No abdiquemos al intento de la paz
El
mundo entero ha recibido con distintas reacciones, incluso algunas de
indiferencia, la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar a su
título de monarca del Reino de España, y en efecto sería una noticia para no
darle mucha importancia frente al ambiente político nacional, si no fuera
porque permite referenciar un poco de historia comparada española y su proceso
de transición de régimen político.
Tras
la muerte de Francisco Franco, quien asume las banderas del movimiento nacional
es el Rey Juan Carlos I. Este convoca un proceso de reforma política española
en el año de 1977, con la cual se decide empezar la transformación del régimen
político a una monarquía democrática parlamentaria.
.
Durante
este proceso de transición caracterizado por tratarse de una reforma y no de
una ruptura, donde la movilización y conciencia política de la sociedad era
escasa, se presenta un fenómeno de correlación de fuerzas claramente favorable
a los reformistas franquistas y una ausencia de presión de la comunidad
internacional en materia de Derechos Humanos. Dichos factores, llevaron a que
la sociedad española adoptara como política hacia el pasado una ley de amnistía,
sin ningún tipo de enjuiciamiento y sin ninguna condena por las violaciones
cometidas durante el régimen franquista. España clamaba casi al unísono por el
NUNCA MÁS, es decir, voluntariamente España optó por enterrar el pasado debido
al temor, que junto con la falta de movilización social y una correlación de
fuerzas claramente inclinada o favorable a un grupo, las políticas de la
memoria y enfrentamiento en ese proceso de transición, fueron prácticamente
nulas e insuficientes.
Colombia
asiste a un proceso y un contexto
distintos en cuanto a la movilización social, incluso porque no se trata de un
cambio de régimen sino una negociación para salir de un conflicto armado. Las
experiencias comparadas en el mundo nos deben servir precisamente de
aprendizaje para lograr aprovechar lo que se ha construido por aquellas. En ese
sentido, luego de la experiencia de la tercera ola democratizadora en América
Latina, existe una participación de la comunidad internacional en el
seguimiento y apoyo, incluso económico (recomiendo a los distractores del
proceso de paz que digan la verdad sobre la financiación de los diálogos por
parte del Gobierno colombiano y la participación del Gobierno de Noruega) a
estos procesos de negociación para superar pasados de barbarie y tragedia.
Las
organizaciones sociales y de víctimas reclaman con empoderamiento y argumento
las medidas de reparación y satisfacción, respaldadas por un marco
internacional que no acolita la impunidad (incluso la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de justicia transicional en la
sentencia de El Mozote contra El Salvador, considerada como el punto de
inflexión en su jurisprudencia) frente a las graves violaciones de los derechos
humanos y las infracciones al DIH, pero que de igual forma es realista frente a
la necesidad de enfrentar estos hechos mediante medidas excepcionales.
Precisamente
la Corte Constitucional colombiana (C-370 de 2006, por ejemplo) ha desarrollado el concepto
de justicia transicional, que lejos de considerarla como una serie de figuras
de impunidad, la ha definido como un proceso de diálogo nacional para poner fin
a un conflicto armado en el que se toman medidas contra la impunidad y las violaciones
a los derechos humanos. Es clave que nuestro tribunal constitucional ha adoptado el enfoque de la justicia transicional
a partir de derechos humanos y la lucha contra la impunidad, así como el
carácter de institución jurídica excepcional frente a las instituciones penales
tradicionales cuando se debe enfrentar un pasado de sistemáticas violaciones a
los derechos humanos hacia una etapa de reconciliación (C-52 de 2012).
De
acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica, en Colombia se han registrado entre 1958 y
2012, 220.000 víctimas letales de las cuales el 81.5% han sido civiles, 25.007
desaparecidos (cifra en la que Estado ha jugado un papel principal como autor a
través de sus agentes), 27.023 secuestros y 5.700.000 desplazados, causados
todos en el marco del conflicto armado que hoy estamos dando un paso para
terminar. Estas cifras demuestran que Colombia ha enfrentado un pasado de más
de 40 años de tragedia, de horror y de derramamiento de sangre, y que ha tenido
la participación de actores ilegales y de actores estatales a quienes también habría
aplicación de medidas de justicia transicional.
Lo
que hoy muchos llaman impunidad, de forma mentirosa y engañosa, no quieren
asumir que Colombia necesita enfrentar con medidas excepcionales un proceso de
reconciliación, no con los errores del cambio de régimen de España, sino con
los aprendizajes y aportes que desde entonces la comunidad internacional y los
demás países con procesos similares pueden brindarnos.
De
no querer asumir un proceso que nos permita, con dolor, con rabias y con
heridas todavía sobre la piel, superar este pasado pero a partir de enfrentarlo
con altura, en donde repito, el Estado a través de sus agentes también ha
participado, estamos sometidos a más años de ese mismo dolor, a aumentar las
cifras de muertos, desplazados, desaparecidos.
Si
en verdad le preocupa el número de los militares y policías dados de baja, no
pida prolongar el conflicto que traerá no solo la perdida de más vidas de
militares y policías, sino también civiles.
Si
le afecta cada atentado perpetuado por la guerrilla, no sea partidario de prolongar
el conflicto.
En
verdad, la lógica de la guerra es simple, mientras las operaciones militares
que muchos piden extender en el tiempo se sigan presentando, habrá militares y
policías dados de baja, civiles asesinados, desplazados y desaparecidos.
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