SOBRE CAUDILLISMOS Y MAYORÍAS: Los riesgos de la institucionalidad

El surgimiento del Estado de derecho como proceso  significó la transición del antiguo régimen personalista de la voluntad omnímoda del monarca, al establecimiento de controles y límites al gobernante, y la institucionalización de la democracia representativa, a través de parlamentos encargados de representar la voluntad popular para orientar el futuro de los Estados en contraposición de la voluntad individual y caprichosa de un individuo en el poder.

Sin entrar de fondo en el debate entre el modelo francés sobre los límites del constituyente primario y el constituido, con el modelo norteamericano que concebía el poder constituido limitado por la voluntad del constituyente primario, hoy es cierto que el Estado de derecho tiene claros límites a los poderes constituidos y constituyente (Schmitt).

La concepción contemporánea de democracia no es la formula simple del poder de las mayorías, y el Estado de derecho es todo lo contrario a la captura institucional por parte de partidos y poderes personalistas. Las garantías a las minorías y la oposición, la alternancia en el poder y el respeto por los derechos humanos en todas sus generaciones de forma interdependiente, son características y límites de y en una democracia de rango fundamental (Elías Días).

El pasado martes el órgano representativo venezolano otorgó por un año facultades expresas al presidente Maduro, mediante las que podrá gobernar a través de decretos, es decir, sin consultas ni debates democráticos, sino atendiendo a su criterio personalista y caprichoso, en un contexto de persecución a la oposición, de limitaciones a los derechos de primera generación y de derrumbamiento institucional y del orden público.

Para quienes de alguna forma conocemos el surgimiento del Estado de derecho, el proceso de consolidación y maduración de los derechos humanos y la democracia, nos debe resultar aberrante la realidad venezolana.

Venezuela acaba de cubrir de legalidad democrática el retroceso que la somete a los caprichos vanidosos y compulsivos de su "monarca" sin formación, retroceso que ya ha ocurrido en la historia. El ejemplo mas horroroso nos remite a la Alemania Nazi, donde su Fuhrer todo lo hizo bajo el manto de la legalidad y con procedimiento de democracia formal.

El caudillismo o personalización del Estado ha tirado al traste los avances en materia de derechos humanos y democracia material. Sus consecuencias nefastas todavía las recuerdan quienes han padecido esas épocas, y Venezuela nos recuerda que todavía estamos en riesgo de repetir esas tragedias, que muchas veces con el discurso populista se establecieron en el poder prácticas de tiranía, incluso por mayorías democráticas.

Es recurrente hoy en América Latina encontrar latente este riesgo, y en Colombia, que durante 8 años un régimen en el poder convirtió en un muladar toda la institucionalidad del Estado colombiano desde la Casa de Nariño, imponiendo sus más oscuros intereses, hoy rinde el más bajo homenaje al caudillismo y la personalización estatal con su rostro y nombre para identificar un movimiento de contenido y aspiraciones tan oscuros como los de sus más ilustres representantes.

Frente a la vergüenza descarada que Venezuela hoy vive en torno  a la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos, Colombia no tiene las condiciones para criticarla cuando ha sido complaciente con estructuras de poder con las mismas aspiraciones que  el chavismo encabezado por Nicolás Maduro ha alcanzado: el desmonte del Estado de derecho en pro de una personificación del Estado, el sometimiento de la minoría por la imposición de la mayoría que otorga poderes omnímodos a su líder carismático, recordando a Weber, y rebajando los derechos humanos a un mero discurso de bolsillo y conveniencia, echándonos en cara nuestra aparente incapacidad de legitimar racionalmente el poder (nuevamente usando a Weber).

Es lamentable lo que ocurre hoy en Venezuela, pero que en Colombia hoy muchos quisieran, desde otra orilla y con el rostro y nombre de su caudillo encabezando el nombre de su movimiento, alcanzar a toda costa.

Una sociedad complaciente con los victimarios ¿a qué está jugando?

Mujeres víctimas y victimarios. Más allá de un simple juego.

Las recientes declaraciones del señor Andrés Jaramillo, a raíz de los repudiables hechos de conocimiento público, entre las que cito: "Una niña que llega (al establecimiento) con un sobretodo y debajo una minifalda, ¿a qué está jugando?, y después para exculpar pecados diga que la violaron", han generado una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales y medios de comunicación, tanto en rechazo como en justificación de las mismas, y como defensor de derechos humanos, me uno a las primeras.

En Colombia la lucha para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra la mujer, mediante la expedición de herramientas legislativas con el objetivo de enfrentar la histórica discriminación y actos de vulneración que contra ellas se ha ejercido dentro de contextos de machismo y estructuras patriarcales es realmente reciente.

El primer avance en el tema se presenta con la Ley 51 de 1981, que ratificó la convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pero que no significó un avance significativo o de fondo, especialmente para sancionar conductas punibles que violentaran a la mujer, especialmente en materia de delitos sexuales, pues el Código Penal de 1980 extinguía la acción penal en los casos de acceso carnal violento siempre que el agresor contrajera matrimonio con la víctima. Si se mira desde un enfoque de género, la medida constituía una revictimización de la mujer y evidentemente carecía de cualquier criterio diferencial para el tratamiento de estos hechos, pues eran considerados delitos contra el pudor.

Los verdaderos avances se pueden referir a la ratificación de la Convención para le Eliminación de la violencia contra la mujer, llamada Convención de Belem Do Pará, adoptada mediante la ley 248 de 1995, que conlleva entre otras, a   la reforma penal de 1997 en materia de delitos sexuales donde el eje de protección o bien jurídico tutelado sería la dignidad humana incluyendo un incremento de la pena para estos delitos en un máximo de 20 años, y además elimina la causal de extinción de la acción penal mencionada anteriormente. Desafortunadamente las penas son rebajadas con la ley 599 de 2000.

En el año 2008 se expide la ley 1257 con un contenido dirigido a crear responsabilidades tripartitas entre la familia, el Estado y la sociedad, y un trabajo interinstitucional entre las entidades estatales que deban responder ante los casos de mujeres violentadas, en cualquiera de sus formas, de forma que se garantice la prevención, la investigación y sanción, y el restablecimiento de los derechos de las mujeres.

A pesar de estos avances o esfuerzos legislativos, la respuesta estatal todavía es débil frente a los casos de violencias contra la mujer. Las entidades carecen de capacidad estructural y algunos funcionarios, encargados de la atención de víctimas, siguen sin una perspectiva de género o enfoque diferencial. He conocido casos donde las autoridades han devuelto a la mujer denunciante para “que se arregle con su pareja”, es decir, lo perdone y siga recibiendo golpes.

De igual forma, casos presentados donde las autoridades, ante casos de violación o delitos sexuales, pretenden reprender a la víctima con frases como “de esto que aprendió?”, volviendo a la revictimización y reforzando el estereotipo de “algo habrá hecho” o “ella se lo buscó” impiden realmente la efectividad y operatividad de leyes como la 1257.

Pero si se mira, tal vez con hilo delgado, total es un blog personal, el Estado y sus funcionarios resultan un reflejo de la sociedad y sus visiones. Un funcionario que rinda este tipo de respuestas, es un ciudadano que piensa igual, es decir, la sociedad sigue justificando las violencias sexuales y de cualquier tipo contra las mujeres.

Un ejemplo de esto es precisamente la afirmación citada del señor Jaramillo, en la que de cierta forma  responsabiliza a la mujer por ser víctima de violencia sexual debido a  su forma de vestir, o por su permanencia en una discoteca, sin reprochar realmente a su victimario.

La libertad, para ambos géneros, implica que la mujer no sea sancionada ni violentada por las decisiones que libremente ha elegido, incluso el qué ropa usar. Salvo visiones patriarcales y machistas que someten y cosifican a la mujer, nadie podría avalar ese tipo de afirmaciones, desafortunadas ante todo, pues se reprocha a la mujer ser víctima, cuando la sociedad es quien la ha victimizado.

Señor Andrés Jaramillo, la mujer víctima de delitos sexuales no es la responsable, pues es la víctima, no está jugando. Quien es el responsable es el victimario, y no sólo el, sino una sociedad complaciente que justifique al victimario. Esta sociedad, señor Jaramillo, también es un victimario. La pregunta sería, esta sociedad ¿a qué está jugando?

Divagando sobre la paz: ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de paz?

La paz está de moda, o siempre lo ha estado.  Incluso me atrevo a afirmar que a un nivel de uso exagerado del término que ya ni sentido tiene la expresión.

En el ámbito internacional y regional, son numerosos los instrumentos que contienen la paz como fin y objetivo del orden internacional y de las acciones de los estados y organismos que lo componen. Por ejemplo, en la carta de naciones unidas, en el preámbulo se habla de la convivencia en paz como buenos vecinos, y su artículo 1 tiene como propósito de la ONU mantener la paz y eliminar toda amenaza a esta. La carta constitutiva del Consejo de Seguridad del mismo organismo, tiene como finalidad preservar, reforzar y buscar  la paz, y en 2006 la ONU crea la comisión de la consolidación de la paz para países que salen del conflicto armado.

En el ámbito regional, la carta de la OEA menciona en su preámbulo 4 veces el término paz considerado una finalidad y un anhelo del orden internacional. Lo mismo en sus artículo 1 y 2. Estos solo por citar algunos ejemplos.

Ya en el plano nacional, la Constitución en su preámbulo establece la paz como finalidad del pueblo colombiano, igualmente como fin esencial del estado en su artículo 2 la convivencia pacífica, y desde una visión personal, el artículo 22 es el más particular, establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Pero, pese a sus numerosas menciones, ¿qué es la paz?

Desde una visión tradicional, la paz es la ausencia de guerra. Bajo esa óptica, y siendo más técnicos, Colombia adolece de paz por encontrarse en un conflicto armado no internacional de acuerdo con lo establecido en el protocolo adicional II a los 4 convenios de ginebra, y por ende una salida al conflicto sería una entrada a la paz. En ese sentido, nos encontramos ante unas mesas de negociación con el grupo ilegal de las FARC, lo que abriría paso una salida al conflicto y la entrada a la paz.

Esta situación merece atención por la vaguedad del término. Salir del conflicto para alcanzar la paz, necesariamente nos obliga a preguntarnos: ¿a que qué costo? ¿Qué tipo de paz?

El problema es filosófico, pues no sabemos que es la paz, ni siquiera es definida en la paz perpetua de Kant. Así se escuchan voces que hablan de la paz como un elemento individual, del alma, otros de una estabilidad social, de orden, mientras otros acuden a ella para hablar de un estado utópico de felicidad y superación de problemas. En verdad, ninguna de ellas sería correcta para abordar el contexto y realidad colombiana.

Concebir la paz como ausencia de conflicto, es impertinente. Los conflictos existen y existirán en toda relación humana y de poder. Situaciones idílicas de estabilidad armonía y equilibrio “perpetuo” no son posibles, son utopías.

La salida del conflicto armado en Colombia, no garantiza la paz. En primer lugar, una salida armada y militar ha sido un fracaso que más ha agravado el mismo conflicto, por las víctimas, la polarización y la violencia. Una salida negociada, política, es decir, una salida pacifica es mas coherente con un ideario de paz, pero volvemos a lo mismo, ¿qué es la paz?

La paz debe ser traducida en conceptos más concretos y materiales, la paz es erradicación de pobreza extrema, que es generadora de violencia, la paz es seguridad social, educación y educación en derechos humanos, la paz es una justicia al acceso de los ciudadanos, garante y estable.

La paz no es la eliminación de los conflictos, la paz, o mejor dicho, una sociedad pacífica, será aquella que sea incluyente y que se determina por la forma en que resuelve los conflictos. En ese sentido, para volver a la concepción tradicional, la salida del conflicto armado será pacifica en tanto sea negociada, incluyente y con marcos que garanticen estabilidad posconflicto.

Pero adicionalmente, la inclusión de las minorías, la accesibilidad a la educación y a la justicia, la distribución de los bienes y servicios y las reparaciones a las víctimas actuales e históricas, son claves a la hora de hablar de paz o reitero, de sociedad pacífica.

La paz como ausencia de guerra, puede incluso significar que la paz puede ser implementada mediante estrategias autoritarias, desde un rol hobbesiano, pues mantener el orden y la seguridad a costa de la libertad y garantía de los individuos, pero eliminando la disidencia, la oposición, las minorías y lo diferente, evitando el conflicto por medio de la represión, no es una paz legítima, no es una sociedad pacífica.

La paz, corrupción y narcotráfico.

Desde el marco de la reflexión anterior, entendida la paz como la forma en que se superan los conflictos, es decir, de forma dialógica, concertada, deliberante y no beligerante, sin imposiciones ni regímenes autoritarios, bajo garantías fundamentales, (democracias deliberativas), aplicado esto también al conflicto armado que padece Colombia, es posible afirmar que mientras exista el narcotráfico no es posible construir una sociedad pacífica (incluyente y garante).

El narcotráfico es un causante de guerra, de violencia territorial, mercantilizada y de luchas de poderes ilegales. Desde la lógica que se viene desarrollando, el narcotráfico ha sido un generador de superación de conflictos con violencia y exterminio por parte de los actores de ese negocio vil. Es decir, las estrategias del narcotráfico han sido desestabilizar las instituciones por medio de su captura, a través del terror y el asesinato.

Sus dominios territoriales han sido por medio de la fuerza y el desplazamiento, generando más pobreza y víctimas.

Una sociedad pacífica, es decir, la que se caracteriza por la forma como resuelve sus problemas y diseña y ejecuta un modelo de inclusión social, no puede existir con las dinámicas de exterminio que impone el narcotráfico.

Si el narcotráfico genera víctimas, pobreza y exclusión y además desestabiliza las instituciones y la sociedad civil, su permanencia no es concebible dentro de procesos democráticos deliberativos. De hecho, el debate de la droga, como problemática social, debe darse e el marco de procesos deliberativos, para que  se surta una solución pertinente.