EL RIESGO DE UNA CONSTITUYENTE:

La democracia en peligro

Con la aprobación del adefesio Acto Legislativo que pretendía introducir una reforma constitucional a la justicia, pero que terminó siendo un boquete para la corrupción, la impunidad y, en general, una deformación a la justicia, se ha reavivado el debate propuesto por el uribismo en torno a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva como conjuro a los problemas que ellos denuncian.

 Hablo de reavivar, porque desde el momento en que la Corte Constitucional cierra definitivamente la posibilidad al ex presidente Alvaro Uribe Velez de llegar nuevamente a la presidencia mientras esté vigente la Constitución de 1991, ha rondado la necesidad de remplazar la Constitución por una nueva que permita al ex mandatario regresar a su amado poder ejecutivo.

 No pretendo dedicarme a exponer la obvia intención de convocar la constituyente para favorecer el retorno al poder del señor Uribe, lo que de entrada me parece abominable, no solo jurídicamente, pues implica remplazar la Constitución para favorecer a una persona, sino a niveles éticos, dada la cantidad de denuncias que rodean su gobierno y su vida personal. Pretendo, desde la serenidad que proporciona la academia, exponer el riesgo democrático que implica una Asamblea Constituyente para el futuro institucional colombiano.

 Resulta claro,  desde toda perspectiva constitucional, que remplazar una Constitución para permitir el ascenso al poder de un hombre, es desafortunado, es el escenario de un caudillismo nocivo y degradante para la institucionalidad, pero partamos de la afirmación realizada por el mismo señor Uribe donde niega pretender su reelección y partamos de condiciones más estructurales para reconocer el riesgo de una constituyente en estos momentos.

 Básicamente, una Constitución es la base y el marco dentro del cual debe funcionar, jurídica y políticamente, un Estado, surgida del poder soberano ejercido por el constituyente primario representado en el constituyente ad hoc, cuya legitimidad radica en la inclusión de todas las fuerzas políticas democráticas de la nación. En ese entendido, es un espacio donde el factor elemental es la democracia, pero no una democracia representativa, sino una deliberativa que no se base en la imposición de las decisiones de una mayoría, sino en el debate y discusión con la participación activa de todos los potenciales afectados.

 Ese escenario debe contar con uno requisitos, o pretensiones de validez para recordar a Habermas, dentro de los cuales están las garantías del debate y las condiciones de igualdad que permitan una acción comunicativa legitima, donde el consenso, previo ejercicio de argumentación y debate público, sea el resultado final.

Resulta entonces pertinente preguntarse si, en el estado actual de cosas, con la creciente polarización y satanización proveniente del discurso oficial del uribismo, existen las condiciones que legitimen una constituyente de acuerdo a los postulados de la democracia deliberativa.

Es decir, preguntarnos si estaríamos frente a una constituyente que permita la inclusión de todas las voces, el debate argumentado y el consenso con todas las fuerzas, mayoritarias, minoritarias y en general todas las potencialmente afectadas con la nueva Constitución, dentro del presumuento de la legalidad y la democracia.

 Es preguntarse si, con el lenguaje violento con que se ha tratado a la oposición, a la academia, a los pueblos indígenas, y a todas las corrientes distantes del uribismo, se tendrían las garantías necesarias para la interlocución y la presentación de diferentes propuestas que no necesariamente sean compartidas por el uribismo, y que se permita el consenso y no la imposición de una visión y modelo de Estado que no es una aspiración colectiva, sino de una sola colectividad.

Incluso, sería preguntarse si estaríamos frente a una constituyente que atienda a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, de ese coto vedado o núcleo fuerte, que limita, válidamente, el poder soberano del Estado cuando de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trata.

Finalmente, valdría también preguntarse si los problemas que afectan la institucionalidad colombiana se resolverían con una nueva Constitución o, por el contrario, significaría un retroceso institucional que afecte la independencia de las ramas, la legalidad y la lucha contra la impunidad.

Al responder esos interrogantes, es posible entender que una constituyente en estos momentos resulta un riesgo. Un riesgo porque sería el escenario para imponer un modelo de Estado que responda a los intereses de una sola colectividad, un modelo de Estado excluyente y violento, con menosprecio a los DDHH y al DIH, con irrespeto a la fuerzas opositoras, disidentes o críticas, un modelo de Estado que no goce de legitimidad, pues no hay condiciones necesarias para llevar a buen término un proceso constituyente.

No apoyo la constituyente por eso, porque una Constitución debe ser producto de ejercicios deliberativos, incluyentes y respetuosos. Además, no creo que una nueva Constitución sea el conjuro a problemas estructurales.

PS. Apoyemos el referéndum derogatorio de la reforma a la justicia. Lejos de ser una actividad politizada, como lo es la convocatoria a la constituyente, estamos ante el ejercicio ciudadano para favorecer la democracia y la justicia.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO:

Rescatemos el pensamiento crítico.

Actualmente asistimos a lo que se ha llamado la postmodernidad. Una etapa que atiende a criterios de incertidumbre, al término de las certezas y de la no identidad.

El proceso de pensamiento del hombre aborda una crisis, una crisis  producida por un modelo neoliberal que, más allá de ser un modelo económico, es toda una estructura social, política y hasta cultural, impuesta para someternos a las leyes del mercado adornadas con el discursos de la calidad y la excelencia.

El modelo neoliberal, nos ha sometido al fin de la certeza y al menoscabo de las identidades. Vivimos una esquizofrenia conceptual y académica que se refleja en un modelo educativo de consumo de conocimiento donde la producción del mismo no nos compete a las latitudes del tercer mundo. Estamos ante un modelo de educación, donde el individuo se está convirtiendo en un tecnócrata y los procesos de aprendizaje en meros espacios de recepción de conocimiento para simplemente salir a reproducirlos.

Es allí donde la educación debe ser re – pensada, donde el papel de la Universidad debe ser debatido, y considerado como un espacio de la emancipación y la liberación del individuo del yugo de conceptos prefabricados, donde cuestione, construya identidad y deconstruya conceptos.

En ese sentido, es donde cobra importancia el tema de las nuevas corrientes pedagógicas, que vistas algunas como el paradigma ecológico, las pedagogías críticas y el constructivismo, se hace necesario que, desde las ciencias sociales y concretamente el Derecho, abordemos las pedagogías críticas como herramienta de enseña y modo de vida de nuestras facultades.

A partir del paradigma crítico – social, abordar la enseñanza – aprendizaje del Derecho como un proceso centrado en los procesos culturales, políticos y sociales, sustentadas en la libertad del pensamiento crítico con fines transformadores de la sociedad, sobre los pilares del pluralismo y la democracia.

En esencia, asumir la educación en movimientos transformadores, donde el rol del docente sea el liderar ese movimiento, y el estudiante, como actor protagónico, asuma las realidades y las problematice por medio de la deconstrucción conceptual.

No cabe duda que la educación debe ser asumida como un movimiento que al problematizar, se convierta en una respuesta contra un absolutismo conceptual, impuesto por un modelo neoliberal que suprime el pensamiento convirtiéndolo en un mero resultado de memoria, de aceptación conceptual y de repetición teórica, desplazando la crítica y la investigación, sobre criterios de mercado y excelencia.

Es pues un reto que abordemos la pedagogía desde una concepción crítica, y encontremos en el proceso enseñanza – aprendizaje del Derecho, los espacios necesarios para emancipar, problematizar y liberal al hombre, en donde la universidad y las clases de Derecho sean el escenario para rescatar el pensamiento como proceso transformador de cara a la sociedad.

MONSTRUOSIDAD PATRIA:

Algunos desvaríos sobre nuestra sociedad

No logro salir del asombro de todas las escenas de estupidez, barbaridad y monstruosidad de nuestra sociedad. No es que antes no pensara que el colombiano en general es violento e incluso estúpido, no es que sufriera de patriotismos banales y de medio pelo de esos que “sienten” la bandera, pero ignoran a sus muertos.

Siempre me he considerado un realista, y un crudo realista, pero no por ello he perdido mi capacidad de asombro, mi capacidad de estremecimiento.

Los recientes ataques de las FARC, considerados como actos terroristas, ataques a la población civil sin discriminación. Las imágenes de agentes de la policía incinerando a un perro vivo o la de los agentes enterrando a uno en igual condiciones. Las recientes y crecientes noticias sobre maltrato a la mujer y feminicidios, incluyendo el de Rosa Elvyra, demuestran como cada día nuestro tejido social se convierte más en un entramado putrefacto de seres salvajes.

No bastando con estos actos, nos enfrentamos a la imbecilidad del moralismo, cuando rechazamos, como un pueblo arcaico, escenas de pornografía por el simple hecho de haber sido filmadas en un patrimonio histórico, cuando muchos desconocen incluso los lamentos y la sangre que rodean al castillo de San Felipe pero, por otro lado festejamos, sin el menor asomo de vergüenza, las aventurillas de uno de los seres más oscuros de la historia colombiana.

Un moralismo imbécil que nos lleva a rechazar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ese mismo moralismo abanderado por la Procuraduría en cabeza de Ordoñez, que sin reparo jurídico alguno, en su solicitud de nulidad contra la sentencia T – 716 de 2012, afirma que las “las relaciones que surgen entre las parejas homosexuales y de las parejas heterosexuales no son idénticas y no pueden equipararse absolutamente”.

Una estupidez que nos lleva a legitimar actos de violencia, actos de ilegalidad, cometidos por un gobierno que se encargó de desmontar, con casi total éxito, el Estado constitucional de Derecho que con las uñas se había construido en vigencia de la Constitución de 1991, con el argumento de la seguridad. Esa misma estupidez que rechaza al Estado laico, la libertad de expresión y el librepensamiento por considerarlo nocivo para el “interés superior de la nación”.

Nuestra indignación sobre muchos de los hechos que ocurren, es más una caricatura, una reacción momentánea y un chascarrillo de pseudoactivistas, o ¿Cuántos permanecieron indignados durante el partido Colombia – Perú el domingo pasado?

Nuestra sociedad ha perdido la capacidad de estremecimiento, nunca ha sido sustentada sobre la solidaridad y la dignidad humana, así nuestro artículo primero constitucional lo afirme. Nuestra sociedad es solo el reflejo de la estupidez, la barbaridad y la monstruosidad a la que es capaz de llegar el ser humano. Una estupidez que con su pasividad legitima la barbaridad y la monstruosidad que cada día vemos pasar ante nuestra mirada.