LA AUTONOMÍA INDÍGENA: El debate perdido entre balas e insultos

Colombia, a partir de 1991, rompe, en teoría, con un modelo de Estado hegemónico y basado en el monismo jurídico para abrirse a un modelo de Estado que se reconoce como pluralista en el respeto a la diversidad étnica y cultural, es decir, en el multiculturalismo.

Foto tomada de Semana.com

En 1991 Colombia asume el reto de romper con una tradición jurídica donde el Estado es el único productor de normas jurídicas y donde la diversidad étnica, cultural y religiosa era invisibilizada por la hegemonía de una sociedad mayoritaria, blanca y católica.

A pesar de ese reconocimiento formal, y que además constituye mandato de rango constitucional, incluso en el diseño de políticas públicas, los debates en torno a los alcances jurídicos de las disposiciones constitucionales y las interpretaciones judiciales que de ellas se hizo, nunca ha sido abordado con interés por parte del establecimiento, y solo muy recientemente por parte de la academia.

En el periodo de 1992 a 1995, las decisiones adoptadas, tanto administrativas como judiciales, fueron de carácter errático, con algunos aciertos (sirvan de ejemplo la T – 567, T – 188 de 1992, T – 342 y T – 384 de 1994) y otras fueron desacertadas, e incluso perjudiciales (como la T – 254 de 1994) para la consolidación de un criterio solido y orientador del Estado multicultural.

Con interpretaciones posteriores, y algunas producto de nuevas reivindicaciones de la academia y los movimientos sociales, la discusión aborda otro camino más elaborado (en ese sentido puede verse la T-496 de 1996, T – 239 de 2002 y más reciente la T – 129 de 2011 sobre la consulta previa como derecho fundamental), pero todavía con mucho por recorrer sobre los alcances del reconocimiento a la autonomía territorial indígena, sus usos y costumbres y los límites a ellos.

Todo lo anterior a propósito de la delicada situación del Cauca y su comunidad indígena, pues no es nada nuevo que los Pueblos Indígenas han estado sometidos a estigmatización en el marco del conflicto armado, lejos de ser tenidos como víctimas del mismo, dada la vulnerable condición de minoría, aislada y olvidada, no solo por el Estado, sino por parte de toda esa sociedad mayoritaria, de esa sociedad occidental que la sometió antes y aun, al rechazo y exclusión.

Para efectos de ejemplificar, solo basta con conocer las declaraciones vergonzantes del Ministro de Defensa, de quien, valga decirlo, debería estar el Presidente buscando su remplazo. O escuchar y leer opiniones generalizadas entorno  las demandas indígenas sobre sus territorios y su clamor por ser excluidos del conflicto, pues si bien es cierto que existen infiltrados (como de igual forma las fuerzas oscuras de la ilegalidad han infiltrado muchos de los establecimientos y espacios sociales y políticos), también están siendo reclutados forzadamente, satanizados por todos los bandos del conflicto, y sometidos a un escarnio público inconducente por falta de conocimiento sobre lo que se está debatiendo.

A manera de ejemplo, se puede leer la lamentable y sucinta  columna del General Álvaro Valencia Tovar donde, sin ningún criterio jurídico ni constitucional, se sirve de citas de artículos de la Constitución por la supuesta necesidad de clarificarlos, pero con el mismo tufillo de estigmatización sobre los Pueblos Indígenas que durante décadas han tenido que soportar.

No pretendo tomar posición sobre la viabilidad o pertinencia de la reciente solicitud acerca de la expulsión de TODOS  los actores armados de zonas de resguardos indígenas, pretendo denunciar la omisión histórica en torno al debate sobre la autonomía indígena, denunciar las irresponsables afirmaciones y declaraciones provenientes del establecimiento que ponen en riesgo la misma seguridad e integridad de los habitantes, rechazar las opiniones sin criterio, sin rigor, que se hacen desde esa mayoría blanca en contra de poblaciones histórica y sistemáticamente excluidas y en riesgo del exterminio.

Si es necesario abrir el debate sobre la exigencia indígena, debe hacerse desde marcos epistemológicos distintos a los tradicionales, desde ópticas interculturales y no belicistas, pero entiendo que lo que estoy pidiendo es un absurdo para quienes la militarización es el único modelo válido, y cualquier postura diferente resulta un despropósito y una afrenta a su retorcido nacionalismo occidental.

POR LA DEFENSA DEL ESTADO, PERO EL DE DERECHO

"No todo Estado, es un Estado de Derecho"

Elías Díaz

En su columna de El Tiempo, José Obdulio Gaviria cataloga al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su exministro Fernando Londoño Hoyos, como doctrinantes de la defensa del Estado contra los terroristas (Lea la columna). Entre el asco y el desconcierto por una serie de afirmaciones delirantes que componen el texto, me quedó sonando esa afirmación y me pregunté, ¿de qué tipo de Estado habla Obdulio?

No tardé mucho en concluir que definitivamente no se trata de un Estado de Derecho, ni mucho menos, al ir más allá, del rechazo a todo tipo de terrorismo.

Elías Díaz nos enseña que, en efecto, no todo Estado es un Estado de derecho. Para serlo debe cumplir con cuatro características o requisitos, si se quiere, de carácter mínimo e indispensable que lo contraponen a cualquier otra forma de Estado, es decir, uno totalitario.

La primera de ellas es el imperio de la ley, esto es, un Estado sometido a las leyes producto de consensos y controles judiciales y no a la voluntad caprichosa de un hombre. Pero también, y más importante aún, es el sometimiento a la Constitución como texto jurídico y norma de normas cuya perdurabilidad en el tiempo no sea amenazada por caprichos ni beneficios con nombres propios de gobernantes de turno.

La división o separación de poderes, como segunda característica o requisito, evita la concentración del poder en una sola cabeza o rama, de forma tal que basado en un sistema de pesos y contrapesos, los poderes se equilibren para evitar el totalitarismo y el desborde de facultades. Así por ejemplo, las leyes se someten a controles constitucionales por un órgano jurisdiccional, pero de igual forma el ejecutivo se somete a controles políticos por parte del Congreso.

El tercero de estos requisitos, denominado la legalidad de la administración, concretamente somete a la administración pública al control de legalidad de sus actuaciones, sin importar que tan “loable” sea su intención, mientras el orden jurídico y constitucional no lo permita, la administración no tiene por permitido ni licito realizar dichas conductas, ni siquiera intervenir teléfonos de quienes, a su juicio, son una amenaza para la Nación.

Finalmente, y no menos importante, tal vez por el contrario, de una relevancia notoria, se encuentra consagración de derechos fundamentales y sus correspondientes garantías y mecanismos de defensa legal y constitucional.

Lo que nos dice el profesor de filosofía, es que no basta con que exista un orden jurídico, pues difícilmente es concebible un Estado sin normas, sino que sus normas y actuaciones estén dentro de un marco de sometimiento a procedimientos y garantías como mínimos que lo configuren como un Estado de derecho, donde los derechos humanos sean su razón de ser.

Vale entonces revisar 8 años de mandato del Doctor Uribe para preguntarse si en realidad es un defensor de un Estado de derecho. Si su modelo de Estado, ese que dice defender contra el terrorismo, cumple con un sometimiento a la ley, de una administración en el marco de la legalidad, respeto por la separación de poderes y la garantía por los derechos fundamentales.

Incesantes ataques a las Cortes, funcionarios procesados y algunos condenados por corrupción, intervenciones ilegales, ataques verbales a los defensores de derechos humanos, periodistas y oposición en general, son evidencias de una ausencia total de los elementos que configuran un Estado como de derecho.

La doctrina que profesa el uribismo es sin duda la del falseamiento o huida de la Constitución, usando expresiones del profesor Miguel Revenga, donde los límites al poder son desplazados o acumulados, la Constitución se convierte en un documento formal meramente maleable y su garantismo reducido. El Estado que se dice defender, no sería otro distinto al que el mismo exmandatario ha bautizado como Estado de opinión.

PS. El peligro de este Estado defendido por el uribismo, se concentra en la llamada a una Constituyente invocando el poder soberano de "mayorías". Que no se olvide que ese constituyente como fuerza no limitada por estos requisitos mencionados, ni en poder ni responsabilidad, es una dinamita al Estado Constitucional de Derecho.

EL VALLE: Elecciones o región atípica?

Mi reflexión sobre las elecciones atípicas.

Las elecciones atípicas para gobernador del Valle del Cauca celebradas el pasado domingo 01 de julio, dejan mucho que pensar acerca de la situación de la región.

La contienda se caracterizó por la falta de debate y espacios de interacción entre los candidatos y entre estos y los ciudadanos, bien sea por motivos de tiempo o por el empeño más de maquinarias por consecución de votos antes que de debatir ideas y programas.

De otro lado, las dudas e intrigas que rodearon estas elecciones, parecían no tener fin. Un candidato apoyado por Juan Carlos Martínez, de forma abierta, y los rumores de los apoyos subterráneos, tanto a Ubeimar Delgado como al mismo voto en blanco (Lea el artículo en La Silla Vacía) por parte del mismo ex senador.

Al final, un gobernador electo con algo menos del 20% del caudal electoral, es decir, más del 80% de abstención en una región con 3 gobernadores destituidos, crisis social y presupuestal (el departamento se encuentra sometido a ley 550) con riesgo de disminución de categoría, rodeado de mafias y corrupción.

Un gobernador electo cuya competencia era, por un lado, el candidato del MIO, desconocido para la región pero apoyado por fuerzas de no muy buena reputación, y de otro, un candidato del Polo Democrático que, no sobra decir,  era el único con formación profesional para asumir las riendas del departamento, pero sin maquinaria ni tiempo para proyectarse en la contienda.

Un gobernador electo cuya caracterización, en palabras del periódico El País de Cali es de un hombre “católico practicante, un hombre profundamente devoto que reza todos los días, que lleva en su cuello un escapulario, tiene un Cristo que domina la entrada de su apartamento y va cada ocho días a misa. Vive muy cerca del Santuario de la Virgen de Fátima en el barrio Granada, al norte de Cali.” (Lea Quien es Ubeimar Delgado, el nuevo Gobernador del Valle) pero sin ninguna referencia profesional, más allá de un recorrido por cargos de elección popular como concejal y congresista, que fue apoyado por esa fuerza llamada Unidad Nacional, que no pasa de ser una fiesta swinger de partidos y burocracia con fines electorales, liderada por Dilian Francisca Toro y Roy Barreras.

Una Unidad Nacional que en la región no logró convocar a más del 20% de caudal electoral y que se mostro en varios puestos de votación, especialmente de la capital vallecaucana, como contendor del voto en blanco, cuyo total fue de 132.906 (En Cali fue de 80.765 votos, 10.000 menos que el gobernador electo) y que, si bien no logró su cometido de convocar nuevas elecciones (para lo cual requería de mayoría absoluta), está siendo interpretado como un primer paso de indignación de una región somnolienta y caracterizada por el letargo político perpetuado por las tradicionales élites económicas y politiqueras, sin mencionar las “élites” de la mafia que han capturado las instituciones.

Lo que al final queda de toda esta experiencia “atípica”, es el reflejo de una región apática, en crisis e indiferente a su futuro, los altos niveles de abstención son el síntoma de una problemática grave y profunda.

La tarea del gobernador electo es asumir un cargo sin legitimidad, dado los niveles de abstención, pero que el escenario actual demandan gestión eficiente y pertinente, más allá de escapularios y misas periódicas, para poder afrontar la deteriorada situación regional.

La de quienes apoyaron el voto en blanco, es trascender de la indignación en las urnas y asumir un papel proactivo y de control crítico a la gestión del gobierno electo, más cuando muchos de los seguidores “del blanco” son jóvenes con ganas de arrebatar de las manos politiqueras y tradicionales el futuro de la región.

Que no se olvide entonces que el actual  gobernador, además de ser ilegitimo por el letargo de muchos representado en los niveles de abstención,  curiosamente enfrenta también una juventud que está despertando de ese adormecimiento demostrado en el voto en blanco, además de asumir una región sumergida en crisis. Esperemos a ver con que nos resulta nuestro devoto gobernador.

P.S. No esperemos las próximas elecciones, continuemos construyendo cambio y generando reflexión más allá de las urnas, así algunos nos llamen vallecaucanibales.