martes, 26 de abril de 2016

Cultos, política y Bacrim. Ni los mismos ni tan diferentes.

Hablar de partidos políticos en Colombia en el sentido estricto de la palabra, resulta un fuera de lugar. Colombia se caracterizado por la dinámica de bandos electorales carentes de coherencia y disciplina interna, alejados de los intereses de sus bases y apegados a las coyunturas y conveniencias particulares.

Adicionalmente a esto, desde hace un poco más de dos décadas se ha acrecentado un fenómeno en donde las agrupaciones con fines políticos se asemejan a un culto esquizofrénico a cargo de un líder carismático en el que sus miembros son objeto de manipulación tras repetir mentiras sin cansancio alguno, señalar una superioridad  segregando a quienes no encajan en esa percepción de supremacía, causando en casos extremos incluso el asesinato y desaparición de quienes no deciden seguir el culto o son un obstáculo para la meta del poder absoluto.

Adicional a la mentira como estrategia de manipulación, en ciertas ocasiones aquellos cultos liderados por los señores de la política terrateniente, han recurrido a la conformación de estructuras armadas que siguen los señalamientos públicos de quienes ostentan cargos de mando al interior de los cultos como órdenes directas, y han logrado dominar escenarios de la vida política y económica basando su dominación en esos grupos armados más caracterizados como paramilitares.

En efecto, Colombia presenciaba hace unos años el aparente desmonte del paramilitarismo, pero recientemente hemos visto un mal llamado resurgir de sus estructuras, con tomas armadas y dirigidos ideológicamente por líderes políticos y económicos;  digo mal llamado resurgir, pues parece un misterio sí se esperaban en silencio, replanteando la estrategia, diseñando las mentiras y ubicando sus más oscuros alfiles en el poder, para nuevamente movilizar las pasiones nacionales en aras de obstruir un consenso y mantener la polarización.

Hoy vemos a cierto culto mantener sus esfuerzos en repetir mentiras hasta convertirlas en verdad, se simulan como perseguidos políticos por su incapacidad de construir desde el debate, pues enfrentar un debate implicaría desenmascarar la inmundicia que los rodeaba mientras ostentaban el poder legal y desmontar las mentiras que fundamentan su culto. Deslegitiman las instituciones, especialmente a la justicia cuando cumple su deber en contra de alguno de sus miembros, y lideran escenarios en el que el campesinado despojado  por las estructuras paramilitares es señalado como victimario.

Ahora las estructuras armadas detrás de este culto son llamadas Bacrim, y en efecto han tenido una mayor actividad destinada a las rentas del crimen organizado que como aparato represor del Estado, finalidad resumida del proyecto paramilitar.  Cuentan con cierta independencia frente a quienes eran sus dirigentes ideológicos en la otrora era del paramilitarismo, pero siguen respondiendo a una dinámica de exterminio cohonestada por actores políticos que se siguen sirviendo de ellos, y manejando por la vía pública un discurso para sostener su culto basado en el peligrosismo y la securitización nacional.

Las llamadas Bandas Criminales, como forma de denominar a la mutación paramilitar, posee control territorial para el ejercicio del crimen organizado como fuente de ingreso, motivo por el cual para efectos electorales y latifundistas se siguen nutriendo mutuamente con actores políticos y económicos, paralizando el Estado y llenando las urnas so pena de muerte.


El peligro de los cultos que aspiran al poder político  rondan nuestras insípidas democracias, y si bien no en todos los casos recurren a estrategias armadas, si tienden a la violencia, la exclusión y polarización extrema.

martes, 12 de abril de 2016

Colombia: del tránsito migrante a la explotación.

En Colombia el tema de migración irregular no es nuevo. Las condiciones geográficas de su acceso a los dos océanos y la frontera terrestre caracterizada por grandes zonas selváticas, junto con la fragilidad institucional en un contexto de vulnerabilidad social, han propiciado el escenario para que este fenómeno exista y se aprovechado por las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Lo que hace al fenómeno un tema a considerar en Colombia en la actualidad, más allá de la crisis migratoria que enfrentan en Europa y el medio oriente, o de los discursos xenofóbicos y de supremacía racial que han rodeado candidaturas obtusas en los Estados Unidos, es una creciente ocurrencia del fenómeno que no ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y en efecto refleja la necesidad de atender esta manifestación del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia en el año 2014 se identificaron 2.111 migrantes irregulares posiblemente objeto de redes dedicadas al tráfico, en el año 2015 la cifra ascendió a 8.855, lo que representa un incremento del 319%. Tendencia al aumento que en este año seguramente se mantenga al considerar que durante el primer trimestre del año 2015 el número de migrantes irregulares detectados fue de 1.111, y en el mismo periodo del año 2016 la cifra va en 3.180.

De las nacionalidades detectadas encabeza la lista la cubana con más de 6.000 identificaciones en el año 2015, seguida de la nepalí con 720 y la somalí con 397. Lo anterior tiene una explicación a partir de la incertidumbre en la continuidad de la ley de Pies secos-Pies mojados de EE.UU causada por el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, y que ha sido detonante para que muchas personas beneficiadas con esa medida financien la salida de sus familiares que todavía permanecen en la isla tomando como una de las rutas el ingreso por Ecuador, teniendo en cuenta su medida de cielos abiertos, la cual fue tratada de corregir con la exigencia de una visa que no es de difícil acceso.

En ese sentido nos encontramos ante un escenario de cubanos migrantes irregulares que recurren a personas dedicadas al tráfico,  ingresan por Ecuador con dinero en efectivo y recorren por tierra el país, especialmente por las vías paralelas al Pacífico, hasta salir por la zona de Turbo hacia su destino final.

Lo anterior plantea un escenario crítico desde una perspectiva de derechos humanos y crimen organizado. De un lado, el ingreso de migrantes irregulares en ese número elevado y en muchos casos con dinero en efectivo, los precipita a ser víctimas de delitos patrimoniales y  sexuales, o en otros han sido considerados criminales.

Las organizaciones criminales en Colombia han identificado en esta práctica del tráfico de migrantes una fuente de ingreso al lograr dominar territorialmente las rutas por donde son transitados y hacer una suerte de peaje criminal de manera análoga  la ruta de la droga, en donde se ponen en riesgo la vida de ellos por posibles enfrentamientos, accionar militar o una tendencia de desembocar la migración irregular en el delito de trata de personas, pues el migrante irregular, indocumentado y en estado de necesidad, es proclive a ser sometido por redes criminales a distintas modalidades de la explotación humana.

La presencia de indígenas que no hablan español y se encuentran con nombres y cédulas tatuadas en sus brazos en cierta zona del país dedicada a la explotación de minería ilegal sometidos de esa forma al trabajo forzado. En otras zonas el pago al ser en efectivo y al haber sido víctimas de robo, los migrantes son víctimas de una serie de vejámenes sexuales o al sometimiento a la esclavitud sexual.

En principio el delito de tráfico ilícito de migrantes en Colombia no contempla a éstos como víctimas, pero la práctica de esa manifestación del crimen organizado los ha convertido en blanco fácil de violaciones de derechos, objeto de explotación por redes de trata de personas, y de otra serie de vejámenes que los convierten en víctimas, mutando nuestro país de zona de tránsito migratorio, al territorio de su explotación.


¿Esta Colombia preparada para la dimensión de este fenómeno?