Quiero creer. Sobre el plebiscito y el futuro nacional

Los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre han dado lugar a una serie de análisis y comentarios sobre el futuro de las negociaciones con las FARC, la legitimidad del gobierno nacional, el papel del uribismo luego del triunfo del No que lideraron, e incluso sobre el histórico problema de la abstención en Colombia que ha revivido el debate en torno a la obligatoriedad del voto.

En principio debo decir que siempre me incliné por la postura que desde una perspectiva pragmática sostenía que la refrendación jurídicamente no era necesaria, si bien muchos, incluso del sector del Sí, manifestaron que era una forma de garantizar legitimidad para su sostenibilidad en la implementación, lo cierto es que constitucionalmente el presidente tiene la facultad de firmar ese tipo de acuerdos y no haber esperado que en un país con tan poca solidez en materia de comportamiento democrático, fuera quien decidiera si terminaba la guerra al menos con uno de los actores.

Y es precisamente el fruto de años de odio, rencor y politiquería mediocre que pesaron mucho en el resultado del plebiscito. De un lado, dejamos unos acuerdos técnicos - tal vez demasiado - imperfectos pero integrales, en manos de una clase política rancia y desprestigiada a nivel nacional, alejada de las regiones, mientras muchos de quienes lideraron el No se aprovecharon de las emociones colectivas como el temor y el rencor, así como de la desinformación, para lograr muchos de los adeptos que llevaron al  ligero ´triunfo´  del pasado domingo.

Es un ligero triunfo, incluso si hubiera sido a la inversa, pues realmente estamos hablando de una quinta parte del censo electoral que apoyaron el Sí, y otro tanto el No. Es cierto que por reglas de mayoría hablamos de un triunfo, pero uno al que debemos agregarle el interrogante sobre no solamente la fractura nacional, sino el que un  poco más del 60% decidieron no participar del proceso, bien por apatía, ya sea desinformación, o simplemente la desconfianza y desesperanza heredada, que en cualquier caso debe ser un motivo de preocupación.

Ahora bien, es posible que en realidad nos enfrentemos en este momento a una posibilidad de construir mayor consenso sobre los acuerdos, incluir las voces de otras fuerzas sociales e incluso de voces regionales, y lo cierto es que tal vez nos podamos aproximar incluso a una sociedad civil que presione por sostener el esfuerzo que con gallardía los equipos negociadores llevaron durante estos años y que las cifras sobre el conflicto lo demuestran. Tenemos la oportunidad de aprender de la lección de la grandeza de la población de Bojayá y Jambaló, así como trabajar más por zonas como Norte de Santander para una pedagogía de reconciliación. Quiero creer que esta es la oportunidad que se nos acaba de abrir.

Lamentablemente me resulta difícil, especialmente cuando hacemos recuento de los argumentos de quienes lideraron el No, quienes se basaron en exasperar emociones como el temor, el rencor, el odio; se basaron en mentiras, falacias y argumentos del hombre de paja, como afirmar que las tierras serían entregadas a la guerrilla, o que se sustituiría el orden constitucional, lo cual se desvirtúa con el acogimiento al fallo de la Corte Constitucional; incluyeron en las discusiones temas de familia y género que no tenían lugar en el debate, especialmente porque en el acuerdo nada se sustituía a la familia; han reconocido que no tiene propuestas claras para renegociar, y lo poco propuesta o es igual a lo acordado, o incluso llega a desmejorar lo contenido, como por ejemplo en el tema de amnistía a guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad o graves, lo cual se encuentra en el punto 40, página 136 del acuerdo, pero que además se acompañaba de las condiciones para garantizar el equilibrio de la ecuación entre justicia, verdad y reparación, las penas alternativas y las medidas de restricción de la libertad y todo un modelo y programa basado en justicia restaurativa y que además garantizaba la sostenibilidad de quienes dejaban las armas en la vida civil como mecanismo que desincentivara la reincidencia.

Esto solamente me pone en el dilema sobre el querer creer, y la evidencia que me muestra la existencia de intenciones de revanchismo, ambición de poder, y desprecio por las víctimas.

Es un atributo asociado a la racionalidad humana aprovechar las adversidades o tiempos de crisis y transformarlos en oportunidades. Quiero creer que esta es uno de esos momentos históricos en los que podremos levantar la frente como humanidad. Quiero creer.  

Evitar el castro-chavismo no radica en el plebiscito

El actual ambiente en medio de la contienda por  el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y desinformación que acompañan  los abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.

Se ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC  y hace parte de la agenda marxista.

No obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´,  en aras de defender el voto informado para un tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.

No existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia de la tierra, dotación de infraestructura para el campo  y estimulación a la productividad para eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y afectadas por la pobreza y el conflicto armado.

El temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han logrado acumular.

Esa misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura educativa.

En ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el crimen organizado.

Evitar en Colombia que un régimen abusivo y que afecte  las libertades como el castro-chavismo llegue al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa, Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las riendas del poder en Colombia.

Los retos del posconflicto desde la institucionalidad colombiana*

El actual proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con el objetivo de terminar el conflicto armado con uno de los actores armados, ha suscitado una serie de inquietudes acerca de las implicaciones del mismo para la institucionalidad desde sectores sociales, políticos, académicos y económicos, tanto desde criterios constructivos como de posturas que se oponen la salida negociada con el grupo FARC.

Sin entrar en consideraciones de tipo histórico, la presente entrada busca aportar a la reflexión sobre esas implicaciones en un escenario de firma de los acuerdos, y eventual refrendación o validación de los mismos, cualquiera que sea el mecanismo adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido, asumiendo la firma y aprobación de los acuerdos de La Habana, los retos que debe enfrentar el Estado colombiano no resultan sencillos y requieren de la suma de esfuerzos y articulación de todos los sectores para lograr su objetivo. 

-       - Presencia del Estado de derecho: Luego de la firma de los acuerdos, y la consecuente desmovilización de las estructuras guerrilleras, el Estado debe garantizar la presencia en las zonas en donde la presencia ha sido débil, especialmente la rural, pero no entendiendo su presencia desde una lógica exclusivamente militar y policiva, sino garantizando una presencia integral desde políticas públicas de acceso a servicios básicos, restablecimiento de derechos y garantías de retorno para la población vulnerable y victimizada por el conflicto armado.

-      -  Nuevas dinámicas del delito y resurgimiento de la violencia: Un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto con las FARC no garantiza el cese de la violencia ni del cometimiento de delitos. La evidencia demuestra que incluso la violencia puede llegar a incrementarse a causa del mercado de armas, incertidumbre e inseguridad en materia de los acuerdos firmados y hasta acciones de venganza. En ese sentido, cifras recientes muestran una tasa promedio mundial de homicidios del 6,2, en Latinoamérica de 16,2, y en Colombia de 35. La Organización Mundial de la Salud considera epidemia una tasa superior al 10.

-   - Desarme: La demanda de armamento en contextos de postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia, los comerciantes de armas o los desmovilizados que no entregaron sus armas, buscan negociar de nuevo el material que aún tienen en su poder, y frente a la incertidumbre de la población por el cumplimiento de los acuerdos, se activa de nuevo este mercado.En los países de Centroamérica, los niveles de violencia asociados con arma de fuego, fueron por lo general más altos durante el postconflicto que durante el conflicto mismo, entre otras razones, debido a la creación de nuevas policías y cuerpos de seguridad armados, en muchas ocasiones inexpertos para combatir el crimen, y propensos a la corrupción[1].

Esto implica que el Estado debe responder con el fortalecimiento de la justicia y de persecución de la nueva criminalidad organizada, de la mano de acciones de reconciliación colectiva que permitan mitigar el posible incremento de actos de violencia.

-     - Fortalecimiento de la reparación integral: Actualmente se enfocan la mayor cantidad de recursos en la atención y asistencia a las víctimas, pero se está dejando de lado la reparación integral que constituye una medida de mediano y largo plazo para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.Las medidas de educación y formación para el empleo deben orientarse desde un enfoque diferencial que atienda a las condiciones particulares de la población víctima.

-       - Desmovilización, Reinserción y Reintegración: En la medida en que el Estado no articule esfuerzos con los actores económicos, sociales y políticos que garanticen que el proceso de reintegración sea efectivo y se alcance la seguridad y estabilidad del posconflcito, el resurgimiento de la violencia y las dinámicas del conflicto van a perdurar, especialmente para los combatientes jóvenes quienes suelen conformar las principales cifras de víctimas y victimarios en una transformación del conflicto.

-       - Seguimiento y ajustes de la política pública de seguridad y convivencia en el posconflicto: Se debe garantizar la formulación y el  seguimiento participativo y diferencial con nuevos actores de la política pública desde lo local teniendo en cuenta la mutación del fenómeno delictivo propio del posconflicto, en aras de garantizar los ajustes necesarios para enfrentarlas.

Enfocar el posconflicto exclusivamente desde una óptica de justicia restringida a lo penal, excluyendo propuestas de alternatividad, además de desconocer otros retos que debe abordar el Estado frente a la mutación de las dinámicas delictivas, nos pondría no solamente en riesgo de eventuales escenarios de justicia internacional, sino que abriría internamente una avalancha de conflictos difíciles de abordar causando un empeoramiento del orden público, el recrudecimiento de la violencia, la victimización y revictimización, que empeoraría la situación de DDHH y DIH.

La paz no se firma en La Habana. El reto de construirla comienza después de esa eventual firma. No es tanto desalentar el apoyo de quienes hemos estado rodeando el proceso con las FARC, sino atender con entereza los retos de un posconflicto, que con sus costos, siempre será mejor que una prolongación de la guerra.

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* Resumen de la ponencia presentada en el foro "El suroccidente colombiano frente al posconflicto" organizado por la Universidad Santiago de Cali, en esa ciudad durante los días 23 y 24 de abril de 2015.

[1] (UNODC, 2006), Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, UNODC, Bogotá

EL PROCESO DE PAZ Y EL PELIGROSO DISCURSO DE LA IMPUNIDAD. Algunos apuntes desde el derecho internacional.

Existe el temor en algunos sectores sociales y políticos de que el Marco Jurídico para la Paz y los acuerdos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, contengan un manto de impunidad, mediante medidas análogas al indulto y la amnistía.

Es cierto que durante un buen tiempo la comunidad internacional había coincidido en rechazar la adopción de medidas que contuvieran figuras de perdón y olvido frente a graves violaciones de derechos humanos en contextos de transición de regímenes dictatoriales a democráticos. De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos había mantenido su jurisprudencia uniforme en cuanto a garantizar los derechos de justicia a la luz de los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en los casos Gomes Lund contra Brasil y Almonacid Arellano contra Chile, por citar algunos ejemplos.

De igual forma, existe la Corte Penal Internacional  (CPI), con competencia en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002 para investigar crímenes de genocidio y lesa humanidad, y desde el 1 de noviembre de 2009 para los crímenes de guerra, creada y regulada por el Estatuto de Roma (ER), la cual constituye un avance frente al rechazo de las conductas punibles contra el ser humano y su dignidad, y el logro de la edificación de un régimen penal internacional que sancione dichas conductas. Esta encuentra en el denominado principio de complementariedad un elemento fundamental para su funcionamiento, toda vez que permite definir competencias y roles de la CPI frente al Estado, de forma tal que no se llegue a la sustitución de este último en la aplicación del ER y de la competencia de la CPI.

En el informe de la oficina del Fiscal de la CPI del año 2012, relativo a la situación en el País, en ejercicio de la denominada complementariedad positiva,  en el cual, además de considerar que en Colombia se han cometido desde el 1 de noviembre de 2002 y 1 de noviembre de 2009, crímenes de lesa humanidad y de guerra respectivamente, tanto por actores estatales como no estatales, manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de contener en el Marco para la Paz la puerta de entrada de medidas que conlleven a esconder a los grandes responsables del cometimiento de graves violaciones e infracciones a los DDHH y al DIH, y declara su interés en hacer seguimiento a las leyes estatutarias y políticas que se adopten para la selección y priorización de casos.

A pesar de ese marco, es cierto que la comunidad internacional también ha valorado los casos particulares de conflictos armados, y en este caso de carácter no internacional, con un criterio un tanto diferente.

En ese sentido el Comité de la Cruz Roja Internacional, en su doctrina, ha reconocido que a pesar de ser una exigencia la persecución penal de crímenes y violaciones en masa, en el caso de conflictos armados los Estados tienen la responsabilidad y la facultad de ponderar factores para no generar impunidad ni revictimización, pero con medidas que permitan la reconciliación y la superación misma del conflicto.

Del mismo modo, la Corte IDH en la sentencia de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, realiza una inflexión en la jurisprudencia reiterada de éste órgano en materia de justicia transicional precisamente por analizar de forma especial un caso de transición en el marco de la terminación de un conflicto armado interno, resaltando el voto concurrente del juez Diego García – Sayán, en el cual establece, entre otros criterios y lineamientos:

• La existencia de múltiples víctimas y victimarios, exigen la creación de medidas excepcionales de tipo judicial y no judicial.

• Ponderar el proceso penal frente a las condiciones de una paz negociada que no desconozca estándares internacionales y permita la salida del conflicto.

• Diseñar estrategias que contengan figuras de penas alternativas, suspensión de las penas, entre otras, atendiendo a la gravedad de los actos.

 Así las cosas, frente a un eventual acuerdo en La Habana, el Estado colombiano tendría la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la justicia penal ordinaria, y no solamente para los actores no estatales, sino para los estatales en aras de garantizar una justicia transicional integral, sin conllevar a ser consideradas impunes, y dependiendo de las condiciones propias al momento de aplicar las medidas del acto legislativo y las leyes estatutarias para el mismo, aceptará la CPI las medidas que emanen de este, o por el contrario, en virtud de la competence de competence quedarán sus beneficiarios situados frente a la eventual intervención del tribunal internacional.

De otro lado, en las condiciones actuales del proceso con las FARC, este cuenta con unos de los criterios a tener en cuenta por el CICR y que han sido fundamentales en procesos comparados, el cual es el apoyo, acompañamiento y seguimiento de la comunidad internacional y países garantes, que permitirán un eventual respaldo internacional a lo acordado en La Habana.

No podemos ante un conflicto con tantos factores, de tan larga duración y de una complejidad reconocida por distintos sectores, pretender que su terminación sea mediante un proceso con condiciones obtusas y de carácter “exprés”, que finalmente conduzcan a lo que parece un escenario vital para muchos, que es la prolongación del enfrentamiento armado a costa de vidas y bienes, incluso de los soldados y policías, que se ha convertido en el argumento hipócrita y vetusto  de quienes se oponen al proceso.

Debemos apostar a un proceso que, tal como el actual, cuenta con rigurosidad y acompañamiento internacional, y puede ser una oportunidad que nos permita construir una Colombia, que muchos hemos soñado, pero que a veces parece imposible, dejando de lado ese discurso irresponsable de la impunidad.

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PS. Es importante en aras de fortalecer el proceso, y al nivel en el que se encuentra el mismo, que las FARC asuman un discurso diferente, y si bien es cierto no existe un cese bilateral, es una exigencia colectiva que se respete de forma inmediata el DIH en medio de las operaciones militares que continúan.

A PROPÓSITO DEL REY JUAN CARLOS I. No abdiquemos al intento de la paz.

 No abdiquemos al intento de la paz

El mundo entero ha recibido con distintas reacciones, incluso algunas de indiferencia, la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar a su título de monarca del Reino de España, y en efecto sería una noticia para no darle mucha importancia frente al ambiente político nacional, si no fuera porque permite referenciar un poco de historia comparada española y su proceso de transición de régimen político.

Tras la muerte de Francisco Franco, quien asume las banderas del movimiento nacional es el Rey Juan Carlos I. Este convoca un proceso de reforma política española en el año de 1977, con la cual se decide empezar la transformación del régimen político a una monarquía democrática parlamentaria.

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Durante este proceso de transición caracterizado por tratarse de una reforma y no de una ruptura, donde la movilización y conciencia política de la sociedad era escasa, se presenta un fenómeno de correlación de fuerzas claramente favorable a los reformistas franquistas y una ausencia de presión de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos. Dichos factores, llevaron a que la sociedad española adoptara como política hacia el pasado una ley de amnistía, sin ningún tipo de enjuiciamiento y sin ninguna condena por las violaciones cometidas durante el régimen franquista. España clamaba casi al unísono por el NUNCA MÁS, es decir, voluntariamente España optó por enterrar el pasado debido al temor, que junto con la falta de movilización social y una correlación de fuerzas claramente inclinada o favorable a un grupo, las políticas de la memoria y enfrentamiento en ese proceso de transición, fueron prácticamente nulas e insuficientes.

Colombia  asiste a un proceso y un contexto distintos en cuanto a la movilización social, incluso porque no se trata de un cambio de régimen sino una negociación para salir de un conflicto armado. Las experiencias comparadas en el mundo nos deben servir precisamente de aprendizaje para lograr aprovechar lo que se ha construido por aquellas. En ese sentido, luego de la experiencia de la tercera ola democratizadora en América Latina, existe una participación de la comunidad internacional en el seguimiento y apoyo, incluso económico (recomiendo a los distractores del proceso de paz que digan la verdad sobre la financiación de los diálogos por parte del Gobierno colombiano y la participación del Gobierno de Noruega) a estos procesos de negociación para superar pasados de barbarie y tragedia.

Las organizaciones sociales y de víctimas reclaman con empoderamiento y argumento las medidas de reparación y satisfacción, respaldadas por un marco internacional que no acolita la impunidad (incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de justicia transicional en la sentencia de El Mozote contra El Salvador, considerada como el punto de inflexión en su jurisprudencia) frente a las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH, pero que de igual forma es realista frente a la necesidad de enfrentar estos hechos mediante medidas excepcionales.

Precisamente la Corte Constitucional colombiana (C-370 de 2006, por ejemplo) ha desarrollado el concepto de justicia transicional, que lejos de considerarla como una serie de figuras de impunidad, la ha definido como un proceso de diálogo nacional para poner fin a un conflicto armado en el que se toman medidas contra la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Es clave que nuestro tribunal constitucional  ha adoptado el enfoque de la justicia transicional a partir de derechos humanos y la lucha contra la impunidad, así como el carácter de institución jurídica excepcional frente a las instituciones penales tradicionales cuando se debe enfrentar un pasado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos hacia una etapa de reconciliación (C-52 de 2012).

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica,  en Colombia se han registrado entre 1958 y 2012, 220.000 víctimas letales de las cuales el 81.5% han sido civiles, 25.007 desaparecidos (cifra en la que Estado ha jugado un papel principal como autor a través de sus agentes), 27.023 secuestros y 5.700.000 desplazados, causados todos en el marco del conflicto armado que hoy estamos dando un paso para terminar. Estas cifras demuestran que Colombia ha enfrentado un pasado de más de 40 años de tragedia, de horror y de derramamiento de sangre, y que ha tenido la participación de actores ilegales y de actores estatales a quienes también habría aplicación de medidas de justicia transicional.

Lo que hoy muchos llaman impunidad, de forma mentirosa y engañosa, no quieren asumir que Colombia necesita enfrentar con medidas excepcionales un proceso de reconciliación, no con los errores del cambio de régimen de España, sino con los aprendizajes y aportes que desde entonces la comunidad internacional y los demás países con procesos similares pueden brindarnos.

De no querer asumir un proceso que nos permita, con dolor, con rabias y con heridas todavía sobre la piel, superar este pasado pero a partir de enfrentarlo con altura, en donde repito, el Estado a través de sus agentes también ha participado, estamos sometidos a más años de ese mismo dolor, a aumentar las cifras de muertos, desplazados, desaparecidos.

Si en verdad le preocupa el número de los militares y policías dados de baja, no pida prolongar el conflicto que traerá no solo la perdida de más vidas de militares y policías, sino también civiles.

Si le afecta cada atentado perpetuado por la guerrilla, no sea partidario de prolongar el conflicto.

En verdad, la lógica de la guerra es simple, mientras las operaciones militares que muchos piden extender en el tiempo se sigan presentando, habrá militares y policías dados de baja, civiles asesinados, desplazados y desaparecidos.