LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y EL PROCESO DE PAZ: La importancia de la declaración conjunta.

"Creo que hasta ahora no se ha materializado nada, y que el camino todavía es largo, pero es un camino que al menos estamos dispuestos a recorrer y para el cual estamos dando pasos, comenzando con el de este sábado."

Durante el siglo XX, más concretamente la década de los 80, el mundo asiste, especialmente en América Latina, a procesos de transformación de las instituciones políticas en la llamada democratización, expresada principalmente en las transiciones de regímenes autoritarios o dictatoriales (como el caso especialmente latinoamericano), y en la finalización de los llamados conflictos internos armados por medio de soluciones políticas negociadas (como podría ser el caso de Sierra Leona).

En ambos contextos se hizo necesario el reconocimiento de las víctimas, especialmente de las más graves violaciones de derechos humanos, gracias al avance en materia de instrumentos internacionales que garantizaran la protección de estos derechos. En ese sentido, los denominados procesos de justicia transicional se constituyeron como el resultado de los esfuerzos de la comunidad internacional, las víctimas y las organizaciones no gubernamentales que apoyaron la existencia de mecanismos de reparación y retribución en la lucha contra la impunidad por las graves violaciones, consolidando en cabeza de los Estados 4 obligaciones irrenunciables cuando afrontan estos procesos de transición, en cualquiera de sus formas.

Estas obligaciones, producto del informe final del relator sobre la impunidad Louis

Joinet, son:

1. La satisfacción del derecho a la justicia.

2. La satisfacción del derecho a la verdad.

3. La satisfacción del derecho de reparación de víctimas,

4. Adopción de medidas y garantías de no repetición.

Estas obligaciones y principios, contenidos en instrumentos internacionales de carácter inderogable, constituyen el marco mínimo sobre el cual los Estados en situaciones de transición deben actuar, implicando el reto de atender a la justicia, pero buscando una salida política que genere estabilidad para evitar el retorno a regímenes dictatoriales o situaciones de orden público que detonen nuevamente en conflictos armados internos y que permita la superación de pasados atroces y violentos.

Hasta antes del pronunciamiento conjunto del sábado 7 de junio entre el equipo negociador del Gobierno colombiano  el de las FARC – EP, el tema de los derechos de las víctimas no había sido abordado de cara a la sociedad civil, incluso constituye una de las críticas y preocupaciones más notorias en el actual proceso de negociación.

Las organizaciones de víctimas no tenían respuesta frente a su preocupación de ser escuchadas ni de establecer canales de comunicación. Pero lo más grave aún es que en materia de verdad, justicia y reconocimiento de responsabilidad, las FARC – EP se encontraban lejos de manifestar voluntad real y sincera.

El día 24 de enero de 2013, a través de rueda de prensa, alias “Iván Márquez”, desconoció públicamente tener responsabilidad en el despojo de tierras. Semanas atrás negaron tener secuestrados y sin respuestas sobre la suerte quienes fueron secuestrados en el pasado y no se tiene razón de ellos en la actualidad.

Con la entrega de los principios para la discusión del punto cinco de la agenda que corresponde a las víctimas, ese panorama desalentador sobre las garantías de las víctimas frente a la postura de las FARC - EP parece empezar a desvanecerse

(Vea aquí la declaración).

En los 10 puntos se integran efectivamente los principios Joinet. Hay una clara lectura y perspectiva de derechos y especial énfasis en el tema de género (se creará una subcomisión de género) y se establecerán canales de discusión entre la sociedad civil, la academia y las víctimas a través de foros regionales para llevar a la mesa temas concertados de cara a satisfacer los derechos de quienes han padecido de frente el conflicto.

De otro lado e igual de importante, existe un claro interés en la reconstrucción histórica del conflicto y el reconocimiento por las partes de su responsabilidad sin “intercambiar impunidades”, todo esto a partir de la participación de la sociedad, y principalmente las víctimas mediante procesos abiertos y participativos, incluso de los mismos victimarios y de todos los actores.

Es importante que se tengan en cuenta experiencias comparadas para evitar que los procesos de verdad y esclarecimiento fracasen o no sean tenidos en cuenta, o peor aún, que las víctimas sean perseguidas por su participación en ellos.

La declaración de este sábado juega un papel importante, especialmente cuando días atrás varios militares procesados y condenados manifestaron a la señora Piedad Córdoba su interés en participar del proceso de reconciliación nacional y colaborar con esclarecimiento de los hechos del conflicto.

En mis redes sociales he manifestado que el punto más delicado, desde mi posición personal, era el relacionado con las víctimas. Creo que hasta ahora no se ha materializado nada, y que el camino todavía es largo, pero es un camino que al menos estamos dispuestos a recorrer y para el cual estamos dando pasos, comenzando con el de este sábado.