El
actual ambiente en medio de la contienda por el plebiscito para refrendar los acuerdos logrados
en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC tras cuatro años de
negociación liderada por el gobierno nacional y que busca ponerle fin al
conflicto con este grupo a través de la implementación de un sistema de justicia
transicional basado en un modelo restaurativo, ha estado afectado por una serie
de ataques no solamente a nivel personal, sino con una carga de mentiras y
desinformación que acompañan los
abanderados del ´No´ para evitar el triunfo de la refrendación.
Se
ha afirmado con total descaro que los guerrilleros recibirán $1.800.000 una vez
se desmovilicen, que las FARC designarán a los miembros de los tribunales para
la justicia transicional, y la más reciente y descabellada ha estado
relacionada con el montaje absurdo sobre unas cartillas atribuidas al
Ministerio de Educación Nacional y que nada tenían que ver con el verdadero
contenido de los documentos orientadores que pretendían combatir la
discriminación al interior de los colegios, llegando incluso a afirmar que la
mal llamada ´ideología´ de género es una concesión del gobierno a las FARC y hace parte de la agenda marxista.
No
obstante la importancia de abordar cada una de las mentiras y la manipulación
con las que el uribismo ha emprendido su estrategia por el ´No´, en aras de defender el voto informado para un
tema de vital importancia para el país y las nuevas generaciones, es el
objetivo de esta columna resaltar un fantasma que ha usado esta secta política
para lograr adeptos en contra del plebiscito: la entrega del país al
castro-chavismo y la instauración del modelo socialista de Venezuela y Cuba.
No
existe en nada de lo acordado, ni existe dentro el acuerdo general nada que
permita la modificación del modelo económico y político del Estado colombiano
al contemplado en la Constitución de 1991. El acuerdo sobre desarrollo agrario
integral contempla mecanismos para garantizar el acceso y formalizar la tenencia
de la tierra, dotación de infraestructura para el campo y estimulación a la productividad para
eliminar las brechas de desigualdad con garantías de seguridad social, y lograr
llevar la presencia estatal a las zonas campesinas y rurales abandonadas y
afectadas por la pobreza y el conflicto armado.
El
temor radica en una dinámica histórica de apropiación de las élites colombianas
dueñas de los medios de producción y de desarrollo económico quienes siempre
han visto las reformas sociales y políticas tendientes a mejorar las
condiciones de las poblaciones vulnerables como una amenaza a sus privilegios y
a la hegemonía del poder, resistiendo cualquier cambio que los llevara a
menoscabar el capital que desde diferentes estrategias, legales y no tanto, han
logrado acumular.
Esa
misma élite que ha usado el fantasma del castro-chavismo para atacar el apoyo
al plebiscito, son en realidad quienes tienen en sus manos la responsabilidad
de haber creado las condiciones para que una propuesta de modelo de Estado como
la que dicen combatir, en realidad pueda tener adeptos en nuestra sociedad. La
exclusión, la marginalidad, las precarias condiciones del campo y del trabajo
en las ciudades son el caldo de cultivo para que un candidato con una visión de
Estado tan nociva como la del vecino venezolano pueda llegar al poder, cuando
tenemos cifras de pobreza extrema casi del 10% y del 20% en las ciudades y en
el campo respectivamente, más 8 millones de víctimas del conflicto armado, sin
mencionar la crisis en la salud, la desnutrición y el déficit de cobertura
educativa.
En
ese sentido les resulta más efectivo mantener el statu quo de privilegios para
pocos, y de exclusión y marginalidad para la mayoría en un ambiente de
conflicto armado interno, causante durante 50 años de existencia de una
terrible desolación, miseria, desplazamiento y barbarie, apelando al temor de
un régimen en efecto nefasto para la economía y la democracia misma como el del
vecino país, que entrar a debatir y modificar las condiciones con las que han
llevado a la población rural y campesina, en gran porcentaje afectadas por el
conflicto armado y que ahora ingresan a las ciudades, a vivir en condiciones de
miseria y abandono creando el caldo de cultivo para caudillos socialistas y el
crimen organizado.
Evitar
en Colombia que un régimen abusivo y que afecte las libertades como el castro-chavismo llegue
al poder, no radica en rechazar el fin del conflicto con las FARC, que implica
el desarme de alrededor de 7.000 combatientes, sino transformar entre empresa,
Estado y sociedad las dinámicas duales de privilegios y marginalidad históricas
que pueden generar el apoyo a una persona con las peores ideas para tomar las
riendas del poder en Colombia.
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