LOCOMBIA: La utopía de la inclusión

Locombia es un Estado que se reconoce en su Constitución como una nación pluralista e incluyente dentro de la diversidad que la característica: diversos cultos religiosos, diversidad en orientación sexual e identidades de género, etnográficamente compuesta por afros, rom e indígenas, además de mestizos y blancos, en un contexto de hegemonía católica, blanca y heterosexual.

Bajo ese mandato constitucional de protección, Locombia ha desarrollado distintas políticas públicas y marcos legislativos en torno a la materialización de democracias deliberativas y espacios de interculturalidad que permitan la inclusión social efectiva de los distintos grupos diversos antes mencionados y reconocidos en rango constitucional.

Pero lo importante es que las políticas y las leyes no se han quedado solo en el papel, ni la labor de la Corte Constitucional ha sido decisiva para materializar estas disposiciones, a pesar de un largo historial donde la exclusión y la discriminación caracterizó al pueblo locombiano, en un contexto de conflicto, pobreza, machismo y etnocentrismo basado en idearios absurdos en una sociedad mestiza.

 En ese sentido:

·         La población LGTBI cuenta con las garantías plenas para el desarrollo de su orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, las personas trans ya son reconocidas en el registro civil y de cedulación de acuerdo a la identidad que profesan: Las mujeres trans (hombres que se identifican como mujeres) son reconocidas como tal y hacen parte de las mesas de trabajo de mujeres. Igualmente ocurre con los hombres trans (mujeres biológicas que se identifican como hombres). Han alcanzado inclusión y acceso laboral a empleos profesionales y ocupan cargos públicos dejando de lado la dicotomía laboral ente putas o peluqueras. De igual forma se reglamentó el matrimonio entre parejas del mismo sexo y parejas conformadas por algún miembro trans, permitiendo la adopción dentro de esas uniones, acceso educativo y a seguridad social sin necesidad de acudir a acciones de tutela o amparo judiciales.

·         La población afro e indígena tienen territorios reconocidos como autoridades a su interior y existe el programa nacional, regional y local de autoridades interculturales para dirimir conflictos de jurisdicción. Adicionalmente cuentan con programas integrales de salud intercultural en todo el territorio nacional. Las leyes de cuotas para ocupar cargos públicos y cupos universitarios se han reforzado con medidas de cuotas en todo órgano directivo de todo nivel, y la etnoeducación se garantiza por un comité educativo de minorías étnicas en todo el territorio encargado de diseñar y velar por la ejecución de la política pública etnoeducativa. El comité se compone equitativamente de todas las étnicas, incluida la blanca, dentro de la del territorio. Las universidades han diseñado programas académicos dirigidos por y para los miembros de las comunidades raizales e indígenas reconociendo la importancia de sus usos y costumbres.

·         En el plano religioso, después de la aplicación de una política pública denominada “reconocer la laicidad para construir igualdad”, las diferentes fuerzas sociales lograron que el sistema educativo se centre en valores constitucionales y no en valores del catolicismo como única fuente axiológica. Hoy en Locombia los festivos religiosos fueron abolidos, y las leyes que otorgaban un espacio de discusión a los jerarcas católicos fueron remplazadas por leyes que otorgaban espacios a todas las fuerzas religiosas, incluidas las tradicionales y raizales.

Todo esto se logró después de un compromiso institucional de cambio en la mentalidad social, hegemónica y excluyente que transformó la educación superando la visión de modelos educativos para conservar y replicar jerarquías sociales que perpetuaban el ideario del hombre blanco, católico y heterosexual como parámetro de éxito.

En ese orden de ideas, desde el establecimiento se identificaron los focos de exclusión, y en lugar de legislar con exceso de penas, es decir, de penalizar toda conducta excluyente, se percató sobre la necesidad de un cambio social para construir consensos en el marco de democracias deliberativas.

4 campañas se diseñaron y ejecutaron para alcanzar la materialización de la igualdad y la discriminación positiva con el objetivo de convertir la sociedad en incluyente:

·         Reconocer la laicidad para construir la igualdad. Destinada a materializar el Estado de derecho desde el marco constitucional y no religioso, enfatizando que no se prohíbe un culto sino que se permiten todos por fuera de la esfera de lo público.

·         Reconocer la historia para enmendar errores. Orientada a sensibilizar sobre la deuda histórica en materia étnica, de forma que la sociedad reconozca la necesidad de consolidar espacios de interculturalidad y autonomía de las minorías étnicas.

·         Transversidad. Su objetivo es promover la igualdad en la diversidad sexual y de identidades de género. Implementada en sitios de trabajo, públicos y privados, medios de comunicación y establecimientos educativos sobre la igualdad y dignidad humana. Reiterando que la diferencia no es sinónimo de errado, y que la dignidad humana es un elemento transversal sin importar la condición sexual o de género.

·         Adicionalmente, se efectuó una campaña orientada a la inclusión política, teniendo en cuenta la estigmatización que sufrían las corrientes de izquierda y grupos sindicalista y defensores de derechos humanos, con el ánimo de concientizar a la sociedad de la importancia de proteger la diferencia y las posturas disidentes dentro de una democracia.

Las campañas se difundieron por medios de comunicación, planes educativos y contó con apoyo internacional.

Estas campañas, también fueron acompañadas con legislaciones que sancionaban la discriminación pero de forma acertada se empezó por donde se debía que era educar EN  derechos humanos propios de sociedades democráticas.

Los trabajos comunitarios iban acompañados de pedagogía en derechos humanos, sensibilización y capacitación profesional. Se llevó la universidad a las comunidades y se diseñaron talleres para insertar a la sociedad a los excluidos.

No se necesitó de un cambio constitucional, ni tampoco de grandes leyes que criminalizaran la conducta excluyente, bastó con que se cambiara la visión estratégica sobre la falta de capacidad sancionatoria de las instituciones como causa del incumplimiento del derecho            a una visión de rebeldía, atribuyendo las causas a una cuestión de percepción social, ideológica y axiológica, entendiendo que el cambio no se da por medio coercitivo, sino con acciones encaminadas a legitimar la inclusión modificando las escalas valorativas.

El resultado de este proceso, largo pero con compromiso institucional y de organizaciones sociales, permite hablar hoy de Locombia como una sociedad incluyente, no solo por marcos normativos, sino por una realidad que se constata en los espacios laborales, políticos, económicos, educativos.

El movimiento de mayor oposición a estos proyectos que era el denominado furibismo, corriente liderada por el expresidente de Locombia Furibe, se diluyó en el tiempo desde que el exmandatario fuera juzgado y condenado por la Corte Penal Internacional por sus violaciones al Estatuto de Roma.