Del
acuerdo de víctima comunicado en esta semana se pueden reiterar varias
conclusiones. De un lado, es cierto que el comunicado deja todavía ciertos
temas de contenido sustantivo en blanco, a la espera de los mecanismos de
implementación y que de ellos dependerá efectivamente el éxito de negociado.
Pero de otro lado, son indiscutibles los avances que existen alrededor de lo
acordado a la fecha, especialmente en materia de víctimas y justicia.
Mientras
los hechos y el respaldo de la comunidad internacional se encargan de
evidenciar el rigor de las negociaciones, con los defectos e impasses que este
tipo procesos naturalmente van a tener, quienes se oponen al fin del conflicto
con las FARC han sostenido una serie de imprecisiones sobre lo que implica el
acuerdo de llegarse a firmar.
El
punto de partida para comprender las implicaciones está en la creación de las
bases de manera acordada para la justicia transicional basada en un modelo
restaurativo que supere el concepción punitiva y carcelaria, para darle vía a
un modelo en el que el delito no es entendido como un daño individual, sino
colectivo y que la reparación no se reduce a una visión de privación de la
libertad, sino a un escenario de reparación a la comunidad afectada por el
delito cometido.
Recibir
los beneficios de la justicia transicional y del modelo restaurativo exigen el
cumplimiento de condiciones descritas en el marco jurídico para la paz y
reiteradas el día de ayer de manera conjunta: satisfacer en el mayor nivel
posible los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías
de no repetición. No habrá por tanto privación de la libertad, sino restricción
a la libertad y escenarios participativos de reparación y verdad como
alternativas penales.
La
complejidad del conflicto con las FARC, las múltiples víctimas y victimarios
demandan de parte de la sociedad y de los actores implicados la comprensión una
serie de factores que no se pueden comprender desde la lógica del sistema
ordinario, y para eso es necesario precisar al menos tres temas que considero
de vital importancia para este punto del proceso y el eventual voto del
plebiscito:
1. No habrá entrega de
armas. Es claro que lo que para muchos es algo insignificante entre dejación y
entrega, tiene un sentido profundo en una negociación. Las FARC están
negociando la incorporación a la vida civil y política, no una rendición. Hay
que definir cómo será la dejación, y de eso existen experiencias comparadas
exitosas.
Es falso entonces que las FARC como grupo
armado conservarán las armas según lo negociado, pues para acogerse al modelo
transicional se requieren de condiciones como la verdad, la reparación y la
dejación de las armas. Quien no lo haga no tendrá beneficio alguno.
2. Nadie negocia para
recibir la misma sanción que si hubiera sido derrotado. No veremos a las FARC
papando 60 años de cárcel como muchos quisieran, sino garantizando mediante
otros mecanismos los derechos de las víctimas de la sociedad colombiana.
Lo que se compadece con los mecanismos
alternativos que deben considerarse en complejos escenarios como el que vive
Colombia y que exigen una visión distinta de cárcel como sinónimo de justicia.
3. Esta jurisdicción
especial de paz no solo es para las FARC. Y no se trata de un acto
inconstitucional de humillar a las FFAA. El Acto Legislativo 01 de 2012 en su
artículo 66 contempla la justicia transicional para los distintos grupos
armados al margen de la ley y para los agentes del Estado.
Iván Márquez fue claro, no es un objetivo ver
a miembros de las FFAA en prisión, sino conjuntamente, con todos los actores
involucrados, superar estas páginas fratricidas que tantas víctimas han dejado
y tanta sangre ha derramado de tantos colombianos.
Si
bien es cierto que el presidente Juan Manuel Santos está revestido de
facultades para firmar el acuerdo sin acudir a ninguna forma de refrendación,
ha decidido honrar su palabra acudiendo a un mecanismo de participación, y de
igual forma es importante tener en cuenta que ningún acuerdo será sostenible si
no cuenta con pedagogía y aceptación que lo doten de legitimidad para su
sostenibilidad.
Hay
otros retos que se vendrán en el post acuerdo, propios del crimen organizado,
la delincuencia común e incluso la presencia estatal en muchas zonas en donde
el Estado estuvo ausente, pero que serán otro capítulo de la construcción de
nuestra historia que debemos alcanzar en aras de honrar la memoria de quienes
han caído en estas décadas de violencia.
El
reto se va a centrar en las ciudades, en los mecanismos de inclusión y en
formas de violencia que hemos naturalizado y que hemos olvidado: exclusión,
pobreza, corrupción, marginalidad.
Reitero,
que aunque el plebiscito me parece inconveniente e innecesario, si se hace
urgente derrumbar las mentiras que se han propagado sobre las implicaciones del
acuerdo de La Habana. Es hora de mirar más allá del discurso desesperado de
quienes viven de la guerra, y comprendamos la necesidad de apostarle al reto de
escribir juntos un capítulo diferente.
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