EL RIESGO DE UNA CONSTITUYENTE:

La democracia en peligro

Con la aprobación del adefesio Acto Legislativo que pretendía introducir una reforma constitucional a la justicia, pero que terminó siendo un boquete para la corrupción, la impunidad y, en general, una deformación a la justicia, se ha reavivado el debate propuesto por el uribismo en torno a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que sirva como conjuro a los problemas que ellos denuncian.

 Hablo de reavivar, porque desde el momento en que la Corte Constitucional cierra definitivamente la posibilidad al ex presidente Alvaro Uribe Velez de llegar nuevamente a la presidencia mientras esté vigente la Constitución de 1991, ha rondado la necesidad de remplazar la Constitución por una nueva que permita al ex mandatario regresar a su amado poder ejecutivo.

 No pretendo dedicarme a exponer la obvia intención de convocar la constituyente para favorecer el retorno al poder del señor Uribe, lo que de entrada me parece abominable, no solo jurídicamente, pues implica remplazar la Constitución para favorecer a una persona, sino a niveles éticos, dada la cantidad de denuncias que rodean su gobierno y su vida personal. Pretendo, desde la serenidad que proporciona la academia, exponer el riesgo democrático que implica una Asamblea Constituyente para el futuro institucional colombiano.

 Resulta claro,  desde toda perspectiva constitucional, que remplazar una Constitución para permitir el ascenso al poder de un hombre, es desafortunado, es el escenario de un caudillismo nocivo y degradante para la institucionalidad, pero partamos de la afirmación realizada por el mismo señor Uribe donde niega pretender su reelección y partamos de condiciones más estructurales para reconocer el riesgo de una constituyente en estos momentos.

 Básicamente, una Constitución es la base y el marco dentro del cual debe funcionar, jurídica y políticamente, un Estado, surgida del poder soberano ejercido por el constituyente primario representado en el constituyente ad hoc, cuya legitimidad radica en la inclusión de todas las fuerzas políticas democráticas de la nación. En ese entendido, es un espacio donde el factor elemental es la democracia, pero no una democracia representativa, sino una deliberativa que no se base en la imposición de las decisiones de una mayoría, sino en el debate y discusión con la participación activa de todos los potenciales afectados.

 Ese escenario debe contar con uno requisitos, o pretensiones de validez para recordar a Habermas, dentro de los cuales están las garantías del debate y las condiciones de igualdad que permitan una acción comunicativa legitima, donde el consenso, previo ejercicio de argumentación y debate público, sea el resultado final.

Resulta entonces pertinente preguntarse si, en el estado actual de cosas, con la creciente polarización y satanización proveniente del discurso oficial del uribismo, existen las condiciones que legitimen una constituyente de acuerdo a los postulados de la democracia deliberativa.

Es decir, preguntarnos si estaríamos frente a una constituyente que permita la inclusión de todas las voces, el debate argumentado y el consenso con todas las fuerzas, mayoritarias, minoritarias y en general todas las potencialmente afectadas con la nueva Constitución, dentro del presumuento de la legalidad y la democracia.

 Es preguntarse si, con el lenguaje violento con que se ha tratado a la oposición, a la academia, a los pueblos indígenas, y a todas las corrientes distantes del uribismo, se tendrían las garantías necesarias para la interlocución y la presentación de diferentes propuestas que no necesariamente sean compartidas por el uribismo, y que se permita el consenso y no la imposición de una visión y modelo de Estado que no es una aspiración colectiva, sino de una sola colectividad.

Incluso, sería preguntarse si estaríamos frente a una constituyente que atienda a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, de ese coto vedado o núcleo fuerte, que limita, válidamente, el poder soberano del Estado cuando de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se trata.

Finalmente, valdría también preguntarse si los problemas que afectan la institucionalidad colombiana se resolverían con una nueva Constitución o, por el contrario, significaría un retroceso institucional que afecte la independencia de las ramas, la legalidad y la lucha contra la impunidad.

Al responder esos interrogantes, es posible entender que una constituyente en estos momentos resulta un riesgo. Un riesgo porque sería el escenario para imponer un modelo de Estado que responda a los intereses de una sola colectividad, un modelo de Estado excluyente y violento, con menosprecio a los DDHH y al DIH, con irrespeto a la fuerzas opositoras, disidentes o críticas, un modelo de Estado que no goce de legitimidad, pues no hay condiciones necesarias para llevar a buen término un proceso constituyente.

No apoyo la constituyente por eso, porque una Constitución debe ser producto de ejercicios deliberativos, incluyentes y respetuosos. Además, no creo que una nueva Constitución sea el conjuro a problemas estructurales.

PS. Apoyemos el referéndum derogatorio de la reforma a la justicia. Lejos de ser una actividad politizada, como lo es la convocatoria a la constituyente, estamos ante el ejercicio ciudadano para favorecer la democracia y la justicia.