos del pueblo, precisamente desde un ejercicio de la libertad del mismo y los individuos que los integran para elegir a sus gobernantes, o tomar las decisiones sometidas a su aprobación.

Este sentido histórico, en que se concibe el voto como una herramienta de freno frente a la tiranía y pone en manos del electorado el poder de elegir el rumbo y las riendas de un Estado, se convierte en una imposición, castigando a quienes en un ejercicio de su libertad y autonomía, sin entrar a cuestionar sus impulsos, decidieron abstenerse de ejercerlo.

2.    Una puerta para el comercio de votos. El abstencionismo ha sido una constante en nuestra democracia que permite distintas lecturas como  la legitimidad del sistema, la credibilidad en las instituciones, entre otras. Desde una perspectiva de incentivos, el potencial elector que decide abstenerse de votar, considera que los costos en que debe incurrir no se compensan con el resultado de su acción de elegir (inscribir la cédula, costos de movilización, dedicar un día de descanso, en familia u ocio para el proceso electoral, etc.) en ese sentido, ante la falta de incentivos, el agente (potencial elector) decide no votar, mientras otros agentes, frente a la racionalidad y el incentivo económico de votos, deciden emprender una venta de este derecho para el mejor postor.

Una vez el agente tenga la obligación jurídica de votar, su racionalidad no lo llevará a decidir si se abstiene o no, sino que buscará el incentivo como consecuencia de su ejercicio del voto, pues de acuerdo con Elster, el agente buscará hacer lo que tenga mejor resultado para él, que en este caso será el mejor precio que el comprador ofrezca por su voto. Al no tener la opción de elegir si votar o no, deberá elegir un beneficio en el cumplimiento de su obligación, buscando un beneficio inmediato, a partir de la comercialización de su voto.

3.    Una vulneración a los derechos del abstencionista convencido. Retomando el tema de los motivos que llevan a un potencial elector de abstenerse de ejercer su derecho, se encuentra un grupo que de forma libre y autónoma ha decidido en el marco de la legalidad oponerse al sistema, una parte del sistema, o incluso una libre apatía, sin entrar en valoraciones éticas-

En otras palabras, el ejercicio libre de manifestar la apatía, rechazo u oposición a las elecciones mediante la abstención, se vería vulnerado al imponer el voto como una obligación y no como un derecho (que sería como si nuevamente se impone el confesionalismo católico y no se permite la libertad de creer o no en determinada religión).

Un Estado de derecho con un contenido moral de su ordenamiento jurídico, debe permitir las manifestaciones pacíficas contrarias al ejercicio electoral y debe igualmente respetar la libertad de los ciudadanos que dentro del ejercicio personal y de acuerdo con su grado de conciencia política decidan rechazar la participación en la acción electoral, como ha permitido anteriormente el Estado por ejemplo la objeción de conciencia o la libertad de culto y de pensamiento, dejando solamente la vía de la desobediencia civil para quienes defienden el abstencionismo.

Para combatir el abstencionismo se debe empezar por renovar la credibilidad en las instituciones, emprender pedagogía democrática y una serie de mecanismos de incentivos para el elector, de modo que su racionalidad lo lleve a comprender desde su suelo de creencias, la importancia de ejercer su derecho, sin hacerlo engorroso, en lugar de obligarlo a cumplir una obligación para la cual no se encuentra preparado ni convencido.