Colombia: del tránsito migrante a la explotación.

En Colombia el tema de migración irregular no es nuevo. Las condiciones geográficas de su acceso a los dos océanos y la frontera terrestre caracterizada por grandes zonas selváticas, junto con la fragilidad institucional en un contexto de vulnerabilidad social, han propiciado el escenario para que este fenómeno exista y se aprovechado por las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Lo que hace al fenómeno un tema a considerar en Colombia en la actualidad, más allá de la crisis migratoria que enfrentan en Europa y el medio oriente, o de los discursos xenofóbicos y de supremacía racial que han rodeado candidaturas obtusas en los Estados Unidos, es una creciente ocurrencia del fenómeno que no ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y en efecto refleja la necesidad de atender esta manifestación del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia en el año 2014 se identificaron 2.111 migrantes irregulares posiblemente objeto de redes dedicadas al tráfico, en el año 2015 la cifra ascendió a 8.855, lo que representa un incremento del 319%. Tendencia al aumento que en este año seguramente se mantenga al considerar que durante el primer trimestre del año 2015 el número de migrantes irregulares detectados fue de 1.111, y en el mismo periodo del año 2016 la cifra va en 3.180.

De las nacionalidades detectadas encabeza la lista la cubana con más de 6.000 identificaciones en el año 2015, seguida de la nepalí con 720 y la somalí con 397. Lo anterior tiene una explicación a partir de la incertidumbre en la continuidad de la ley de Pies secos-Pies mojados de EE.UU causada por el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, y que ha sido detonante para que muchas personas beneficiadas con esa medida financien la salida de sus familiares que todavía permanecen en la isla tomando como una de las rutas el ingreso por Ecuador, teniendo en cuenta su medida de cielos abiertos, la cual fue tratada de corregir con la exigencia de una visa que no es de difícil acceso.

En ese sentido nos encontramos ante un escenario de cubanos migrantes irregulares que recurren a personas dedicadas al tráfico,  ingresan por Ecuador con dinero en efectivo y recorren por tierra el país, especialmente por las vías paralelas al Pacífico, hasta salir por la zona de Turbo hacia su destino final.

Lo anterior plantea un escenario crítico desde una perspectiva de derechos humanos y crimen organizado. De un lado, el ingreso de migrantes irregulares en ese número elevado y en muchos casos con dinero en efectivo, los precipita a ser víctimas de delitos patrimoniales y  sexuales, o en otros han sido considerados criminales.

Las organizaciones criminales en Colombia han identificado en esta práctica del tráfico de migrantes una fuente de ingreso al lograr dominar territorialmente las rutas por donde son transitados y hacer una suerte de peaje criminal de manera análoga  la ruta de la droga, en donde se ponen en riesgo la vida de ellos por posibles enfrentamientos, accionar militar o una tendencia de desembocar la migración irregular en el delito de trata de personas, pues el migrante irregular, indocumentado y en estado de necesidad, es proclive a ser sometido por redes criminales a distintas modalidades de la explotación humana.

La presencia de indígenas que no hablan español y se encuentran con nombres y cédulas tatuadas en sus brazos en cierta zona del país dedicada a la explotación de minería ilegal sometidos de esa forma al trabajo forzado. En otras zonas el pago al ser en efectivo y al haber sido víctimas de robo, los migrantes son víctimas de una serie de vejámenes sexuales o al sometimiento a la esclavitud sexual.

En principio el delito de tráfico ilícito de migrantes en Colombia no contempla a éstos como víctimas, pero la práctica de esa manifestación del crimen organizado los ha convertido en blanco fácil de violaciones de derechos, objeto de explotación por redes de trata de personas, y de otra serie de vejámenes que los convierten en víctimas, mutando nuestro país de zona de tránsito migratorio, al territorio de su explotación.

¿Esta Colombia preparada para la dimensión de este fenómeno?

"Eso aquí no pasa": el triunfo del miedo

En días pasados tuve la oportunidad de visitar cierta zona del país con el objetivo de obtener insumos para determinada investigación sobre la ocurrencia de una actividad delictiva específica propia del crimen organizado. Además de la información con la que asistía obtenida de un monitoreo de medios y consulta de algunas fuentes primarias, sabía que la zona era compleja por su misma condición geográfica (frontera y de extracción minera), y por ello esperaba que los actores participantes aportaran cierta descripción narrativa de manera grupal.

Mi sorpresa y tal vez algo de decepción surgieron desde el comienzo del diálogo abierto con autoridades y otros actores. La conclusión que parecía cerrar la jornada en apenas una hora de haber comenzado era que “eso aquí no pasa”. Si bien es cierto la falta de formación especializada sobre el delito dificultaba su identificación profunda, sabía que de fondo algo más entrañaba esa afirmación.

La sospecha incrementó cuando de manera separada varios de los participantes se  acercan, y tras un “sabe que pensando mejor si puede pasar” siguen macabras narraciones del dominio territorial de redes dedicadas al crimen organizado en esta zona.

Al salir de la reunión una líder social responde lo que me inquietaba y ya sospechaba “es el miedo doctor. Acá saben lo que pasa pero el miedo no les deja decirlo”. El frío que recorrió esa confesión no me abandonó por varias horas.

Esta situación no es exclusiva de la zona que visité en días pasados. Es una situación que lamentablemente se encuentra especialmente en lugares vulnerables: la debilidad del Estado, tal vez la sustitución del mismo por la criminalidad tienen cooptadas a las autoridades y la legitimidad democrática que debe rodear a las instituciones ha sido reemplazada por el miedo que silencia a la ciudadanía y anula a las autoridades.

Es necesario recordar que la ausencia estatal en zonas periféricas permitieron la presencia de actores armados ilegales. El abandonó estatal fue una de las causas del origen histórico del conflicto. Si el Estado colombiano mantiene un excesivo centralismo, abandono de las regiones y no fortalece la capacidad de respuesta de autoridades acompañada de una reducción de vulnerabilidad, el posconflicto será el escenario para que se siga sustituyendo la institucionalidad por parte del crimen organizado en zonas periféricas.

No es un secreto que los retos del posconflicto son inmensos. Tanto en temas sociales y económicos, como en seguridad ciudadana y presencia institucional. Ya ante el eventual acuerdo, el Gobierno debería tener una estrategia, no sólo policial, sino social y económica, para esas zonas en donde ha sido ausente y que puede presenciar una sucesión entre guerrillas y redes criminales por el dominio y el poder político y social. Mientras esto no se asuma como prioridad, para las autoridades, al referirse sobre el crimen organizado, siempre nos dirán que “eso aquí no pasa”.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.

Ni pujantes ni con aguante. Aletargados

Los colombianos en promedio hemos crecido con la idea de que nuestra idiosincrasia es de un pueblo con aguante, aguerrido y pujante. Que en nuestras venas corre sangre de guerreros, y que durante años a pesar de las adversidades aún seguimos acá, como un intento de nación a pesar de sí misma, con talento, orgullos patrios y de exportación; que somos la democracia más antigua de América Latina, y nuestra capital fue otrora la Grecia de la región.

Lamento decirle al lector que todo eso ha sido un engaño. Hemos sido un pueblo manipulado y que ha sido engañado con ese discurso del empuje, el aguante y el orgullo patrio para mantener una idea colectiva que no existe, o tal si existe pero bajo un engaño.

Un pueblo que aguanta que sus indígenas mueran de desnutrición, que el sistema de salud sea manejado por mercaderes, que un cuerpo quede expuesto en la vía pública por 6 horas sin respuesta de las autoridades, y que día a día presencia como se roban sus recursos, a veces siendo parte de ese mismo proceso de desangramiento nacional, no tiene nada de aguante ni pujante.

Somos un pueblo que ha normalizado durante años la violencia, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, con una alta tolerancia social al delito, y que al final nos convierte en un pueblo indolente y que reposa en un letargo del que parece que nunca va a despertar.

Somos producto de un discurso estratégico proveniente del establecimiento que se caracteriza por el contubernio entre empresas, medios de comunicación y política, y que solamente nos han vendido falsos ídolos de exportación para mantener nuestra mente en otro escenario.

Nuestros frívolos intentos por un cambio quedan en un lodazal entre represión estatal, falta de liderazgo y satanización del establecimiento al querer significar cualquier movimiento social con delincuentes, desadaptados y enemigos públicos, cuando solamente son una amenaza para ese establecimiento.

Hoy es mayor la indignación en ese falso mundo de las redes sociales por banalidades como una corona o que un jugador colombiano no es titular en el extranjero, que las condiciones deplorables en que nos tienen, y que nos han dejado inermes ante tanto abuso.

Hemos sido convencidos, y ahora parecemos cómplices, de un empuje y un aguante que solamente oculta la dominación histórica, el abuso y corrupción de una clase política ramplona, violenta y a la que parecemos deberle algo que no tenemos, pero que nos mantiene en esa idea de ídolos de barro, y de un orgullo patrio, que por cierto es usado para exacerbar sentimientos de odio, revanchismo y para enarbolar las peores intenciones, como la historia lo ha demostrado.

Dejemos ese discurso desechable de pueblo con aguante y pujante, que ese título solamente nos lo dará la historia cuando seamos capaces promover un cambio real, lejos de la dominación producto del mencionado contubernio. Un pueblo pujante ya habría exigido más allá de trinos un resultado por los indígenas, los niños, las mujeres, los homosexuales, y todos aquellos que disfrutan en la democracia más antigua de América Latina la exclusión, la violencia y la injusticia, como tal vez el propio lector sea objeto, pero se sienta pujante y aguerrido mientras se indigna tal vez por mis palabras o una corona.

Uribismo y la cínica oposición

Uno de los varios indicadores para medir el nivel democrático de un gobierno reposa en el entorno que rodea a la oposición y a las visiones antagónicas al oficialismo. En ese sentido, además de las condiciones para elecciones periódicas que permitan la alternancia del poder, es necesario que existan espacios para el ejercicio de contradicción por parte de opositores al gobierno de turno, sin señalamientos ni estigmatizaciones por parte del discurso oficial que ponga en riesgo su libre ejercicio político.

Por su parte, la oposición tiene unos límites éticos en cuanto al ejercicio como tal de su derecho político y democrático, especialmente si como en el caso colombiano esa bancada ha detentado las riendas del poder político.

En este caso, luego de la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, ha sido cada vez más fuerte y marcada la oposición que el denominado uribismo ha querido visibilizar ante la opinión pública.

Este sector político liderado por el expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez, acompañado por una serie de personajes desconocidos que reposan bajo su ala sin mayor  logro que haber defendido el llamado legado de la Seguridad Democrática, y que viven de vociferar mentiras como mantras para animar a sus huestes en redes sociales, es un ejemplo de la transgresión a los límites éticos que debe tener una oposición.

Durante el gobierno del senador Uribe se tomaron varias decisiones similares a las que hoy le critican al gobierno de Santos. En algunos casos incluso intentaron adelantar gestiones que hoy le son reprochadas al gobierno y que durante su oportunidad de alguna forma fueron truncadas las aspiraciones, legítimas o no, legales o no.

A modo de ejemplo basta mencionar:

-       El gobierno de Uribe intentó adelantar un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, afirmando incluso que si era necesario eliminar los obstáculos jurídicos para su participación política, esto debía lograrse. Hoy critica la posibilidad que se ha considerado en el proceso de La Habana.

-       El uribismo critica el aumento irrisorio del salario mínimo, junto con el rechazo a la posibilidad del aumento del IVA, lo cual sería considerado si no fuera porque durante ese gobierno los incrementos salariales en varios de los 8 años no pasaron de la inflación, aumentó del 8% al 16% el IVA y subió del 2 al 4 x mil.

-       Como oposición han señalado que se sienten objeto de persecución por parte del oficialismo, pero durante el gobierno de Uribe se institucionalizaron los falsos positivos, las mal llamadas chuzadas del DAS, el señalamiento a las Cortes y Jueces y la satanización a periodistas y opositores siendo graduados de “guerrilleros vestidos de civil”.

-       El uribismo ha sido enfático en oponerse, como muchos sectores, a la venta de ISAGÉN, pero en el año 2007 durante su mandato planearon venderla por un valor de 4.5 billones de pesos.

-       Uribe afirmó durante su gobierno que era objeto de ataques mentirosos sobre su gestión y otras acciones que varios reprochábamos por su abuso del poder, pero es hoy el uribismo quien se ha basado en una serie de mentiras para oponerse al proceso con las FARC, como que mantendrán sus armas, entre otras.

Resultan estos algunos ejemplos que merecen la atención para entender que la oposición tiene derecho democrático a ejercer políticamente su contradicción al gobierno de turno, pero debe tener un deber ético cuando se mira al pasado y puede resultar con rabo de paja.

Han resultado como opositores grandes fieras en redes sociales aprovechando la mala memoria del colombiano para oponerse a varias decisiones del débil gobierno de Santos, y precisamente por esa mala memoria y del cinismo que los caracteriza, es que han pasado inmaculados  por el fuego teniendo un gran rabo de paja frente a las críticas que han enarbolado. 

En respuesta a Vivanco

En días pasados el señor José Manuel Vivanco, en representación de la ONG internacional Human Rights Watch, se dirigió a la opinión pública para compartir un concepto realizado sobre el acuerdo de víctimas al que habían llegado el gobierno de Colombia y la delegación de las FARC en La Habana, Cuba.

En esa oportunidad Vivanco expresó sobre este acuerdo que, luego de hacer un análisis detallado del mismo, se trata de una “piñata de impunidad”, argumentando una serie de críticas al contenido del mismo, y a las cuales quisiera dedicar algunas líneas para fortuna del debate que merece el proceso que se encuentra presenciando Colombia y el mundo.

Parto por reconocer que algunas de las preocupaciones que surgen de las críticas del concepto de HRW son compartidas, como por ejemplo la composición de la Jurisdicción Especial para la Paz o la responsabilidad de los altos mandos de la guerrilla y de las FFAA, pero se deben precisamente a la falta de precisiones sustanciales del documento y que requieren reglamentación para su implementación.

Igualmente no es posible responder al concepto del señor Vivanco sin reconocer la incidencia que HRW ha tenido en la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el mundo, de la condena de injusticias y de la lucha por causas en contra del abuso del poder pero pese a esto, no se puede dejar pasar por alto que la afirmación de “piñata de impunidad” resulta ajena a la realidad misma del contenido del acuerdo.

El tema se centra en el lente de la lupa con la cual HRW realizó la lectura del documento. Una lente que sin lugar a dudas se encuentra adscrita a una postura maximalista de los derechos humanos y de la justicia transicional, la cual solamente reconoce el sometimiento de los violadores de derechos humanos e infractores del DIH a la justicia ordinaria y al pago de las más elevadas penas, asociando estas a reclusión carcelaria; se trata de una postura que rigió durante décadas los estándares internacionales y que configuró un obstáculo para que los Estados lograrán superar conflictos internos en el marco de procesos transicionales, a veces incluso en detrimento de las víctimas quienes ni siquiera participaban de los procesos penales ordinarios.

Para poder sortear ese obstáculo que prolonga los enfrentamientos y condiciona las salidas negociadas y políticas, los modelos de justicia transicional debieron adoptar otras aproximaciones que permitieran flexibilizar, más no relajar, la justicia ordinaria y las instituciones políticas y jurídicas en aras de lograr acuerdos que permitieran superar épocas de conflicto o de regímenes dictatoriales mediante procesos que además incluyeran a las víctimas a partir de cuatro bases: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición (Principios Joinet) y que debían ser considerados de manera integral y ponderada.

Para soportar estos modelos que lejos de favorecer la impunidad, permiten la conformación de procesos participativos, negociados y basados en otros factores como la verdad, la reparación y la no repetición la doctrina y los estándares internacionales han construido un marco que establezca criterios para que los Estados puedan lograr escenarios de posconflicto.

En ese sentido el Comité de la Cruz Roja Internacional, en su doctrina, ha reconocido que a pesar de ser una exigencia la persecución penal de crímenes y violaciones en masa, en el caso de conflictos armados los Estados tienen la responsabilidad y la facultad de ponderar factores para no generar impunidad, ni revictimización, pero con medidas que permitan la reconciliación y la superación misma del conflicto.

Del mismo modo, la Corte IDH en la sentencia de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, realiza una inflexión en la jurisprudencia reiterada de éste órgano en materia de justicia transicional precisamente por analizar de forma especial un caso de transición en el marco de la terminación de un conflicto armado interno, resaltando el voto concurrente del juez Diego García – Sayán, en el cual establece, entre otros criterios y lineamientos:

1.         La existencia de múltiples víctimas y victimarios, exigen la creación de medidas excepcionales de tipo judicial y no judicial.

2.         Ponderar el proceso penal frente a las condiciones de una paz negociada que no desconozca estándares internacionales y permita la salida del conflicto.

3.         Diseñar estrategias que contengan figuras de penas alternativas, suspensión de las penas, entre otras, atendiendo a la gravedad de los actos.

Adicionalmente, el modelo que Colombia ha construido se basa en principios de justicia restaurativa, que no pretende reemplazar la justicia transicional, sino permitir la superación del conflicto a partir de un ejercicio colectivo sin desconocer los procesos individuales.

Así las cosas, una adecuada implementación de los acuerdos permitirá que exista verdad, reparación individual y colectiva y cesen las víctimas y la revictimización, además de dosis de justicia que si bien no serán procesos penales ordinarios ni de penas elevadas en centros carcelarios, si concebirán la existencia de procesos judiciales y no judiciales para la imposición de penas, y para quienes no cumplan con las condiciones, será posible mayor punibilidad o incluso procesos ordinarios de sometimiento a la ley.

Resulta entonces que la mirada maximalista de HRW sobre procesos de justicia transicional, si bien aportan al debate y claramente será una opinión que permitirá esa veeduría que se requiere para la durabilidad de lo acordado, no puede ser la mirada adecuada con la cual se analicen los acuerdos, pues además de desconocer los nuevos estándares, está desconociendo la complejidad y particularidad del conflicto colombiano, y lamentablemente haciendo un flaco favor a quienes desde ciertas comodidades prefieren la prolongación de la guerra en detrimento de la vida de colombianos y colombianas que siguen poniendo el pecho a una guerra a la que tal vez fueron obligados a entrar, que quisieran nunca haber entrado, y la que tal vez es la única realidad que han sido obligados a vivir.