Se han vuelto comunes las frases en discursos políticos y redes sociales señalando a los migrantes, regulares e irregulares, como la principal causa de los males sociales y económicos en los países del centro, y como una verdadera amenaza a la seguridad nacional exigiendo cierres de frontera o medidas represivas para reducir el “problema”.
La criminalización y satanización de los
migrantes, especialmente quienes tienen el carácter de irregulares, no es más
que una manera de señalar a responsables sin una mínima consideración de
contexto en torno al fenómeno de las migraciones y su creciente ocurrencia
actualmente.
De acuerdo con informes de Naciones Unidas, las
principales causas de salida de los ciudadanos de sus países de origen,
especialmente desde la región sur, se deben a problemas de estabilidad política
y económica, conflictos armados, debilidades en la inserción laboral y de
consecución de ingresos, generando vulnerabilidades que motivan la búsqueda en
el exterior de una mejor posibilidad de vida, a veces incurriendo en la
violación de requisitos de salida de sus propios países en la periferia, y de
entrada y permanencia en los países del centro.
Esto implica una nueva consideración en torno
a la seguridad, pues no se trata de una amenaza clásica entendida netamente en
clave militar, sino que rompe la perspectiva que ha imperado. De hecho, aunque
la migración irregular se ha asociado a temas de seguridad nacional desde una
lectura restrictiva de la soberanía y de protección de fronteras, hoy una mirada profunda nos lleva a romper ese
privilegio que se ha dado al tema y que ha relegado la postura de protección y
garantía de derechos humanos.
Numerosos estudios sobre las migraciones han
concluido que la vulnerabilidad de los migrantes irregulares se incrementa en
los países de destino dada la restricción a los mercados laborales y a la
proclividad a incursionar en actividades ilícitas o asociadas al crimen
organizado, como la trata de personas o haber sido objeto del tráfico ilícito
de migrantes.
La crisis migratoria ha recibido un enfoque
equivocado. El discurso busca señalar al migrante como la amenaza, sin
considerar que la amenaza proviene de situaciones políticas y económicas que
han obligado al migrante a huir de esa realidad, y que el fortalecimiento a
veces cruento de los controles migratorios, solamente favorece a las redes del
crimen organizado trasnacional quienes se lucran de la necesidad de escape para
traficar con seres humanos.
Cada día somos testigos de noticias sobre
migrantes irregulares maltratados, asesinados, o muertos por su travesía al
intentar ingresar a un país de destino y huir de las autoridades. Cada día el
crimen organizado encuentra formas más sofisticadas de omitir a las autoridades
o penetrarlas, sin incurrir en amenazas militares a los Estados, sino
violentando las garantías fundamentales de quienes caen en sus redes.
El crimen organizado constituye una amenaza a
la institucionalidad, y su forma de operar se circunscribe a una lógica de
mercado, en donde su objetivo es optimizar ganancias y recursos.
Los estudios citados nos demuestran que la
vulnerabilidad en los países de origen, llevan a que los migrantes trasladados
a los países de destino se enfrenten a condiciones de inseguridad y violencia,
siendo foco del crimen organizado. En otras palabras, las amenazas migratorias
de los países de destino son causadas por condiciones de vulnerabilidad de los
países de origen.
La respuesta policial y represiva de los países
de destino es entendible desde el concepto restringido del Estado-nación, pero
una realidad globalizada en donde se han relativizado las fronteras y se han
recrudecido las condiciones de muchos países de la periferia, nos indican la
necesidad de tomar dos factores:
De un lado, la vulnerabilidad en los países
de la periferia causada a veces por las misma políticas económicas impuestas
por los países del centro, han causado exclusión, problemas de inserción
laboral y educativo, inestabilidad política y militar, que motivan la salida
del país en busca de mejores oportunidades; de otro, las redes de crimen
organizado dedicadas al tráfico de migrantes operan de manera más sofisticada
permeando las estructuras estatales para lograr penetrar fronteras y operar con
mayores garantías de impunidad, valiéndose de la necesidad en los países de
origen.
Estas dos realidades resumen la verdadera
amenaza global de las migraciones, y son las que demandan verdadera atención
por parte de los Estados.
Desde la creación de la Convención para
reprimir el crimen organizado de las Naciones Unidas, junto con dos de sus
protocolos orientados al tema de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes, se ha hecho un llamado por parte de sus órganos técnicos a combatir
las condiciones de vulnerabilidad y enfocar los esfuerzos en la atención de
víctimas y la persecución de las redes criminales organizadas.
A modo de ejemplo de lo anterior, basta con
una mirada a las noticias de migrantes muertos en el mar mediterráneo que huyen
del África para ingresar a Europa. Las cifras de migrantes detenidos en la
frontera de EE.UU y las condiciones que deben enfrentar, o los datos de mujeres
explotadas en países del primer mundo y contrastar sus nacionalidades.
La amenaza a la seguridad se encuentra hoy en
la amenaza a las garantías fundamentales de los individuos que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y que son aprovechados por las organizaciones del
crimen trasnacional el cual ha impactado con violencia, corrupción en todos sus
niveles y afectación a la justicia la verdadera seguridad estatal.
La seguridad humana y nacional no son
términos excluyentes. De hecho los problemas asociados a la movilidad, la
globalización y la industrialización exigen una mirada articulada de ambas
visiones de la seguridad, y superar el desplazamiento que en materia de
derechos humanos ha hecho la visión militarista de seguridad.
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