"Eso aquí no pasa": el triunfo del miedo

En días pasados tuve la oportunidad de visitar cierta zona del país con el objetivo de obtener insumos para determinada investigación sobre la ocurrencia de una actividad delictiva específica propia del crimen organizado. Además de la información con la que asistía obtenida de un monitoreo de medios y consulta de algunas fuentes primarias, sabía que la zona era compleja por su misma condición geográfica (frontera y de extracción minera), y por ello esperaba que los actores participantes aportaran cierta descripción narrativa de manera grupal.

Mi sorpresa y tal vez algo de decepción surgieron desde el comienzo del diálogo abierto con autoridades y otros actores. La conclusión que parecía cerrar la jornada en apenas una hora de haber comenzado era que “eso aquí no pasa”. Si bien es cierto la falta de formación especializada sobre el delito dificultaba su identificación profunda, sabía que de fondo algo más entrañaba esa afirmación.

La sospecha incrementó cuando de manera separada varios de los participantes se  acercan, y tras un “sabe que pensando mejor si puede pasar” siguen macabras narraciones del dominio territorial de redes dedicadas al crimen organizado en esta zona.

Al salir de la reunión una líder social responde lo que me inquietaba y ya sospechaba “es el miedo doctor. Acá saben lo que pasa pero el miedo no les deja decirlo”. El frío que recorrió esa confesión no me abandonó por varias horas.

Esta situación no es exclusiva de la zona que visité en días pasados. Es una situación que lamentablemente se encuentra especialmente en lugares vulnerables: la debilidad del Estado, tal vez la sustitución del mismo por la criminalidad tienen cooptadas a las autoridades y la legitimidad democrática que debe rodear a las instituciones ha sido reemplazada por el miedo que silencia a la ciudadanía y anula a las autoridades.

Es necesario recordar que la ausencia estatal en zonas periféricas permitieron la presencia de actores armados ilegales. El abandonó estatal fue una de las causas del origen histórico del conflicto. Si el Estado colombiano mantiene un excesivo centralismo, abandono de las regiones y no fortalece la capacidad de respuesta de autoridades acompañada de una reducción de vulnerabilidad, el posconflicto será el escenario para que se siga sustituyendo la institucionalidad por parte del crimen organizado en zonas periféricas.

No es un secreto que los retos del posconflicto son inmensos. Tanto en temas sociales y económicos, como en seguridad ciudadana y presencia institucional. Ya ante el eventual acuerdo, el Gobierno debería tener una estrategia, no sólo policial, sino social y económica, para esas zonas en donde ha sido ausente y que puede presenciar una sucesión entre guerrillas y redes criminales por el dominio y el poder político y social. Mientras esto no se asuma como prioridad, para las autoridades, al referirse sobre el crimen organizado, siempre nos dirán que “eso aquí no pasa”.

El crimen organizado: un reto del posconflicto

Los avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de posconflicto.

El proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de la vida social, política y económica.

En efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por los costos que representa. De un lado, los costos directos para la institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación y judicialización,  y prevención de la violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos, recrudecimiento de la violencia,  mayores tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma institucionalidad.

Los impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de recursos de extracción ilegal, se evidencian  en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de las instituciones democráticas por los elevados  casos de corrupción.

La anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.

De hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto invernadero, es la minería y  principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.

Precisamente la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren otras formas de subsistencia.

Estos retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños ambientales y sociales, entre otros.

Esta perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración   este asociado al desarrollo humano de quienes dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del posconflicto.