kathe Martínez y las violencias que dejamos pasar.

Kathe Martínez, recientemente conocida por medio de un video que circula en las redes sociales en donde se registra un hecho ocurrido en una estación de Policía de la ciudad de Cali, es una víctima de violencia de género.

La información y el registro de los hechos en el video dan cuenta sobre traslado de Kathe Martínez a la estación de Policía producto de un procedimiento nocturno, y quien se encontraba, tal como se puede deducir igualmente en el video, en un elevado estado de alicoramiento.

Allí, en presencia de la autoridad que asume posición de garante, al menos en el deber ser, es incitada a quitarse la ropa y bailar mientras está esposada a una ventana, para disfrute de los agentes del orden y otros hombres que se encontraban retenidos en el lugar y quienes acompañaban con gritos y expresiones cada acción de la mujer.

La escena ya en esencia degradante, para lo cual me tomaré las siguientes líneas, fue luego justificada por el supuesto “oficio” de Kathe Martínez a partir otro video en el que se encuentra bailando con poca ropa al interior de un establecimiento nocturno, y que por lo tanto esto no es más que un intento por llamar la atención y lograr fama, incluso para favorecer el mencionado “oficio”.

No es el objetivo de esta entrada abordar el debate sobre si las actividades de contenido sexual a cambio de dinero son o no consideradas un trabajo, lo que actualmente se encuentra en pleno debate entre abolicionistas y reglamentaristas a raíz de una serie de fallos de altas Cortes. Lo que pretendo  plantear es por qué este acto ocurrido en una estación de Policía constituye una violencia basada en género.

Para el fin propuesto me fundamento en la revisión de algunos factores  que procedo de manera sencilla a plantear a continuación, y que solamente buscan exponer la forma en que hemos normalizado la violencia contra la mujer, al punto de justificarla, ignorando elementos contundentes en hechos como el que motiva estas palabras.

Lo primero a lo que quiero hacer mención, y que se debe leer de manera transversal a los demás factores, es el hecho de ocurrir con ocasión y en el contexto de una cosificación del cuerpo de la mujer para el goce y diversión de un grupo de hombres. Esto no dirá mucho para quienes aún encuentran el hecho justificado y sin importancia, y por ello procedo a presentar los otros elementos que encuentro relevantes.

1. El estado de alicoramiento. Se trató de una persona, en este caso mujer, que se encontraba con la alteración de sus sentidos producto del consumo de licor en esa noche. Alteración que podría nublar la autonomía, esta última entendida como un derecho garantía consistente en la capacidad de reflexionar sobre los actos y tener la garantía de exteriorizar las decisiones, y por lo tanto configurando el abuso de una condición de vulnerabilidad por parte de quienes incitaron los hechos bajo discusión.

2. Abuso de poder. No solamente los hechos ocurrieron en un entorno dominado por hombres (policías y detenidos), sino que además se trataba de un espacio dominado por hombres con figura de poder y autoridad, los cuales además de estar armados, por su naturaleza misma se encuentran frente a civiles en una relación inequitativa de poder en desventaja de éstos últimos.

3. El uso de la fuerza/violencia. La violencia y la fuerza se configuran por el hecho de encontrarse esposada a una reja limitando la movilidad que en lectura conjunta con los demás elementos se entiende como una coacción para lograr un cometido dentro del contexto y la situación aquí referida.

En este sentido, se está frente a una situación en la que se obtuvo provecho de una situación de vulnerabilidad producto del alicoramiento de la mujer,  por quienes se encontraban en relación de poder y autoridad de ésta y ejerciendo una coacción materializada a través de unas esposas que la tuvieron en condición de sumisión, a fin de lograr un espectáculo basado en la cosificación del cuerpo femenino destinado a conseguir placer de hombres, desconociendo precisamente el deber de protección y garantía de derechos, especialmente de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Será competencia de las autoridades determinar las responsabilidades penales y disciplinarias por estos hechos si a bien lo tienen, pero desde una perspectiva ética y hasta política, no podemos desconocer que con estos elementos los hechos descritos permiten concluir que fue un acto de agresión a la dignidad y una violencia basada en género el cual demanda de la sociedad el mayor rechazo y no ser minimizado. De hacerlo, seguiremos perpetuando la violencia basada en género en sus formas más atroces, en el mismo discurso que sigue sin condenar la trata de personas.

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.

El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

Ni pujantes ni con aguante. Aletargados

Los colombianos en promedio hemos crecido con la idea de que nuestra idiosincrasia es de un pueblo con aguante, aguerrido y pujante. Que en nuestras venas corre sangre de guerreros, y que durante años a pesar de las adversidades aún seguimos acá, como un intento de nación a pesar de sí misma, con talento, orgullos patrios y de exportación; que somos la democracia más antigua de América Latina, y nuestra capital fue otrora la Grecia de la región.

Lamento decirle al lector que todo eso ha sido un engaño. Hemos sido un pueblo manipulado y que ha sido engañado con ese discurso del empuje, el aguante y el orgullo patrio para mantener una idea colectiva que no existe, o tal si existe pero bajo un engaño.

Un pueblo que aguanta que sus indígenas mueran de desnutrición, que el sistema de salud sea manejado por mercaderes, que un cuerpo quede expuesto en la vía pública por 6 horas sin respuesta de las autoridades, y que día a día presencia como se roban sus recursos, a veces siendo parte de ese mismo proceso de desangramiento nacional, no tiene nada de aguante ni pujante.

Somos un pueblo que ha normalizado durante años la violencia, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder, con una alta tolerancia social al delito, y que al final nos convierte en un pueblo indolente y que reposa en un letargo del que parece que nunca va a despertar.

Somos producto de un discurso estratégico proveniente del establecimiento que se caracteriza por el contubernio entre empresas, medios de comunicación y política, y que solamente nos han vendido falsos ídolos de exportación para mantener nuestra mente en otro escenario.

Nuestros frívolos intentos por un cambio quedan en un lodazal entre represión estatal, falta de liderazgo y satanización del establecimiento al querer significar cualquier movimiento social con delincuentes, desadaptados y enemigos públicos, cuando solamente son una amenaza para ese establecimiento.

Hoy es mayor la indignación en ese falso mundo de las redes sociales por banalidades como una corona o que un jugador colombiano no es titular en el extranjero, que las condiciones deplorables en que nos tienen, y que nos han dejado inermes ante tanto abuso.

Hemos sido convencidos, y ahora parecemos cómplices, de un empuje y un aguante que solamente oculta la dominación histórica, el abuso y corrupción de una clase política ramplona, violenta y a la que parecemos deberle algo que no tenemos, pero que nos mantiene en esa idea de ídolos de barro, y de un orgullo patrio, que por cierto es usado para exacerbar sentimientos de odio, revanchismo y para enarbolar las peores intenciones, como la historia lo ha demostrado.

Dejemos ese discurso desechable de pueblo con aguante y pujante, que ese título solamente nos lo dará la historia cuando seamos capaces promover un cambio real, lejos de la dominación producto del mencionado contubernio. Un pueblo pujante ya habría exigido más allá de trinos un resultado por los indígenas, los niños, las mujeres, los homosexuales, y todos aquellos que disfrutan en la democracia más antigua de América Latina la exclusión, la violencia y la injusticia, como tal vez el propio lector sea objeto, pero se sienta pujante y aguerrido mientras se indigna tal vez por mis palabras o una corona.

La trata de personas, más allá de lo penal

Hace un poco más de una semana El Espectador publicaba una nota titulada “El drama de las colombianas traficadas en China”, en el cual se narraba la tragedia que habían vivido cerca de decenas de mujeres que habían sido llevadas a China para ser sometidas a la explotación sexual, pero que su drama no terminaba allí, pues además del desgastante procedimiento penal para quien ha sufrido un injusto, describía lo que a ellas les ha tocado enfrentar por la estigmatización proveniente  de abogados y funcionarios.

De acuerdo con el texto, en las audiencias las víctimas fueron desacreditadas por el consentimiento y conocimiento que tenían respeto al oficio que ejercería en China el cual era la prostitución. Es posible que eso sea cierto, pero lo preocupante es que pareciera que los funcionarios señalados de esas afirmaciones desconocieran el delito de trata de personas consagrado en el artículo 188-A del Código Penal que establece que el consentimiento dado por la víctima no exonerará de responsabilidad penal al tratante.

Lamentablemente ese panorama no es exclusivo de Colombia. Las víctimas de trata de personas en todas las modalidades deben enfrentar procedimientos administrativos y judiciales que resultan a veces desgastantes, pero adicionalmente deben enfrentar estigmas y prejuicios, especialmente quienes han sido explotados sexualmente,  y que probablemente ofrecieran el consentimiento para el ejercicio de determinadas prácticas sexuales o laborales que terminarían en un escenario de explotación.
En este relato coinciden aspectos que aparecen en muchos otros relatos sobre víctimas de trata de personas que existen en el mundo entero. Además del modus operandi de las organizaciones dedicadas al crimen trasnacional, como la distribución del trabajo, la vinculación de actores especializados como agencias de viajes, y tal vez casos de corrupción que involucran a funcionarios de migración, esta historia nos refleja dos aspectos de la trata de personas que requieren de la acción de los Estados para combatirla: la vulnerabilidad y la estigmatización.

Los informes sobre trata de personas y migración han demostrado que las principales causas para decidir huir de un país de origen radican en factores como problemas de inserción laboral, discriminación sexual, desigualdad salarial, falta de oportunidades educativas y conflictos armados, entre otros, generando escenarios propicios para las redes que se dedican y especializan en el tráfico humano y la explotación de la trata de personas.

En ese sentido, serán las necesidades imperiosas de huir de contextos de vulnerabilidad lo que aprovecharán las redes dedicadas a las trata de personas, y que aunque puedan acudir a engaños u ofertas fraudulentas, a veces de manera descarada ofrecen el infierno sin que la víctima tenga otra alternativa que aceptar, incluso a riesgo de llegar a un entorno inseguro y en condición de irregularidad migratoria.

La estigmatización de quien ha sido explotado por parte de la sociedad y de algunas autoridades para quienes priman los prejuicios antes que los mandatos legales, causa mayores obstáculos al momento de acudir a la justicia o los servicios administrativos.

En reiterados textos se ha documentado sobre la violencia que ejercen autoridades del orden en países en donde víctimas de trata de personas u objetos del tráfico de migrantes han sido encontrados.
En informes de la CIDH sobre las barreras de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias en las Américas, una de las barreras identificadas son los estereotipos que existen en los funcionarios que les impiden abordar adecuadamente a la víctima y evitar su revictimización.

Mujeres señaladas por ejercer la prostitución, hombres gais excluidos de los servicios judiciales “por ser hombres” (como si la trata de personas solamente afectara a mujeres), son algunos de los casos que se han reportado en documentos de seguimiento a los Estados en materia de trata y tráfico de personas.

Los retos para los gobiernos no solamente radican en la adecuación del tipo penal conforme al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, también requiere de combatir las condiciones de vulnerabilidad en las que viven miles de personas en países de la periferia que las lleva a buscar el centro así sea en manos de explotadores, y en derrumbar a nivel social e institucional las barreras causadas por la estigmatización, para garantizar una lucha efectiva contra el crimen organizado y garantizar una respuesta institucional adecuada a las necesidades de quienes llevan las huellas de la explotación.

¿Es el machismo exclusivo de los hombres?

Es un lugar común  al momento de hablar de machismo y comportamientos patriarcales señalar al hombre como el exclusivo responsable de crear y perpetuar esos entornos de violencias incluso simbólicas, y que no es para menos teniendo en cuenta que hasta el derecho, por tomar a la escuela feminista escandinava, es producto de los hombres, pero tampoco es menos cierto que las mujeres han jugado un papel  en la consolidación de esos entornos simbólicos y reales de exclusión, sumisión y violencia.

Antes de desatar las críticas de quienes puedan considerar este texto como una expresión machista o violenta, permítame el lector y lectora terminar de plantear el sentido de lo que quiero proponer como la mujer machista.

Hace unos días en una conversación sin mayores pretensiones, una de las participantes manifestaba, y cito “es muy humillante para un hombre que una mujer le gane.  A mí me daría pena”. En ese momento no quería entrar en controversias, pero su expresión me quedó rondando en el pensamiento, y recordé  frases de mi infancia como “¿Se va a dejar de una niña?” “Los hombres en la cocina huelen feo”, “eso es trabajo de hombres”, todas pronunciadas por  mujeres en distintos espacios.

Esto me llevó de inmediato  a un par de conclusiones. De entrada, así como hemos señalado a hombres como autores y responsables de comportamientos y entornos machistas y violentos, las mujeres han replicado esos mismos entornos de una manera inconsciente. Por otro lado, las mujeres han normalizado a tal nivel la jerarquía inferior frente al hombre, que involuntariamente en expresiones como las citadas reiteran la creencia de debilidad y feminidad devaluada, que transmiten a los hombres y mujeres en formación que están en su entorno. Es decir, juegan un rol de multiplicadoras de la inferioridad femenina.

Esto tiene una explicación, y en efecto como en una columna anterior lo había manifestado, el derecho, la ciencia y la cultura entre otros, han sido producto de la dominación de un sujeto hegemónico que se ha encargado de naturalizar un discurso de jerarquías, y que indiscutiblemente la mujer ha interiorizado ese discurso por imposición y se ha adaptado a tal punto a ese entorno, que encuentra como normal ese tipo de expresiones.

La ciencia, dominada por hombres, indicaba que ciertos deportes, oficios o trabajos eran para hombres debido a la contextura del cuerpo, a las dimensiones del cráneo y cerebro. Socialmente se aceptaron distribuciones de roles en donde la mujer era confinada al espacio privado (casa, cocina, lavandería), mientras el hombre dominaba la esfera de lo público (el derecho, la política, la ciencia) y asumía su función de proveedor. Recuerdo que alguna vez mi mamá me mencionada que en el colegio de señoritas se impartía la cátedra de economía del hogar, responsabilizando exclusivamente a la mujer de ese entorno privado, mientras la economía nacional estaba a cargo del gran hombre.

Hoy en día es cierto que nos encontramos ante una realidad un tanto distinta. Los deportes, la ciencia y muchos otros espacios vedados para la mujer, hoy se comparten y se han reivindicado espacios para ambos. Las decisiones del hogar en muchos escenarios se manejan paritariamente, y hoy incluso algunos movimientos reivindican al hombre como un sujeto que puede desarrollar otros roles que antes eran reservados a las mujeres. El derecho, por tomar en cuenta al feminismo liberal y cultural, ha entendido que la importancia de jugar ese papel emancipador en rechazo de una neutralidad jurídica. Este avance no es desconocido.

La reflexión a la que me ha llevado el suceso compartido, es en cuanto al proceso continuo de emancipación y de ruptura de dinámicas de inferiorización el cual debe ser transversal e integral incluyendo a la mujer en su ejercicio diario de relación interpersonal. La ruptura de ese simbolismo de inferioridad será lento mientras la mujer no asuma que su comparación al hombre no debe significar una humillación a este, mientras mantenga la “reserva” de espacios domésticos como propios por su rol en el hogar, y mientras no reivindique que la feminidad no debe ser devaluada, y que la masculinidad no debe ser  sobrevalorada.

Romper la violencia real y simbólica en contra de la mujer no es labor exclusiva de feministas, sino por el contrario un ejercicio que desde el mismo discurso y la ruptura de esas dinámicas subvalorativas, pueden realizar las mujeres sin siquiera considerarse feministas, sino mujeres en equidad que rompan con ese orden que han considerado natural por imposición.

En el marco de este 25 de noviembre, precisamente las hermanas Miraval pasaron a la historia por luchas contra un régimen represivo y por defender a hombres perseguidos políticamente. Para ellos y para ellas no fue motivo de humillación ver a la mujer asumiendo una lucha considerada de hombres. Para conmemorar este 25 renunciemos al machismo, incluso a ese que ha considerado la mujer como orden natural por la imposición de esa visión de superioridad del hombre, y que esa imposición genera la réplica involuntaria del imaginario de inferioridad.

CONMOCIÓN MEDIÁTICA Y ACCESO SELECTIVO A LA JUSTICIA

No se puede permitir que en una sociedad con tanta criminalidad, el acceso a la justicia dependa de la cantidad de periodistas que se conmueven por el caso de una víctima

El lamentable caso de la masacre de 4 niños en Florencia, Caqueta, llamó la atención de las autoridades luego de que varios medios de comunicación y a través de redes sociales, se hiciera eco de la atrocidad cometida contra la humanidad de 4 inocentes niños, al parecer por una disputa de tierras.

Una vez el eco llegó a presidencia y a otras instancias, las manifestaciones de rechazo institucional no se hicieron esperar, y las imágenes de autoridades requiriendo resultados empezaron a llenar los medios de comunicación.

El presidente Santos dio ultimátum a las autoridades, con un plazo hasta el domingo pasado, para entregar algún resultado sobre los responsables de la atrocidad cometida. Efectivamente, cual sistema efectivo y eficiente, empezaron a llegar con los capturados. Hoy, 5 imputados con medida de aseguramiento tiene la justicia como autores de la masacre mencionada.

De un lado debo afirmar que esa masacre nunca debió suceder en una sociedad que valore la vida, que sepa resolver las diferencias, que sus relaciones no se basen en la destrucción, la venganza y los prejuicios, pero lamentablemente pasó, y es claro el deterioro social que padecemos.

De otro lado, la respuesta de las autoridades, tan eficiente y efectiva, deja mucho una inquietud. No rechazo el resultado obtenido, sino la selectividad para cumplir su mandato legal y constitucional en un caso, que si es aterrador, tuvo un eco mediático.

Me refiero a esto, repito, no para rechazar la rápida acción de las autoridades en el caso mencionado, sino para cuestionar la falta de respuesta en otros casos para garantizar efectivamente el acceso a la justicia de la población afectada por el crimen y la violación de sus derechos.

Por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar en el año 2011 se registraron 70.134 casos según medicina legal, y 134 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. De estos casos, solamente se reportaron 8 investigaciones activas con agravante de feminicidio.

En cuanto a violencia sexual, solamente el 7% de casos se cierra, y apenas la triste cifra de 2% termina con sentencia condenatoria.

En materia de delitos contra los NNA, el 2014 cerró con 940 asesinatos cometidos en contra ellos, perpetuados  principalmente en el Valle del Cauca con 299 casos. Cali, como capital del departamento con mayor número de homicidios contra menores, solamente cuenta con 16 fiscales para la unidad de vida, y 29 funcionarios de policía judicial para garantizar debida justicia, junto a los más de 1500 homicidios que se suman en promedio anual.

Las cifras de violencia intrafamiliar son igualmente escalofriantes. 10.155 niñas, niños y adolescentes han sido agredidos en sus entornos familiares. Al sumar los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal, puede asegurarse que durante el año 2014 se presentaron 31.049 casos de violencia hacia la niñez en todo el país, teniendo en cuenta que estos son solo hechos denunciados y que pueden ser un número mayor, contando algunos hechos más que no fueron conocidos por las autoridades por temor, desconfianza en las instituciones o por falta de presencia de estas en zonas apartadas.

Lamentablemente estos casos no han tenido apoyo mediático o eco a través de periodistas que reclamen la pronta actuación de las autoridades, y no sabemos el estado actual de las investigaciones, y lo que es peor, sin saber si efectivamente hubo una respuesta de una justicia que parece solamente atender a los llamados mediáticos, como un nefasto show en donde terminamos con una justicia de farándula o politizada.

No se puede permitir que en una sociedad con tanta criminalidad, el acceso a la justicia dependa de la cantidad de periodistas que se conmueven por el caso de una víctima y los lleve a generar eco mediático. El acceso a la justicia no puede estar sometido a instancias de agotamiento previo en los medios de comunicación como requisito para garantizar su pronta actuación.

Los medios tienen un deber de informar, y ellos escogen qué  deciden informar. Ese es su negocio. Pero la justicia no decide a quien garantizar justicia ante los hechos victimizantes que día a día ocurren en nuestro territorio contra poblaciones vulnerables, pero que no cuentan con una orden periodística de impartir pronta y debida justicia, su deber es fortalecerse y cumplir sus mandatos.