En Colombia el tema de migración irregular no
es nuevo. Las condiciones geográficas de su acceso a los dos océanos y la
frontera terrestre caracterizada por grandes zonas selváticas, junto con la
fragilidad institucional en un contexto de vulnerabilidad social, han
propiciado el escenario para que este fenómeno exista y se aprovechado por las
redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
Lo que hace al fenómeno un tema a considerar
en Colombia en la actualidad, más allá de la crisis migratoria que enfrentan en
Europa y el medio oriente, o de los discursos xenofóbicos y de supremacía racial
que han rodeado candidaturas obtusas en los Estados Unidos, es una creciente
ocurrencia del fenómeno que no ha pasado desapercibida en los medios de
comunicación y en efecto refleja la necesidad de atender esta manifestación del
crimen organizado.
De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia en el año 2014 se identificaron
2.111 migrantes irregulares posiblemente objeto de redes dedicadas al tráfico,
en el año 2015 la cifra ascendió a 8.855, lo que representa un incremento del
319%. Tendencia al aumento que en este año seguramente se mantenga al
considerar que durante el primer trimestre del año 2015 el número de migrantes
irregulares detectados fue de 1.111, y en el mismo periodo del año 2016 la
cifra va en 3.180.
De las nacionalidades detectadas encabeza la
lista la cubana con más de 6.000 identificaciones en el año 2015, seguida de la
nepalí con 720 y la somalí con 397. Lo anterior tiene una explicación a partir
de la incertidumbre en la continuidad de la ley de Pies secos-Pies mojados de EE.UU
causada por el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, y que ha
sido detonante para que muchas personas beneficiadas con esa medida financien
la salida de sus familiares que todavía permanecen en la isla tomando como una
de las rutas el ingreso por Ecuador, teniendo en cuenta su medida de cielos
abiertos, la cual fue tratada de corregir con la exigencia de una visa que no
es de difícil acceso.
En ese sentido nos encontramos ante un
escenario de cubanos migrantes irregulares que recurren a personas dedicadas al
tráfico, ingresan por Ecuador con dinero
en efectivo y recorren por tierra el país, especialmente por las vías paralelas
al Pacífico, hasta salir por la zona de Turbo hacia su destino final.
Lo anterior plantea un escenario crítico desde
una perspectiva de derechos humanos y crimen organizado. De un lado, el ingreso
de migrantes irregulares en ese número elevado y en muchos casos con dinero en
efectivo, los precipita a ser víctimas de delitos patrimoniales y sexuales, o en otros han sido considerados
criminales.
Las organizaciones criminales en Colombia han
identificado en esta práctica del tráfico de migrantes una fuente de ingreso al
lograr dominar territorialmente las rutas por donde son transitados y hacer una
suerte de peaje criminal de manera análoga
la ruta de la droga, en donde se ponen en riesgo la vida de ellos por
posibles enfrentamientos, accionar militar o una tendencia de desembocar la
migración irregular en el delito de trata de personas, pues el migrante
irregular, indocumentado y en estado de necesidad, es proclive a ser sometido
por redes criminales a distintas modalidades de la explotación humana.
La presencia de indígenas que no hablan
español y se encuentran con nombres y cédulas tatuadas en sus brazos en cierta
zona del país dedicada a la explotación de minería ilegal sometidos de esa
forma al trabajo forzado. En otras zonas el pago al ser en efectivo y al haber
sido víctimas de robo, los migrantes son víctimas de una serie de vejámenes sexuales
o al sometimiento a la esclavitud sexual.
En principio el delito de tráfico ilícito de
migrantes en Colombia no contempla a éstos como víctimas, pero la
práctica de esa manifestación del crimen organizado los ha convertido en blanco
fácil de violaciones de derechos, objeto de explotación por redes de trata de
personas, y de otra serie de vejámenes que los convierten en víctimas, mutando
nuestro país de zona de tránsito migratorio, al territorio de su explotación.
¿Esta Colombia preparada para la dimensión de
este fenómeno?
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