Los
avances del proceso que se adelanta en La Habana, los cuales solamente pueden
ser desconocidos por quienes parecieran sumidos en un interés ilógico y banal
de vivir en guerra, empiezan a avizorar una serie de preocupaciones y retos
paralelos a la refrendación y la campaña sucia para votar negativo el
plebiscito rodeada de mentiras que adelanta el uribismo, y la implementación
misma de los acuerdos, y que tienen que ver con un eventual escenario de
posconflicto.
El
proceso de desmovilización, desarme y reintegración no solamente debe enfrentar
los retos y obstáculos asociados a los elevados índices de polarización y las
dificultades de reconciliación de un país que ha naturalizado la exclusión y la
violencia, sino que deberá enfrentar retos asociados al surgimiento y
fortalecimiento de bandas y grupos dedicados al crimen organizado y los fuertes
impactos y costos que podría tener en el mismo proceso y en otros escenarios de
la vida social, política y económica.
En
efecto, el crimen organizado constituiría uno de los principales problemas por
los costos que representa. De un lado, los costos directos para la
institucionalidad en materia de fortalecimiento de la justicia mediante la
especialización y formación técnica de las fuerzas de seguridad y de investigación
y judicialización, y prevención de la
violencia; de otro lado, costos indirecto como el deterioro de la calidad de
vida de seres humanos afectados por la presencia de estos grupos,
recrudecimiento de la violencia, mayores
tasas de homicidio, afectaciones a la salud y el medio ambiente y a la misma
institucionalidad.
Los
impactos del crimen organizado, especialmente aquellos dedicados a tráfico de
recursos de extracción ilegal, se evidencian
en la economía nacional, obstrucción del desarrollo humano bajo la
ilusión de uno falso que termina por cosificar al individuo, y una captura de
las instituciones democráticas por los elevados
casos de corrupción.
La
anterior enunciación de costos e impactos se puede reflejar en un caso real y
concreto para efectos de dimensionar lo expuesto. En el caso de minería ilegal
para la extracción de oro el cual representa alrededor del 80% de la actividad
de minería ilegal, además de los costos aproximados de 13 mil millones de
dólares de pérdidas para el Gobierno Nacional por la exportación del producto a
manos de grupos dedicados a la extracción ilegal, se han
calculado cerca de 46.000 hectáreas de deforestación asociadas a este fenómeno.
De
hecho, la mayor causa de deforestación, causante de los gases de efecto
invernadero, es la minería y
principalmente la ilegal, además de los residuos contaminantes en ríos
que terminan afectando comunidades rurales; del territorio afectado por esta
práctica, el 45% corresponde a territorio afrodescendiente.
Precisamente
la importancia del impacto en los territorios y en las comunidades, tiene una
relación directa con la obstrucción del desarrollo, la afectación a la
salubridad, morbilidad e incremento de la violencia incluso la sexual por la
presencia se los grupos armados y la pobreza que existe la cual es aprovechada
para la explotación de las necesidades de los habitantes y quienes requieren
otras formas de subsistencia.
Estos
retos asociados a las prácticas de actividades del crimen organizado requieren
una perspectiva que no solamente combata la actividad criminal como tal, sino
que se complemente mediante una visión de seguridad multidimensional, en donde
el ser humano ocupe el centro de la acción pública para la reducción de las
vulnerabilidades, combatir la pobreza, la exclusión, y se puedan prevenir daños
ambientales y sociales, entre otros.
Esta
perspectiva debe ser un enfoque de la política pública en el marco del eventual
posconflicto, en donde el proceso de desmovilización, desarme y reintegración este asociado al desarrollo humano de quienes
dejan las armas y de quienes reciben a los desarmados, porque de lo contrario
pasaremos otros 50 años en una guerra contra el crimen organizado por la falta
de presencia estatal y un defectuoso proceso de implementación del
posconflicto.
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