El
actual proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con el
objetivo de terminar el conflicto armado con uno de los actores armados, ha
suscitado una serie de inquietudes acerca de las implicaciones del mismo para
la institucionalidad desde sectores sociales, políticos, académicos y
económicos, tanto desde criterios constructivos como de posturas que se oponen
la salida negociada con el grupo FARC.
Sin
entrar en consideraciones de tipo histórico, la presente entrada busca
aportar a la reflexión sobre esas implicaciones en un escenario de firma de los
acuerdos, y eventual refrendación o validación de los mismos, cualquiera que
sea el mecanismo adoptado por el presidente Juan Manuel Santos.
En ese
sentido, asumiendo la firma y aprobación de los acuerdos de La Habana, los
retos que debe enfrentar el Estado colombiano no resultan sencillos y requieren
de la suma de esfuerzos y articulación de todos los sectores para lograr su
objetivo.
- - Presencia
del Estado de derecho:
Luego de la firma de los acuerdos, y la consecuente desmovilización de las
estructuras guerrilleras, el Estado debe garantizar la presencia en las zonas
en donde la presencia ha sido débil, especialmente la rural, pero no
entendiendo su presencia desde una lógica exclusivamente militar y policiva,
sino garantizando una presencia integral desde políticas públicas de acceso a
servicios básicos, restablecimiento de derechos y garantías de retorno para la población
vulnerable y victimizada por el conflicto armado.
- - Nuevas
dinámicas del delito y resurgimiento de la violencia: Un eventual acuerdo que ponga fin al
conflicto con las FARC no garantiza el cese de la violencia ni del cometimiento
de delitos. La evidencia demuestra que incluso la violencia puede llegar a
incrementarse a causa del mercado de armas, incertidumbre e inseguridad en
materia de los acuerdos firmados y hasta acciones de venganza. En ese sentido,
cifras recientes muestran una tasa promedio mundial de homicidios del 6,2, en
Latinoamérica de 16,2, y en Colombia de 35. La Organización Mundial de la Salud
considera epidemia una tasa superior al 10.
- - Desarme: La demanda de armamento en contextos
de postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas
zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia, los
comerciantes de armas o los desmovilizados que no entregaron sus armas, buscan
negociar de nuevo el material que aún tienen en su poder, y frente a la
incertidumbre de la población por el cumplimiento de los acuerdos, se activa de
nuevo este mercado.En los países de Centroamérica, los
niveles de violencia asociados con arma de fuego, fueron por lo general más
altos durante el postconflicto que durante el conflicto mismo, entre otras
razones, debido a la creación de nuevas policías y cuerpos de seguridad
armados, en muchas ocasiones inexpertos para combatir el crimen, y propensos a
la corrupción[1].
Esto implica que el Estado debe responder con el
fortalecimiento de la justicia y de persecución de la nueva criminalidad
organizada, de la mano de acciones de reconciliación colectiva que permitan
mitigar el posible incremento de actos de violencia.
- - Fortalecimiento
de la reparación integral: Actualmente
se enfocan la mayor cantidad de recursos en la atención y asistencia a las
víctimas, pero se está dejando de lado la reparación integral que constituye
una medida de mediano y largo plazo para garantizar la satisfacción de los
derechos de las víctimas.Las medidas de educación y formación
para el empleo deben orientarse desde un enfoque diferencial que atienda a las
condiciones particulares de la población víctima.
- - Desmovilización,
Reinserción y Reintegración: En
la medida en que el Estado no articule esfuerzos con los actores económicos,
sociales y políticos que garanticen que el proceso de reintegración sea
efectivo y se alcance la seguridad y estabilidad del posconflcito, el
resurgimiento de la violencia y las dinámicas del conflicto van a perdurar,
especialmente para los combatientes jóvenes quienes suelen conformar las
principales cifras de víctimas y victimarios en una transformación del
conflicto.
- - Seguimiento
y ajustes de la política pública de seguridad y convivencia en el posconflicto: Se debe garantizar la formulación y
el seguimiento participativo y
diferencial con nuevos actores de la política pública desde lo local teniendo
en cuenta la mutación del fenómeno delictivo propio del posconflicto, en aras
de garantizar los ajustes necesarios para enfrentarlas.
Enfocar
el posconflicto exclusivamente desde una óptica de justicia restringida a lo
penal, excluyendo propuestas de alternatividad, además de desconocer otros
retos que debe abordar el Estado frente a la mutación de las dinámicas
delictivas, nos pondría no solamente en riesgo de eventuales escenarios de
justicia internacional, sino que abriría internamente una avalancha de
conflictos difíciles de abordar causando un empeoramiento del orden público, el
recrudecimiento de la violencia, la victimización y revictimización, que
empeoraría la situación de DDHH y DIH.
La paz no se firma en La Habana. El reto de construirla comienza después de esa eventual firma. No es tanto desalentar el apoyo de quienes hemos estado rodeando el proceso con las FARC, sino atender con entereza los retos de un posconflicto, que con sus costos, siempre será mejor que una prolongación de la guerra.
* Resumen de la ponencia presentada en el foro "El suroccidente colombiano frente al posconflicto" organizado por la Universidad Santiago de Cali, en esa ciudad durante los días 23 y 24 de abril de 2015.
[1] (UNODC,
2006), Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, UNODC, Bogotá
