No se puede permitir que en una sociedad con tanta criminalidad, el
acceso a la justicia dependa de la cantidad de periodistas que se conmueven por
el caso de una víctima
El
lamentable caso de la masacre de 4 niños en Florencia, Caqueta, llamó la
atención de las autoridades luego de que varios medios de comunicación y a
través de redes sociales, se hiciera eco de la atrocidad cometida contra la
humanidad de 4 inocentes niños, al parecer por una disputa de tierras.
Una
vez el eco llegó a presidencia y a otras instancias, las manifestaciones de
rechazo institucional no se hicieron esperar, y las imágenes de autoridades
requiriendo resultados empezaron a llenar los medios de comunicación.
El
presidente Santos dio ultimátum a las autoridades, con un plazo hasta el
domingo pasado, para entregar algún resultado sobre los responsables de la
atrocidad cometida. Efectivamente, cual sistema efectivo y eficiente, empezaron
a llegar con los capturados. Hoy, 5 imputados con medida de aseguramiento tiene
la justicia como autores de la masacre mencionada.
De
un lado debo afirmar que esa masacre nunca debió suceder en una sociedad que
valore la vida, que sepa resolver las diferencias, que sus relaciones no se
basen en la destrucción, la venganza y los prejuicios, pero lamentablemente
pasó, y es claro el deterioro social que padecemos.
De
otro lado, la respuesta de las autoridades, tan eficiente y efectiva, deja
mucho una inquietud. No rechazo el resultado obtenido, sino la selectividad
para cumplir su mandato legal y constitucional en un caso, que si es aterrador,
tuvo un eco mediático.
Me
refiero a esto, repito, no para rechazar la rápida acción de las autoridades en
el caso mencionado, sino para cuestionar la falta de respuesta en otros casos
para garantizar efectivamente el acceso a la justicia de la población afectada
por el crimen y la violación de sus derechos.
Por
ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar en el año 2011 se registraron
70.134 casos según medicina legal, y 134 casos de mujeres asesinadas por sus
parejas o ex parejas. De estos casos, solamente se reportaron 8 investigaciones
activas con agravante de feminicidio.
En
cuanto a violencia sexual, solamente el 7% de casos se cierra, y apenas la
triste cifra de 2% termina con sentencia condenatoria.
En
materia de delitos contra los NNA, el 2014 cerró con 940 asesinatos cometidos
en contra ellos, perpetuados principalmente en el Valle del Cauca con 299
casos. Cali, como capital del departamento con mayor número de homicidios
contra menores, solamente cuenta con 16 fiscales para la unidad de vida, y 29
funcionarios de policía judicial para garantizar debida justicia, junto a los
más de 1500 homicidios que se suman en promedio anual.
Las
cifras de violencia intrafamiliar son igualmente escalofriantes. 10.155 niñas,
niños y adolescentes han sido agredidos en sus entornos familiares. Al sumar
los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal, puede
asegurarse que durante el año 2014 se presentaron 31.049 casos de violencia
hacia la niñez en todo el país, teniendo en cuenta que estos son solo hechos
denunciados y que pueden ser un número mayor, contando algunos hechos más que
no fueron conocidos por las autoridades por temor, desconfianza en las
instituciones o por falta de presencia de estas en zonas apartadas.
Lamentablemente
estos casos no han tenido apoyo mediático o eco a través de periodistas que
reclamen la pronta actuación de las autoridades, y no sabemos el estado actual
de las investigaciones, y lo que es peor, sin saber si efectivamente hubo una
respuesta de una justicia que parece solamente atender a los llamados
mediáticos, como un nefasto show en donde terminamos con una justicia de farándula
o politizada.
No
se puede permitir que en una sociedad con tanta criminalidad, el acceso a la
justicia dependa de la cantidad de periodistas que se conmueven por el caso de
una víctima y los lleve a generar eco mediático. El acceso a la justicia no
puede estar sometido a instancias de agotamiento previo en los medios de
comunicación como requisito para garantizar su pronta actuación.
Los
medios tienen un deber de informar, y ellos escogen qué deciden informar. Ese es su negocio. Pero la
justicia no decide a quien garantizar justicia ante los hechos victimizantes
que día a día ocurren en nuestro territorio contra poblaciones vulnerables,
pero que no cuentan con una orden periodística de impartir pronta y debida
justicia, su deber es fortalecerse y cumplir sus mandatos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario