El incremento
formalmente mínimo de $100 pesos que se anunció para 2015, materialmente
resulta ofensivo para una ciudad que ha tenido que soportar un servicio
deficiente, y que pareciera pretender un equilibrio financiero, por encima de
una efectividad del servicio.
El Sistema Integrado de
Transporte Público en la ciudad de Cali, fue una estrategia que respondiera a
los problemas generados por la densidad poblacional de la capital vallecaucana,
y las dificultades de movilidad, pues según se justificaba en las iniciativas
de la época, el transporte tradicional no era consecuente con las necesidades
de la población.
Con el nuevo sistema se
buscaba dar solución a problemas de congestión vehicular, inseguridad al
interior del transporte colectivo, reducción de la carga contaminante, y los
problemas asociados a la llamada “guerra del centavo” entre los motoristas.
De otro lado, el
sistema se concibió como una forma de articular de manera anillar a una ciudad
caracterizada por su estructura monocéntrica, esto es, que sus actividades
principales, productivas y de desarrollo urbano en su mayoría se encuentran
concentradas en determinada zona, y que el diseño debía, por lo tanto, garantizar
la articulación de la periferia con esa zona urbana de mayor movimiento de
industria, servicios, gobierno, entre otras.
Lamentablemente desde
su implementación, el SITP - MIO parece estar empeñado en cualquier cosa, menos
en alcanzar esos objetivos. En principio, el problema social que ocasionó la
decisión, de más soberbia y arrogante de un Secretario de Tránsito en la
alcaldía de Guerrero de reducir la oferta de buses tradicionales a cualquier
costo, desconociendo lo contemplado en el Decreto 0302 de 2007, complementado
por la resolución 0408 de 2012 que establecía las condiciones para la
eliminación de vehículos, así como su incorporación al Sistema, “de manera que
la capacidad transportadora prevista refleje adecuadamente el retiro del
servicio de los vehículos adquiridos o desintegrado físicamente por el SITM”.
Ese retiro de vehículos,
que se justifica en la medida en que se debe reducir la oferta del
transporte colectivo tradicional para lograr la
estabilidad financiera y los demás objetivos del Sistema, y que requería sacar los otros
tipos de transporte, no debía hacerse de forma arbitraria ni oscura, sino de forma
progresiva para no afectar a los transportadores del servicio tradicional.
Por otro lado, reducir
la oferta del transporte tradicional implica garantizar que el cubrimiento del
Sistema efectivamente supliera la demanda de transporte, y que logara el
objetivo de articular la ciudad. La realidad es que la cobertura es deficiente,
y las zonas periféricas (comunas 14, 21, 18, 22 y ladera) se encuentran con
insuficiencia en el abastecimiento de transporte para conectarla con esa ciudad
monocéntrica.
Sin entrar en mayores
factores descriptivos de las fallas del Sistema (mal mantenimiento de los vehículos,
fallas en la implementación de medidas con enfoque diferencial para población
con discapacidad y adultos mayores, excesivos tiempos de espera, entre otros)
lo cierto es que más que un tema de equilibrio financiero, se trata de un tema
de carácter humano en una ciudad con graves problemas sociales.
De un lado, la
afectación de la ocupación de los transportadores y toda la cadena que
participaba en el servicio de transporte colectivo que perdió su fuente de
ingreso de manera abrupta y no progresiva con concertaciones y medidas
paliativas, y de otro las afectaciones a la comunidad usuaria del SITP – MIO,
evidencian que se trata de un servicio deficiente y que afecta de forma
sustancial derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad.
En los últimos días a la
inconformidad con el servicio prestado por la empresa Metro Cali S.A. y los
operadores del Sistema Integrado de Transporte Público – MIO, se le ha sumado
la molestia generada por el anuncio del incremento en la tarifa de este
servicio para el próximo año en $100 pesos, y las implicaciones de la
renegociación del contrato con los operadores.
El incremento
formalmente mínimo de $100 pesos que se anunció para 2015, materialmente
resulta ofensivo para una ciudad que ha tenido que soportar un servicio
deficiente, y que pareciera pretender un equilibrio financiero, por encima de
una efectividad del servicio.
El equilibrio
financiero que los operadores y directivos de Metro Cali S.A. requieren, no
puede estar divorciado de un servicio que se preste con garantías y mínimos
para una población, especialmente la que se encuentra en la periferia, que
requiere de proyectos de inclusión, y es precisamente la movilidad uno de los
factores que hoy a través del Masivo Integrado de Occidente se ha convertido en
factor de exclusión y olvido para ellos.
Metro Cali S.A, las
autoridades locales deben comprender, que si bien es cierto el transporte
masivo es una industria, es deber del Estado local garantizar que ese servicio
se preste en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, y que el
alto tribunal constitucional en su sentencia C – 439 de 2011 precisó por cuanto
se trata de un derecho de libre locomoción y de libre acceso, que el Estado
debe diseñar y ejecutar “políticas
dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los
equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de
medios de transporte masivo”.
Tal vez si sus dueños y
directivos buscaran efectivamente fomentar el uso de este medio de transporte,
garantizando un servicio o al menos fortaleciendo su prestación en condiciones
de calidad y garantizando la integración de la ciudad, la ciudadanía no
encontraría grosero y atorrante el incremento de $100 pesos en su tarifa
de movilidad.
