En días pasados tuve la oportunidad de visitar cierta zona del país con el objetivo de obtener insumos para determinada investigación sobre la ocurrencia de una actividad delictiva específica propia del crimen organizado. Además de la información con la que asistía obtenida de un monitoreo de medios y consulta de algunas fuentes primarias, sabía que la zona era compleja por su misma condición geográfica (frontera y de extracción minera), y por ello esperaba que los actores participantes aportaran cierta descripción narrativa de manera grupal.
Mi sorpresa y tal vez algo de decepción surgieron desde el comienzo del diálogo abierto con autoridades y otros actores. La conclusión que parecía cerrar la jornada en apenas una hora de haber comenzado era que “eso aquí no pasa”. Si bien es cierto la falta de formación especializada sobre el delito dificultaba su identificación profunda, sabía que de fondo algo más entrañaba esa afirmación.
La sospecha incrementó cuando de manera separada varios de los participantes se acercan, y tras un “sabe que pensando mejor si puede pasar” siguen macabras narraciones del dominio territorial de redes dedicadas al crimen organizado en esta zona.
Al salir de la reunión una líder social responde lo que me inquietaba y ya sospechaba “es el miedo doctor. Acá saben lo que pasa pero el miedo no les deja decirlo”. El frío que recorrió esa confesión no me abandonó por varias horas.
Esta situación no es exclusiva de la zona que visité en días pasados. Es una situación que lamentablemente se encuentra especialmente en lugares vulnerables: la debilidad del Estado, tal vez la sustitución del mismo por la criminalidad tienen cooptadas a las autoridades y la legitimidad democrática que debe rodear a las instituciones ha sido reemplazada por el miedo que silencia a la ciudadanía y anula a las autoridades.
Es necesario recordar que la ausencia estatal en zonas periféricas permitieron la presencia de actores armados ilegales. El abandonó estatal fue una de las causas del origen histórico del conflicto. Si el Estado colombiano mantiene un excesivo centralismo, abandono de las regiones y no fortalece la capacidad de respuesta de autoridades acompañada de una reducción de vulnerabilidad, el posconflicto será el escenario para que se siga sustituyendo la institucionalidad por parte del crimen organizado en zonas periféricas.
No es un secreto que los retos del posconflicto son inmensos. Tanto en temas sociales y económicos, como en seguridad ciudadana y presencia institucional. Ya ante el eventual acuerdo, el Gobierno debería tener una estrategia, no sólo policial, sino social y económica, para esas zonas en donde ha sido ausente y que puede presenciar una sucesión entre guerrillas y redes criminales por el dominio y el poder político y social. Mientras esto no se asuma como prioridad, para las autoridades, al referirse sobre el crimen organizado, siempre nos dirán que “eso aquí no pasa”.
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